Crece el repudio político al fallo Preska y se multiplican los proyectos para blindar a YPF

• Fallo judicial en EE.UU.: La jueza Loretta Preska ordenó transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a fondos litigantes, generando una fuerte reacción política en Argentina.
• Respuesta del Congreso: Diputados y senadores de distintos partidos presentaron proyectos que repudian el fallo, lo consideran una amenaza a la soberanía y exigen que cualquier cesión de acciones sea aprobada por dos tercios del Congreso, según la Ley 26.741.
• Unidad política: Hay consenso amplio en el Congreso para defender los activos estratégicos del Estado, con iniciativas desde Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y bloques provinciales.
• Defensa legal del Estado: Argentina argumentó ante la Justicia de Nueva York que cumplir el fallo violaría la legislación local, afectaría a YPF y dañaría la economía, y pidió su anulación.
• Riesgos señalados: La Procuración del Tesoro advirtió sobre impactos en reservas, el sistema financiero y la confianza inversora si se acata el fallo.

En medio del avance judicial en los tribunales de Nueva York que amenaza con trastocar el mapa energético nacional, el Congreso argentino se convirtió en epicentro de una reacción transversal para blindar los activos estratégicos del país. Tras el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó la transferencia del 51% de las acciones estatales de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte del litigio por la expropiación de la petrolera en 2012, legisladores de diversas fuerzas políticas presentaron proyectos para frenar lo que consideran un atentado contra la soberanía nacional.

El más reciente fue impulsado por los diputados de Unión por la Patria Carlos Aníbal Cisneros y Sergio Palazzo, quienes reclamaron que la Cámara Baja exprese su “más enérgico repudio” a la sentencia y recordaron que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 26.741, toda transferencia de acciones expropiadas debe contar con el aval de las dos terceras partes del Congreso.

“La orden judicial desconoce la soberanía argentina y las atribuciones del Congreso de la Nación”, señala la iniciativa, que se suma a una serie de proyectos similares tanto en Diputados como en el Senado, desde espacios como Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y partidos provinciales.

Uno de los textos más firmes lo presentó el diputado Miguel Ángel Pichetto, junto a Oscar Agost Carreño, que establece que cualquier cesión, directa o indirecta, de acciones estatales en YPF sin el voto calificado del Congreso será “nula de nulidad absoluta”. Además, exige al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen el desapoderamiento de esos títulos.

En el Senado, el radical Maximiliano Abad, acompañado por Pablo Blanco y respaldado públicamente por Martín Lousteau, sostuvo que acatar el fallo Preska constituiría “un grave avasallamiento a la soberanía nacional y al principio de inmunidad soberana reconocido por el derecho internacional”. Su propuesta también convoca a todas las fuerzas políticas a defender a YPF como “una causa común de los argentinos”.

Desde el oficialismo, Unión por la Patria también impulsó iniciativas que instan al Ejecutivo a agotar todas las instancias legales y diplomáticas en defensa del patrimonio público. “Es un mandato constitucional y una responsabilidad institucional”, afirman.

La controversia enciende el debate sobre el rol del Congreso en la protección de los bienes estratégicos. Todos los proyectos remarcan la necesidad de respetar los mecanismos previstos por la Constitución Nacional y la legislación vigente, que reservan al Poder Legislativo la última palabra en casos de enajenación de patrimonio estatal.

Mientras tanto, el Estado argentino presentó ante la Justicia de Nueva York un escrito en el que argumenta la inviabilidad legal del cumplimiento del fallo. Señala que la transferencia de acciones violaría la ley nacional, afectaría la estructura financiera de YPF, dispararía cláusulas de deuda y pondría en riesgo a más de 23.000 trabajadores. Además, enfatiza que no existe un marco jurídico que permita a una corte extranjera ejecutar activos soberanos no radicados en territorio estadounidense.

Desde la Procuración del Tesoro advierten que acatar la orden comprometería reservas, impactaría en el sistema financiero local y dañaría la confianza de los inversores. También destacan que el caso plantea cuestiones legales inéditas y que la apelación pendiente ante el Segundo Circuito podría revertir el fallo.

En medio del litigio internacional, la defensa de YPF se convirtió en una bandera transversal que, por primera vez en mucho tiempo, alinea a gran parte del arco político argentino. La pulseada con Wall Street, esta vez, encontró en el Congreso una rara unanimidad en defensa de la soberanía.