Argentina apela el fallo de Preska por YPF y tensa el conflicto judicial en EE.UU.

• Apelación presentada: El Gobierno argentino apeló ante la Corte de Nueva York el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos litigantes por la expropiación de 2012.
• Acción anticipada: La apelación se presentó sin esperar la decisión sobre el pedido de suspensión del fallo (“stay”), lo cual sorprendió a analistas.
• Origen del conflicto: El caso surge de la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, Preska falló contra Argentina, condenándola a pagar USD 16.000 millones a Burford Capital.
• Riesgo de desacato: Si no se otorgan garantías a tiempo, y la Cámara no resuelve antes del lunes, Argentina podría ser declarada en desacato, afectando su imagen internacional.
• Estrategia oficial: El Gobierno de Javier Milei mantiene una postura de defensa judicial sin negociar, y acusa a “buitres domésticos” de operar contra los intereses del país.
• Apoyo internacional: Argentina buscará respaldo del Gobierno de EE.UU. como parte de su estrategia.
• Impacto potencial: El conflicto podría tener fuertes consecuencias económicas, jurídicas y diplomáticas, además de afectar el futuro de YPF.

En un nuevo capítulo del extenso litigio por la expropiación de YPF en 2012, el Gobierno argentino presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra la orden de la jueza Loretta Preska, quien había dispuesto que el Estado transfiera el 51% de las acciones de la petrolera nacional a los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park. La presentación formal se realizó el pasado 9 de julio, sin esperar una definición previa sobre el pedido de "stay" —una solicitud para suspender la ejecución del fallo mientras se revisa la causa—, lo que sorprendió incluso a especialistas en la materia.

“El paso era esperado en tres semanas, dos semanas, una semana, no ahora”, explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, en diálogo con Infobae. Si bien aclaró que no se trata de un acto ilegal, consideró inusual que la apelación se haya anticipado a la respuesta de la magistrada.

Una causa de alto voltaje político y económico

El juicio tiene su raíz en la expropiación de YPF dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace más de una década. En 2023, tras ocho años de proceso, la jueza Preska falló contra Argentina por mala praxis en esa expropiación, condenándola a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, fondo que había adquirido los derechos de litigio de empresas afectadas por la medida de 2012.

Desde entonces, y aunque la sentencia fue apelada, el proceso continuó su curso en el tribunal de Preska. En este marco, Burford impulsó medidas para presionar al Estado argentino, entre ellas la solicitud para apropiarse del paquete accionario estatal de YPF, lo que encendió todas las alarmas en Buenos Aires.

Según trascendió, el Gobierno prevé un fallo desfavorable inminente por parte de Preska, que podría exigir garantías a cambio de otorgar el “stay”. Si la Cámara no resuelve antes del lunes y Argentina no presenta activos en garantía, el país podría ser declarado en desacato, lo que tendría consecuencias negativas para su credibilidad internacional, en un momento en que busca reinsertarse en los mercados de crédito y atraer inversiones para reactivar la economía.

Una defensa cerrada y sin negociación

Desde la Casa Rosada insisten en que la estrategia será “judicial al 100%” y rechazan de plano cualquier posibilidad de acuerdo extrajudicial con los fondos litigantes. “Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, sostienen fuentes oficiales cercanas al presidente Javier Milei.

El Gobierno también apunta contra lo que denomina “buitres domésticos”, en alusión a exfuncionarios, estudios jurídicos privados, analistas y empresas que, según señalan, estarían operando contra el país para facilitar un eventual desembarco corporativo sobre activos energéticos clave, como los de Vaca Muerta.

En paralelo, la administración nacional pedirá apoyo del Gobierno de Estados Unidos, tal como ocurrió en 2023 bajo la presidencia de Joe Biden, en un intento por sumar respaldo político en medio de la disputa judicial.

Mientras tanto, el caso continúa en Nueva York, con una carga creciente de tensión política, económica y diplomática. El desenlace, aún incierto, podría tener impacto directo no sólo sobre las finanzas públicas argentinas, sino también sobre el futuro de una de sus principales empresas estratégicas.