El PJ alerta sobre “precarización laboral” y cuestiona la reforma de Milei

• El PJ criticó la reforma laboral de Milei, advirtiendo sobre precarización, menos derechos y salarios más bajos.
• Señaló que desde 2023 se cerraron más de 19.000 empresas y se perdieron más de 276.000 empleos formales.
• La mayor parte de los despidos proviene de grandes compañías, no de PyMES, según el partido.
• Considera que la reforma laboral responde a lineamientos del FMI y no a necesidades locales.
• El PJ propone recuperar salarios, reducir la jornada laboral y actualizar los regímenes laborales.
• Reafirmó la necesidad de un Estado que proteja derechos y promueva trabajo digno, evitando la precarización.

El Partido Justicialista (PJ) emitió un duro comunicado en el que cuestionó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, advirtiendo que el proyecto derivará en “menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”. En su diagnóstico, el partido considera que la iniciativa forma parte de un plan más amplio de flexibilización laboral ligado a organismos internacionales, y alerta sobre el impacto que tendría sobre el empleo formal y el tejido productivo del país.

“El diagnóstico es devastador. Desde finales de 2023, se han cerrado más de 19.000 empresas —casi 30 por día— y se han destruido más de 276.000 empleos formales —más de 432 por día—. No es un fenómeno aislado; es un ataque al corazón productivo nacional”, sostuvo el PJ en el documento titulado ‘Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI’. El partido enfatizó que la caída de empleo es transversal y afecta especialmente a sectores como transporte, industria, comercio y construcción, donde se ha registrado una baja de más del 16% en trabajadores registrados.

El comunicado también criticó la narrativa del Gobierno sobre la defensa de las PyMES. Según el PJ, la mayor cantidad de despidos proviene de las grandes compañías, representando el 70% del total de trabajadores afectados. En ese sentido, los peronistas sostienen que el problema no son las leyes laborales vigentes, sino el desplome del consumo interno, la caída del salario real y la falta de crédito. “Cuando la economía no funciona, el primer ajuste lo paga el pueblo trabajador”, advirtieron.

En relación con la reforma laboral, el PJ sostuvo que se trata de un plan que no se origina en Argentina, sino en Washington, como parte del pliego de condiciones del FMI. El partido sostuvo que la primera fase del programa de flexibilización, incluida en la Ley de Bases, no logró generar crecimiento en el empleo formal y, por el contrario, aceleró la destrucción de puestos de trabajo. “Ahora buscan consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”, remarcó el comunicado.

A pesar de las críticas, el PJ aclaró que no se opone a reformas laborales en sí mismas, sino a aquellas que impliquen precarización. Para los peronistas, la modernización laboral debe orientarse a mejorar la vida de los trabajadores, fortaleciendo su formación, protegiendo sus derechos y permitiéndoles planificar su futuro. “La productividad no se logra con trabajadores atemorizados de ser despedidos, sino con trabajadores formados, protegidos y con capacidad de planificar su vida”, argumentó el texto.

El PJ también enumeró tres prioridades que, según su visión, deberían guiar cualquier reforma laboral en el país: la recuperación del salario, la reducción de la jornada laboral y la soberanía del tiempo, y la actualización de los regímenes laborales para reconocer y consolidar derechos existentes. “Apostamos a una modernización que no signifique precarizar, sino vivir mejor”, enfatizó el partido.

Finalmente, el comunicado subraya la necesidad de un Estado activo que marque el rumbo de la política laboral y no se limite a legalizar abusos. El PJ aseguró que no pretende que Argentina se convierta en un “laboratorio de precarización del FMI”, sino en un ejemplo de trabajo digno y producción orientada al siglo XXI.

La publicación del documento se da en un contexto de creciente debate político sobre la reforma laboral, que será uno de los temas centrales de las sesiones extraordinarias en el Congreso y que enfrenta una fuerte oposición de distintos sectores sindicales y políticos, que cuestionan su impacto sobre la protección de los trabajadores y los estándares laborales vigentes.