El símbolo antes del acto: lo que revela la inminente llegada de Carlos Presti a Defensa

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En la política argentina, los gestos suelen hablar más que los hechos consumados. Y en la antesala de la jura de Carlos Presti como ministro de Defensa, el Gobierno vuelve a exhibir esa predilección por la simbología provocativa que se ha transformado en una marca de identidad del oficialismo. Todavía sin haber asumido formalmente, Presti ya generó un ruido innecesario —y previsible— al proponer llegar a la ceremonia con el uniforme de Teniente Coronel, pese a encontrarse aún en situación de actividad y tramitando una suerte de “licencia” improvisada para ocupar el cargo.

No se trata de un debate ocioso sobre protocolo castrense. Usar uniforme al momento de convertirse en ministro —un rol civil por definición en toda democracia moderna— constituye una infracción explícita al Código de Disciplina Militar, una norma aprobada por el Congreso que, con sus matices, funciona como uno de los límites institucionales establecidos para sostener la subordinación militar al poder político. Que su primer gesto público sea eludirlo no es un detalle. Es una declaración.

Presti no es responsable de los graves señalamientos que pesan sobre su padre, Carlos Roque Presti, denunciado por crímenes de lesa humanidad. Pero la línea de continuidad simbólica se vuelve difícil de ignorar. No por culpa heredada, sino por actitud: lejos de tomar distancia, el futuro ministro parece cómodo en esa tradición familiar. Su presencia en la reunión de Gabinete de esta semana, ya uniformado, lo confirma. Hay decisiones que hablan por sí solas.

El Gobierno, sin embargo, celebra la escena. En la Casa Rosada y en Defensa señalan el episodio como parte de un “rescate del orgullo militar” y, como ocurre con frecuencia en la administración Milei, convierten la infracción en una bandera. La paradoja es evidente: mientras se ensalza la iconografía de las Fuerzas Armadas, la realidad material de quienes las integran es crítica. La reivindicación es estética, nunca económica.

Los datos oficiales son contundentes. Según el informe que presentó el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, desde diciembre de 2023 hasta agosto de este año se registraron más de 20 mil bajas en las Fuerzas Armadas. En la Armada, un tercio de los suboficiales que se alejaron lo hicieron por motivos económicos. En el Ejército —la fuerza en la que Presti es, todavía, comandante— las deserciones masivas de soldados y suboficiales se justifican con la frase “mejor oportunidad laboral”, un eufemismo elocuente para describir la crisis salarial.

Es difícil llamar “reivindicación” a un escenario donde un capitán o teniente de navío cobra menos que la canasta básica total, que hoy supera holgadamente el millón doscientos mil pesos mensuales para una familia tipo. Desde ese rango hacia abajo, toda la estructura está por debajo de la línea de pobreza. Los voluntarios —el escalón más vulnerable— percibieron en noviembre entre 610 y 695 mil pesos. La épica libertaria no llena la heladera de los uniformados.

Luis Petri, ministro saliente, deja tras de sí un paisaje complejo: un litigio político interno por la sucesión, una crisis severa en la obra social militar (IOSFA) y la herencia de salarios pulverizados. En su despedida reclamó poder ver llegar los F-16 que Argentina compró a Dinamarca por más de 300 millones de dólares, como si la adquisición de ese material, relevante pero insuficiente, pudiera maquillar la precarización cotidiana en los cuarteles.

El desembarco de Presti se produce, además, en un Ministerio donde la dimensión civil ha perdido influencia relativa. Aunque figuras como Luciana Carrasco —actual jefa de Gabinete de ese ministerio— conservan un rol de peso, buena parte de los cargos claves quedaron en manos de militares retirados, muchos de ellos con vínculos políticos explícitos. Presti, por su parte, prepara la tradicional purga de ascensos que acompañan cada recambio. No será un proceso sin tensiones: algunos generales recuerdan que, durante la primera presidencia de Néstor Kirchner, muchos “hijos de” quedaron temporalmente rezagados por sanciones internas, justamente por su origen familiar. La memoria castrense suele ser selectiva, pero no corta.

A esto se suma una IOSFA que pasó de cerrar 2023 con equilibrio a hundirse en un déficit acelerado, producto de la caída de aportes y el alza en el costo de los insumos médicos. El escándalo Spagnulo, que salpicó a sectores vinculados a la familia Menem por supuestas maniobras para direccionar compras, dejó al descubierto la fragilidad de un sistema que hoy es motivo de angustia para miles de familias militares.

En este contexto, la discusión sobre si un ministro debe o no usar uniforme no es menor: simboliza qué modelo de conducción quiere el Gobierno para las Fuerzas Armadas. ¿Una institución profesional, integrada a la vida democrática, o un cuerpo que, por vías indirectas, vuelve a confundirse con el poder político?

El país atraviesa una etapa de reacomodamientos políticos intensos, donde el oficialismo busca ampliar su influencia parlamentaria y los gobernadores exploran alianzas inéditas. En ese clima inestable, la designación de Presti no pasa inadvertida. Tampoco debería pasar inadvertido el mensaje que el futuro ministro enviará el día de su jura. Las democracias modernas se sostienen tanto por sus reglas como por la voluntad de respetarlas. Desobedecer una norma para exhibir una identidad es un camino conocido en la Argentina. Y no uno recomendable.

La pregunta, entonces, es simple: ¿qué se reivindica cuando un ministro decide llegar al poder con uniforme? ¿La institución o una lectura política de su historia? El gesto de Presti —todavía ministro en potencia— ofrece una pista inquietante. En tiempos donde la sobriedad sería un activo, el Gobierno vuelve a optar por la provocación. Y la provocación, en Defensa, nunca es inocente.