


Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
El Gobierno ha entrado en una fase en la que ya no disimula sus prioridades. La reestructuración del organigrama nacional fue apenas el preámbulo de un proceso más profundo: la reducción sistemática del Estado. Bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con Federico Sturzenegger como ejecutor intelectual, la administración de Javier Milei se prepara para avanzar hacia una nueva etapa del ajuste, más amplia y más ambiciosa que la anterior. No se trata solamente de un ordenamiento administrativo; es, sobre todo, la reafirmación de una convicción ideológica que el Presidente nunca escondió.
El oficialismo habla poco en público sobre números concretos, pero la frase que se repite en los pasillos de la Casa Rosada resume la esencia del programa: “la motosierra es constante”. La expresión, que en cualquier otro contexto sería apenas una metáfora torpe, se ha transformado en el sello identitario del mileísmo. Lejos de atenuarse con el paso de los meses, parece haber recuperado su condición de emblema, especialmente después del triunfo legislativo del 26 de octubre. La política del sacrificio volvió potenciada.
Sturzenegger, desde su habitual ejercicio de transparencia selectiva en redes sociales, confirma mes a mes el alcance de los recortes. Hasta septiembre, los despidos acumulados superaban los 58.000 trabajadores, entre organismos centralizados y descentralizados, fuerzas armadas y de seguridad, y empresas del Estado. La cifra, que provoca rechazo inmediato en el sindicalismo y en amplios sectores de la oposición, es exhibida por el Gobierno como una prueba de eficiencia: menos carga para el presupuesto, menos burocracia, más “racionalidad”.
El reciente informe del INDEC, que mostró una caída del 0,3% en la dotación del personal estatal y fijó el total actual en 282.570 trabajadores, fue leído en Balcarce 50 como un indicio de que todavía hay margen para avanzar. Ese “otro 10%” del que hablan en voz baja algunos funcionarios puede sonar a un exceso para cualquier estructura administrativa occidental, pero para el Presidente es apenas un escalón dentro de un proyecto más amplio, cuyo horizonte es un Estado recortado a la mínima expresión.
La lógica interna del Gobierno sostiene que la primera etapa del ajuste —concentrada en la administración central— ya está cumplida. Ahora, el objetivo es revisar con minuciosidad las funciones y el personal de los organismos descentralizados: AFIP, ANMAT, Conicet, ANSES, INDEC, INTI, INTA, ENARGAS y ENACOM, entre muchos otros. No hay porcentajes uniformes; se aplicará un criterio pragmático: “se llega al número en función de la cantidad de personas activas”, repiten quienes participan del proceso. En otras palabras, cada organismo será sometido a una auditoría interna destinada a determinar lo que, según el Gobierno, sobra.
El calendario juega un rol importante en esta nueva etapa. Diciembre traerá consigo el vencimiento de numerosos contratos que podrían no renovarse, y ese solo hecho implicará una poda significativa. Pero la tijera no terminará ahí. La posible eliminación de los registros del automotor y los planes de privatización de empresas estatales completan un cuadro de achicamiento que se extenderá, al menos, hasta mediados de 2026.
La motosierra, que había desaparecido por un tiempo de las fotografías oficiales, ha regresado a escena. Milei la eleva nuevamente como símbolo, a veces con ironía, otras con el entusiasmo casi adolescente que lo caracteriza. La versión dorada que descansa en su despacho no es un adorno extravagante: es un recordatorio permanente del mandato que él mismo se atribuye, el de liderar una “nueva edad de oro” protagonizada por un Estado esquelético. Es, sobre todo, un mensaje a su base electoral, que celebra cada gesto de austeridad como un acto moral.
El desembarco de Adorni en la Jefatura de Gabinete tiene un propósito preciso: acelerar el proceso. El vocero, ahora convertido en coordinador político, es uno de los funcionarios más alineados con el Presidente y uno de los que mejor interpreta sus prioridades. Su misión no es menor: garantizar que la estructura del Estado avance hacia el ideal libertario sin las demoras que provocaron, según evalúan puertas adentro, ciertas resistencias ministeriales.
El ensanchamiento del ajuste también alcanzará a los medios públicos. El Gobierno prepara un esquema de retiros voluntarios para reducir una planta que, según sus cálculos, ronda los 2.400 trabajadores entre la Televisión Pública y Radio Nacional. La decisión, resistida por los gremios del sector, forma parte de la misma lógica: menos empleados, menos presupuesto, menos intervención estatal.
En el fondo, el oficialismo actúa con la certeza de que la sociedad está dispuesta a tolerar ciertos costos si percibe un rumbo claro. Pero ese cálculo siempre es riesgoso. El equilibrio entre convicción ideológica y pragmatismo político define, en buena medida, la supervivencia de los gobiernos. Milei ha elegido, por ahora, insistir en el camino menos flexible. Confía en que su narrativa transformadora le permitirá atravesar momentos difíciles sin erosionar su capital político.
La Argentina ha conocido muchos ajustes; pocos, sin embargo, se sostuvieron con un nivel tan explícito de orgullo simbólico. La motosierra ya no es un gesto disruptivo de campaña: es la columna vertebral del Gobierno. El tiempo dirá si el país estaba preparado para semejante experimento o si, como tantas veces, la realidad terminará imponiendo límites donde la política se niega a verlos.






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