La paradoja de los DNU: Cristina, Milei y un Congreso que juega al límite

• Paradoja política: Cristina Kirchner impulsó en 2006 la ley que blindó a los DNU; hoy, una oposición unificada busca limitar esa herramienta frente al abuso del Gobierno libertario.
• Dictamen exprés: en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Alejandra Vigo lideró un acuerdo opositor que sorprendió por la velocidad y lo silencioso de la negociación.
• Nueva regla propuesta: los DNU deberían aprobarse en un plazo de 90 días y convalidarse en ambas Cámaras; si una sola los rechaza, caen automáticamente.
• Crítica al sistema actual: la ley 26.122 avala la aprobación tácita por inacción del Congreso, lo que erosiona el control republicano y genera inseguridad jurídica.
• Oficialismo en jaque: Milei podría vetar la reforma, pero necesitaría bloquear una insistencia parlamentaria con dos tercios en ambas Cámaras, un escenario casi imposible.
• Clima adverso: el Gobierno también enfrenta la inminente derrota por la insistencia del Congreso en la emergencia en discapacidad, lo que expone su debilidad institucional.

En política, las paradojas abundan, pero pocas resultan tan ilustrativas como la que atraviesa hoy el debate en torno a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). A menos de veinte años de que Cristina Fernández de Kirchner, por entonces senadora, fuera una de las principales impulsoras de la ley que los regula —un esquema pensado para que el Congreso, en los hechos, casi nunca lograra bloquearlos—, ahora una oposición variopinta en el Senado pretende justamente lo contrario: restringir al máximo su vigencia. La ironía no puede ser más evidente.

El oficialismo libertario de Javier Milei, hay que decirlo, abusó de esa herramienta en apenas unos meses de gestión. La acumulación de decretos y desregulaciones vía DNU tensionó la relación con el Parlamento y terminó por unificar a opositores de casi todos los colores. Desde el kirchnerismo hasta el PRO, pasando por la UCR y el peronismo disidente, todos encontraron un punto de coincidencia: si el Presidente quiere gobernar, debe hacerlo con leyes, no con decretos eternos amparados en la pasividad del Congreso.

Lo más llamativo del episodio fue la forma en que se gestó. El dictamen que limita el uso de los DNU apareció casi como un fantasma: sin anuncios rimbombantes, se negoció en la noche del martes entre despachos opositores y se formalizó el miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Alejandra Vigo. La misma Vigo que hasta hace poco era una aliada frecuente del Gobierno, decidió ahora “pintarse la cara para la guerra”, como reconocen en el propio oficialismo.

El cambio que se propone

Hoy, la ley 26.122 establece que un DNU sigue vigente mientras ambas cámaras no lo rechacen expresamente. En la práctica, la inacción funciona como aprobación tácita, y casi nunca se logra la doble negativa. Lo que plantea la oposición es un giro de 180 grados: los decretos deberían ser aprobados en un plazo máximo de 90 días por el Congreso, y si una sola cámara los rechaza, caen automáticamente. Para la Casa Rosada, sería el peor escenario posible: pasar de la comodidad de la aprobación ficta a la exigencia de consenso real en un Parlamento hostil.

Los fundamentos de los senadores son sólidos: no es saludable que el silencio del Congreso se traduzca en decretos vigentes sin límite temporal. Esa lógica erosiona la división de poderes y convierte en rutina lo que debería ser excepcional. También advierten sobre el riesgo de judicialización: con normas cuestionadas y en vigencia indefinida, los tribunales podrían inundarse de demandas contradictorias.

Un debate que incomoda al oficialismo

La discusión se coló justo antes de la última sesión, que ya había dejado maltrecho al oficialismo en materia parlamentaria. No llegó al recinto, pero quedó en la fila para la próxima cita. El Gobierno resistió como pudo, consciente de que una votación adversa marcaría otra derrota política. Y lo cierto es que todo indica que tarde o temprano ocurrirá.

Claro que la historia no termina ahí. Incluso si el proyecto consigue media sanción en el Senado y luego avanza en Diputados, Milei tiene la herramienta del veto presidencial. Allí se abriría otra batalla: la oposición necesitaría insistir con dos tercios en ambas cámaras antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. La cuenta, por ahora, no está cerrada, pero el solo hecho de discutirlo ya complica al Ejecutivo.

El trasfondo político

El escenario expone una contradicción difícil de disimular. Los mismos sectores que alguna vez facilitaron la consolidación de los DNU —el kirchnerismo a la cabeza— ahora los consideran un riesgo para la república. Y un presidente que se define como liberal y defensor de la Constitución se aferra a ellos para avanzar en reformas que el Congreso no convalida.

El resultado es un sistema político que juega al límite: un oficialismo que necesita decretos para sobrevivir, y una oposición que se unifica no tanto por convicciones profundas, sino por la oportunidad de marcarle la cancha a un gobierno débil en el Parlamento. En esa pulseada, los ciudadanos quedan atrapados en medio de una institucionalidad tensionada y en riesgo de caer en el péndulo permanente: de la concentración excesiva a la parálisis absoluta.

La enseñanza, quizás, es que la política argentina sigue gobernada más por la conveniencia inmediata que por la coherencia institucional. Ayer, los DNU eran una herramienta útil para Cristina; hoy, un abuso intolerable para Milei. Y mañana, quién sabe.