Milei pagará un alto precio por la Ley ómnibus: congela su plan para dolarizar la economía

Hace menos de un año, Luis "Toto" Caputo, afirmaba a través de un paper de su consultora, Anker, que la dolarización de la economía nacional era una empresa compleja, pero no imposible.

"Creemos que la dolarización es una alternativa de difícil implementación, que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante como suelen simplificar algunos medios o colegas", escribía el 24 de mayo de 2023.

Era menos optimista que el "halcón" dolarizador del CEMA, Emilio Ocampo, pero no sacaba los pies del plato de la principal propuesta del entonces candidato presidencial, Javier Milei.

¿Chau plan de dolarizar la economía?

El documento que aprobó en diciembre el entonces presidente electo seguía los lineamientos de la consultora Anker que señalaba, "Para poder implementar la dolarización, se requiere que el Banco Central disponga en su activo de la cantidad de dólares suficientes para transformar todos sus pasivos en pesos, la Base Monetaria compuesta por el circulante y los encajes no remunerados, las Leliqs y los Pases Pasivos, a dólares, a un tipo de cambio similar al tipo de cambio libre".

Y, una de las herramientas principales para llevar adelante este hipotético esquema dolarizador, era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La dupla Milei - Caputo hacían cuentas en la libreta que el Presidente lleva consigo a todos lados y siempre incluía al fondo de los jubilados.

El informe de Caputo señalaba, "como ejemplo, se podrían aportar los activos del BCRA y del FGS de ANSES a un fideicomiso de jurisdicción extranjera que podría utilizar estos activos como colateral para la obtención de nuevo financiamiento. (...) Si hubiera u$s12.000 millones del mercado, u$s4.000 millones por activos del FGS y u$s15.000 millones del FMI, habría una disponibilidad de financiamiento por un total de aproximadamente u$s31.000 millones, que servirían para recomprar parte de los pasivos monetarios, calculados para mayo último en más de u$s40.000 millones", afirmaban en el documento.

No era todo lo necesario, pero era una gran parte para dolarizar.

El freno al plan de dolarización llegó desde Córdoba

Pues bien, si el cuerpo legislativo nacional aprueba el dictamen de mayoría alcanzado con mucho esfuerzo en las últimas horas, el proyecto dolarizador de Javier Milei habrá recibido un golpe de knock out, que lo deja rendido a los pies del nuevo "santo grial" de la economía que es el déficit cero.

En su búsqueda de pasar la motosierra y ajustar el gasto público para darle un sentido a su frase "no hay plata", el presidente Javier Milei y su ministro, Luis Caputo, están recalibrando, haciendo cuentas y corrigiendo constantemente planillas de Excel para cumplir con un ajuste fiscal superior al 5% del Producto Bruto Interno (PBI), que es un indicador económico que refleja el valor de mercado de la producción final de bienes y servicios de un determinado país durante un año, que contente a la burocracia del Fondo Monetario Internacional, a la que Caputo llegó a prometer reducir el déficit a cero y, en un rapto de optimismo, asegurar que intentará un superávit del 2% para este año.

Un ajuste "estremecedor" según el diputado liberal, Ricardo López Murphy, que está en marcha, pero con cambios.

Modificaciones que incluyen aceptar la continuidad de la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones hasta abril para luego continuar con un índice atado a la inflación.

Dar marcha atrás en la idea de gravar con derechos de exportación a los productos de las economías regionales, y cambios en el blanqueo de capitales que le aprobarán a Javier Milei, cuyos frutos se destinarán a engrosar las reservas del Banco Central.

Todo lo contrario, a cerrarlo o incendiarlo como proponían los propagandistas de la Libertad Avanza.

Pero, así como queda claro que, en aras de la meta de déficit cero, el Gobierno necesita recaudar más de 1.500 millones de dólares adicionales del principal sector productivo de la Argentina, que es el campo, razón por la que no cede con las retenciones a los derivados de la soja, cereales y carnes, también asegura que no habrá plata para los gobernadores a través de mecanismos de transferencias usuales (ATN), impuestos recaudados que se quedará el Tesoro nacional, o blanqueos de capitales que serán para el Banco Central.

La condición de Llaryora para abrir camino a la Ley ómnibus

Pues bien, desde Córdoba, su gobernador Martín Llaryora, aseguró la continuidad de la deriva de la Ley ómnibus en el Congreso, si y solo si, los millonarios fondos de la ANSES (FGS), se liquidan y se pagan las deudas que el Estado Nacional mantiene con las 13 provincias que no traspasaron sus cajas jubilatorias en los ‘90 del siglo pasado.

Una negociación que terminó con un claro triunfo dentro de la interna gubernamental a favor de otro cordobés, el schiarettista y titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, que se impuso al ministro Caputo que quería todo el FGS para ser administrado por su oficina.

Sólo le darán al Tesoro los bonos del Estado, que irán a las 13 cajas previsionales no transferidas, entre ellas la de Córdoba.

Además de garantizar a futuro los flujos de pesos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por estas cajas jubilatorias provinciales, entre las que se encuentran las de la Región Centro del país, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, los mismos estados provinciales que, por las dudas, trabajan en un plan de emergencia para emitir cuasimonedas, si fuera necesario, ante un agravamiento de la crisis monetaria.

La más grande que haya conocido el país en su historia.

* Para www.iprofesional.com