Del chisme al delito: la línea que solo puede trazar la Justicia

• No todo audio implica corrupción: solo el primero de Spagnuolo podría sugerir un delito; el resto son chismes y enojos.
• Las grabaciones son ilegales y editadas: la Justicia solo puede tomarlas como indicio y luego buscar pruebas reales.
• El Gobierno quedó paralizado, con Milei y Karina en silencio y los Menem contradiciéndose en público.
• Guillermo Francos aparece como el único vocero eficaz en medio del desconcierto oficialista.
• La economía reaccionó mal: cayó la Bolsa, subió el riesgo país y crece la desconfianza social.
• El caso muestra el costo de gobernar con outsiders sin experiencia y confirma que solo la Justicia puede diferenciar rumor de delito.

En política, no todos los audios son iguales. Existe una diferencia sustancial entre una grabación que sugiere la comisión de un delito y otra que no pasa de ser un lamento de oficina o un ajuste de cuentas personal. Esa línea delgada es la que hoy tiene en vilo al gobierno de Javier Milei. Porque más allá del ruido y la espuma mediática, lo único que podría implicar un hecho de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados es el primer audio conocido del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Vale recordar: se trata de una grabación ilegal, no autorizada por ningún juez, y que además fue editada. Nadie aclaró aún si fue un audio captado en un bar o restaurante, o un simple mensaje de WhatsApp. La Justicia, en estos casos, puede usar ese material solo como un indicio inicial y nunca como prueba plena. A partir de allí deberá obtener testimonios y evidencias formales. Todo lo demás pertenece a la categoría del rumor, tan frecuente en el subsuelo de la política argentina.

Los últimos audios atribuidos a Spagnuolo, lejos de sumar elementos graves, apenas contienen quejas contra funcionarios, incluida una crítica directa al propio Presidente. Es chisme disfrazado de escándalo. Sin embargo, la expectativa de nuevas filtraciones mantiene en vilo a un oficialismo que desconoce qué más podría salir a la luz, y a quiénes podría comprometer. El temor, en definitiva, es que el hilo de la grabación se convierta en un ovillo incontrolable.

Las preguntas que deberían orientar cualquier análisis son tres: ¿existió efectivamente una trama de corrupción entre funcionarios libertarios y la droguería Suizo Argentina, como sugiere el primer audio? ¿Quién grabó a Spagnuolo durante meses, casi un año completo? ¿Y quién entregó ese material a medios opositores, interesados en debilitar al Presidente? Hasta ahora, no hay respuestas firmes.

Mientras tanto, el Gobierno luce paralizado. Los Milei, fieles a su estilo, eligen el silencio, lo que agrava la sensación de orfandad discursiva. Los Menem se lanzan a negar sin coordinar mensajes y terminan multiplicando las contradicciones. Un ejemplo pintoresco fue el episodio de Martín Menem en LN+, cuando abandonó un estudio de televisión antes de ser entrevistado por Luis Majul. ¿Orden directa de arriba? ¿Temor a equivocarse? La imagen fue de improvisación, de un oficialismo que huye de sus propios fantasmas.

En contraste, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se muestra como el único con capacidad para sostener la defensa gubernamental. Milei lo elevó al pedestal de “mejor jefe de Gabinete de la historia”. El elogio puede sonar desmedido, pero ilustra la soledad del Presidente: sin Francos, la Casa Rosada sería aún más inhábil para enfrentar la crisis.

El problema es que mientras el oficialismo se pierde en su laberinto, la economía no espera. El riesgo país supera los 800 puntos, las acciones argentinas caen y la actividad muestra signos de estancamiento. La sospecha de corrupción pega no solo en la credibilidad política, sino en la confianza de los mercados y de la sociedad. Una encuesta reciente de Management & Fit reflejó lo obvio: más de la mitad de los argentinos considera que el caso afecta su confianza en el Gobierno. Y recuperar confianza siempre es más difícil que construirla.

El trasfondo es aún más incómodo. Spagnuolo no era un infiltrado kirchnerista ni un operador externo: era parte del círculo íntimo del mileísmo. Un amigo sin experiencia de gestión, verborrágico, arrojado. Su designación en un organismo sensible como la ANDIS ilustra los riesgos de poblar el Estado con outsiders sin pericia. El precio de la inexperiencia, una vez más, lo pagan los ciudadanos.

La historia de los medicamentos, además, siempre estuvo atravesada por tensiones entre laboratorios, droguerías y el Estado. El caso actual no hace más que reabrir un capítulo turbio de larga data. La Justicia deberá determinar si hubo corrupción concreta o si todo fue apenas una operación mediática montada sobre la torpeza de un funcionario.

Lo cierto es que, con elecciones a la vista y con la economía pendiendo de un hilo, el Gobierno no puede darse el lujo de improvisar. Hablar de “poner las manos en el fuego” no alcanza. El único fuego que importa es el de la verdad judicial: saber si hubo o no hubo corrupción en el organismo que debe garantizar derechos a los más vulnerables. Todo lo demás son metáforas que se lleva el viento.