Censura previa made in Argentina: cuando el silencio es más escandaloso que los audios

En la Argentina de las crisis simultáneas, siempre aparece un personaje dispuesto a ponerle un moño al disparate. Esta vez el protagonista se llama Alejandro Patricio Maraniello, juez federal que decidió prohibir la difusión de audios donde, casualmente, se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente. El resultado fue inmediato: denuncias de censura previa, escándalo político, y ahora la Coalición Cívica pidiendo su juicio político en el Consejo de la Magistratura con la firma de Elisa Carrió como garante de la cruzada moral.

El caso merece algunas preguntas incómodas. ¿Un juez puede bloquear a la prensa porque teme que circule material que comprometa al poder? ¿En serio, en pleno 2025, tenemos que discutir si la libertad de expresión es un derecho esencial o un accesorio molesto? Y, por otro lado, ¿hasta qué punto las denuncias contra Maraniello revelan que el sistema judicial es capaz de protegerse a sí mismo aunque todo se derrumbe alrededor?

El déjà vu de la censura

Los audios que originaron el desmadre son los que el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, dejó como souvenir antes de su salida. Spagnuolo hablaba de supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos y dejaba flotando el nombre de Karina Milei. El episodio no es menor: se trata de fondos públicos en un área sensible, las pensiones por discapacidad, donde ya se detectaron irregularidades escandalosas.

El juez Maraniello, en lugar de impulsar la investigación y dejar que la prensa haga su trabajo, eligió lo más fácil: poner un candado. Dictó una cautelar que prohibía la difusión de audios, chats y hasta fotos vinculadas con la hermana del Presidente. Una decisión que en cualquier democracia madura se hubiera considerado un desatino. Aquí, en cambio, abrió la puerta a un debate sobre la independencia judicial y, de paso, sobre las redes de protección política dentro del Poder Judicial.

Carrió y su nuevo blanco

En este contexto aparece Elisa Carrió, siempre atenta a detectar el hilo de la corrupción institucional. La denuncia presentada junto a Marcela Campagnoli y Hernán Reyes no se limita a cuestionar la censura. Incluye acusaciones de connivencia con el Poder Ejecutivo, vínculos sospechosos con laboratorios que auspiciaban asociaciones jurídicas, denuncias por violencia de género y hasta irregularidades en trámites de ciudadanía. Un combo explosivo que, de confirmarse, pintaría a Maraniello como el reverso perfecto de la imparcialidad judicial.

La estrategia de Carrió es clara: exponer la fragilidad de un juez que, en vez de garantizar transparencia, parece más preocupado por cuidar las espaldas del poder. Si además se suman las denuncias previas de empleados judiciales por abusos y maltratos, la imagen del magistrado se convierte en un bochorno institucional.

La libertad de expresión en jaque

Lo más grave no es la figura de Maraniello en sí, sino el precedente que sienta. Porque si un juez federal puede ordenar que no se publiquen audios incómodos para el poder, mañana otro magistrado podría decidir que tampoco se difundan documentos sobre contrataciones sospechosas, y pasado mañana alguien pedirá que se borren las críticas en redes sociales.

El argumento de proteger la intimidad de Karina Milei es, como mínimo, endeble. No se trata de conversaciones familiares ni de su vida privada, sino de material que apunta a la gestión de fondos públicos. El derecho a la información, consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales que la Argentina firmó, es demasiado grande como para que se lo tape con una cautelar.

La Justicia y sus fantasmas

La denuncia de la Coalición Cívica expone algo más profundo: la incapacidad de la Justicia argentina para autorregularse. No es la primera vez que un juez queda acorralado por denuncias de abuso de poder, favores políticos o negocios opacos. La diferencia es que, en este caso, el telón de fondo es el corazón del Gobierno: la hermana del Presidente.

En otras circunstancias, Maraniello podría haber pasado inadvertido, protegido por la maraña de complicidades internas del Poder Judicial. Pero al involucrar a Karina Milei, tocó un nervio expuesto. Ahora la pregunta es si el Consejo de la Magistratura actuará con la independencia necesaria o si se convertirá en otro escenario de pulseadas políticas.

Milei y la paradoja del ajuste moral

Javier Milei construyó su poder sobre la narrativa del ajuste y la transparencia brutal. Sin embargo, los casos que estallan alrededor de su entorno más cercano revelan una paradoja: mientras se predica la motosierra para los gastos del Estado, se encienden luces rojas en organismos como la ANDIS y se intenta blindar a figuras clave del oficialismo. El discurso libertario de libertad absoluta choca de frente con la práctica de silenciar audios incómodos.

Para un gobierno que se declara adalid de la libertad, no hay peor contradicción que avalar, aunque sea por omisión, la censura previa.

Epílogo

El futuro de Maraniello dependerá de lo que resuelva el Consejo de la Magistratura. Puede terminar suspendido, destituido o, como tantas veces, absuelto en el limbo de la impunidad. Pero el daño ya está hecho: quedó demostrado que en la Argentina aún hay jueces dispuestos a callar lo que la ciudadanía tiene derecho a saber.

La política hará su parte: Carrió y los suyos seguirán buscando mostrar al oficialismo como cómplice de la corrupción, y el Gobierno insistirá en victimizarse frente a lo que considera ataques coordinados.

En el medio, queda la sociedad, que asiste con resignación a un espectáculo repetido: la Justicia que debería controlar al poder, convertida en su principal escudo. En la Argentina, los jueces deberían ser los guardianes de la Constitución. Pero a veces, como en este caso, terminan siendo guardianes del silencio. Y lo peor es que ni siquiera lo hacen gratis: lo hacen por conveniencia, por miedo o por simple obediencia al poder de turno. Después nos preguntamos por qué la gente desconfía de la Justicia. Tal vez la respuesta sea tan simple como los audios que no quieren que escuchemos.