Fin de la obra pública: el sector de la construcción alerta sobre el ingreso a un "mundo desconocido"

• El Gobierno nacional disolvió la histórica Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y otras agencias vinculadas, para ahorrar unos 100 millones de dólares anuales.
• Se abrirán licitaciones para concesionar más de 9.000 km de rutas nacionales a empresas privadas, que mantendrán y explotarán peajes.
• La medida generó rechazo y desconcierto en el sector construcción y sindicatos, que alertan sobre abandono estatal y riesgo de mayor deterioro vial.
• La DNV, fundada en 1932, tenía a su cargo más de 40.000 km de rutas y 5.500 empleados; sus funciones pasan ahora al Ministerio de Economía y Gendarmería.
• La infraestructura vial ya estaba deteriorada antes, con un 29% de rutas en mal estado en 2024 y una caída del 75% en inversiones durante los primeros meses de 2025.
• Expertos y gobernadores advierten que concesionar puede derivar en peajes caros sin mejoras reales en el servicio.
• Rutas estratégicas y obras públicas están paralizadas o inconclusas, lo que agrava el deterioro.
• Gobernadores solicitaron más fondos del impuesto a los combustibles para el mantenimiento vial.
• La decisión marca un cambio profundo en la gestión vial con incertidumbre sobre su impacto en la infraestructura y el control público.

El Gobierno nacional anunció la disolución de la histórica Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la apertura de licitaciones para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de su plan de reestructuración estatal y ahorro fiscal. La medida, que también implica la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, busca ahorrar unos 100 millones de dólares anuales, según fuentes oficiales.

La decisión generó fuerte desconcierto y rechazo en el sector de la construcción y en sindicatos. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), calificó la situación como un “nuevo mundo desconocido” sin claridad sobre los próximos pasos y alertó que “en todos los países hay un organismo como Vialidad”. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que el cierre de Vialidad significa un abandono del rol estatal en infraestructura clave, y la titular del Sindicato Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, advirtió sobre el riesgo de que las rutas se conviertan en “rutas nacionales de la muerte”.

Fundada en 1932, la DNV era responsable de construir, mantener y administrar la red vial nacional de más de 40.000 kilómetros, con más de 5.500 empleados en todo el país. Ahora, esas funciones pasarán al Ministerio de Economía, mientras la Gendarmería Nacional se encargará del control de tránsito. Además, se creará una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte para supervisar las concesiones privadas.

El deterioro de la infraestructura vial, ya visible antes de la gestión actual, se agrava con la paralización de obras públicas desde diciembre de 2024. Un informe del Instituto Argentina Grande revela que en 2024 el 29% de las rutas nacionales estaban en mal estado, un aumento respecto al 23% en 2022. Las inversiones en rutas cayeron un 75% en los primeros cinco meses de 2025 frente a igual período de 2023. Mantener la infraestructura vial cuesta anualmente más de 4.200 millones de dólares, pero recuperarla puede superar los 23.000 millones.

El plan del Gobierno contempla concesionar 9.120 kilómetros a empresas privadas, que deberán mantener, ampliar y controlar esos tramos a cambio de la explotación de peajes, modelo criticado por expertos y gobernadores por su potencial para aumentar tarifas sin mejorar la calidad del servicio. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, advirtió que “terminaremos pagando peajes caros solo para cortar el pasto o hacer arreglos menores” y denunció que la obra pública vial está “completamente paralizada”.

El deterioro afecta corredores clave como la Ruta 7 (Luján-Junín), donde quedaron obras inconclusas, y rutas estratégicas reclamadas por provincias, como la 151 en Río Negro o la 188 en Buenos Aires, descrita como “completamente destruida”. Según expertos, sin mantenimiento prolongado, la única solución es construir nuevas vías.

En este contexto, los gobernadores plantearon en el último Consejo Federal de Inversiones la necesidad de destinar más fondos del impuesto a los combustibles al Sistema Vial Integrado, que en 2024 contó con cerca de 675.000 millones de pesos en recursos.

El cierre de Vialidad y la concesión masiva de rutas abren un nuevo capítulo en la gestión de la infraestructura vial argentina, marcado por la incertidumbre y el fuerte reclamo de sectores afectados ante el riesgo de un mayor deterioro de las vías y el acceso público.