

La debacle a la que terminó de empujar al peronismo nacional el escándalo protagonizado por el expresidente Alberto Fernández, y que tiene como víctima a la exprimera dama, Fabiola Yañez, escribe capítulos nuevos todos los días.
Desde que estalló la existencia de ese material hace poco más de una semana en Clarín, la clase política, en general, trató de hacer equilibrio. Incluso, en los reductos libertarios la gravedad de los hechos los pasó por encima antes de que pudieran definir la estrategia de cómo reaccionar. Por ello, los tweets del presidente Javier Milei, la postura del vocero Manuel Adorni y la dura respuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la entrevista de Yañez, se dieron recién en la última parte de la semana.
Un hermetismo parecido, aunque todavía sin réplica alguna, es el que se respira en el oficialismo provincial. Tanto desde el PJ dominante de la coalición, al igual que sectores del radicalismo, el PRO y el socialismo que también integran la alianza del Partido Cordobés todavía tienen al GPS en modo recalculando antes de saber qué dirección tomar.
Por lo pronto, en los despachos del Centro Cívico impera la decisión de aguardar las resoluciones judiciales antes de avanzar con algún tipo de desvinculación del gabinete. Argumento que impera, obviamente, para el ministro de Cooperativas, Martín Gill, hoy el dardo predilecto de la oposición. Tal como lo manifestaron el miércoles pasado en la Unicameral, que dejó en una incómoda posición al oficialismo llaryorista.
Con la cima del Gobierno provincial decidida a sostener a Gill, quien se encuentra involucrado en una fuerte denuncia por violencia de género, es tangible la incomodidad en el resto del oficialismo. Tanto legisladores, como pares de Gill dentro del gabinete, y hasta incluso aquellos que ostentan la relación con Llaryora en el marco de la sociedad y no la jerarquía, reconocen que se deben tomar decisiones. Casi hablan de un reseteo en los requisitos de las fichas para formar parte del Partido Cordobés.
No obstante, cierto es que, en medio de la condena social o mediática antes que la de la Justicia, es institucional para otros la no interferencia de poderes de Llaryora a la hora de esperar el veredicto desde el único origen que debe tener, que es el tribunal. Aunque pueda haber errores, dicha actitud dejará una huella diferenciadora en este tiempo de masificación del pensamiento y la cancelación.
CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL.



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