El Gobierno espera que los beneficios fiscales de lo que será la nueva Ley de Economía del Conocimiento, que tratará el Congreso en sesiones extraordinarias, podrán estar disponibles en marzo. De esa forma, se buscará eliminar la incertidumbre que provocó entre las empresas la suspensión del régimen que tenía que haber comenzado el 1 de enero.

La norma a cambiar fue aprobada en junio del año pasado como continuidad de la Ley del Software, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre. El nuevo régimen incorporó actividades a ser promovidas como servicios de asesoría, industrias audiovisuales y consultoría, entre otros, pero no establecía diferencias entre pymes y grandes empresas.

Frente a ello, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, avisó a las cámaras del sector que se iban a hacer cambios para mejorar el perfil de acceso de las empresas chicas, así como nuevo financiamiento y para ello puso en suspenso la reglamentación, lo cual produjo dudas entre las grandes corporaciones. Fuentes de la cartera insistieron en que “no se van a quitar los beneficios a las grandes empresas y se van a incorporar mejoras para las pymes”.

En el ministerio aseguran que los beneficios promocionales, que consisten en una alícuota reducida del 15% del Impuesto a las Ganancias, reducción de aportes y contribuciones y la exención del régimen de retención de IVA, se van a poder tomar con retroactividad al 1 de enero. “No va a haber una acumulación de beneficios por 5 meses”, dijeron ante las expectativas de demora que se generaron en el sector privado. En Desarrollo Productivo estiman, por ejemplo, que las cargas sociales de una empresa correspondientes a enero se pagan en febrero, si la ley ya queda aprobada a mediados de ese mes, “no va a haber un bache”. Además, el bono fiscal que establece la actual ley comenzó a estar vigente desde el 1 de enero, y se tendrían que percibir al mes siguiente. En el caso de Ganancias, señalan, “se paga en julio”.

Lograr esa celeridad exigiría mucha rapidez luego para sacar el decreto de promulgación y la resolución correspondiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De lo que se trata es de despejar las dudas y la razón es que las empresas de este sector son muy sensibles a los cambios de condiciones, con posibilidad de relocalización relativamente rápida.

Según un análisis hecho por el tributarista Sebastián Domínguez, el nuevo régimen podría incorporar exigencias, un “incremento paulatino del número de empleados cada dos años que sería de entre el 2% y el 5%”.

También se podría exigir “incremento paulatino de las exportaciones de entre 2% y 5% cada dos años”. Y una reducción del período de estabilidad fiscal de los 10 años actuales a 5 años.

Entre los aspectos más positivos del nuevo proyecto destaca que habría incentivos para la localización de empresas en el interior del país, y una mayor incorporación de mujeres en los planteles. También se modificarían los parámetros de ingresos que deben presentar las pymes vinculados a las actividades promovidas. Actualmente, las exportaciones deben ser equivalentes a por lo menos el 13% de la facturación total. En el caso de las asesorías profesionales es el 70%.

Dólar “informático”

Un informe de la consultora Invenómica afirma que el tipo de cambio de exportación de las empresas de software se ubica en $57, que se explica por las retenciones del 5% que tributa el sector. Pero advierte que “en un escenario posible de mantenimiento del tipo de cambio oficial y consolidación de la brecha cambiaria, con las proyecciones de incrementos salariales, las empresas deben salir a cotizar su exportación de servicios con un dólar de $45 para proyectos a seis meses”.

El reporte sostiene que “el sector no requiere grandes inversiones de capital fijo y ofrece gran capacidad de respuesta a los incentivos de precio” por lo que “un movimiento potente en las condiciones de competitividad genera la relocalización rápida de los servicios en otra geografía”.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Carlos Lamiral