La tensión previsional persiste: avances parciales, brechas profundas y un sistema en busca de equilibrio

• Un tercio de los jubilados con aportes logró mejorar su ingreso real en el bienio.
• Beneficiarios por moratoria sufrieron un deterioro de poder adquisitivo.
• El bono para la mínima perdió peso: pasó de representar 52% a solo 21%.
• La fórmula de aumentos atada al IPC permitió recuperar parte de lo perdido.
• La mínima cayó 6,9% en términos reales; los haberes superiores subieron 9,5%.
• La relación aportantes-beneficiarios sigue siendo el principal problema estructural.

A dos años de la llegada de Javier Milei al Gobierno, el tablero previsional muestra una compleja combinación de recomposición parcial, persistencia de desigualdades y tensiones estructurales que atraviesan tanto al sistema de jubilaciones como a la política fiscal. Desde diciembre de 2023, con una inflación mensual de 25,5% y una economía en plena aceleración nominal, la administración libertaria se propuso frenar el deterioro del poder adquisitivo mediante una estrategia asentada en la política monetaria contractiva del Banco Central y la recuperación del superávit fiscal. Sin embargo, el resultado final exhibe mejoras para algunos sectores y deterioros para otros, dejando en evidencia que el desafío de fondo —la sustentabilidad del sistema— continúa sin un horizonte claro de resolución.

Según los datos oficiales, casi un tercio de los jubilados y pensionados que accedieron al beneficio tras cumplir con los años de aportes y la edad mínima experimentaron un incremento real de sus ingresos en el bienio 2023-2025. La mejora fue aún mayor para los perceptores de asignaciones familiares, con especial impacto entre quienes cobran la Asignación Universal por Hijo. Este avance contrasta con la situación de quienes ingresaron al sistema mediante moratorias o programas destinados a adultos mayores sin historia laboral formal, grupo que vio disminuir su ingreso real pese a las actualizaciones periódicas.

El punto de partida fue dispar. Durante la presidencia de Alberto Fernández, los titulares de la jubilación mínima recibieron incrementos superiores al resto gracias a un bono extraordinario implementado en marzo de 2020, cuyo valor escaló hasta convertirse en un suplemento que representaba el 52% del haber base al final del mandato. Con Milei, aquel bono pasó de $55.000 a $70.000 en marzo de 2024, manteniendo inicialmente la proporción. Sin embargo, el congelamiento posterior redujo su peso relativo y hoy equivale apenas al 21% del haber mínimo.

Entre fines de 2023 y marzo de 2024, la aceleración inflacionaria, combinada con los ajustes determinados por la Ley de Movilidad aún vigente, derivó en una caída real de la partida previsional. A partir de abril, la suspensión de esa ley mediante el DNU 70 y la adopción de una fórmula de aumentos mensuales atada al IPC de dos meses antes permitió que las actualizaciones comenzaran a ubicarse por encima de la inflación percibida. Ese cambio también apuntó a reducir la brecha entre la mínima y los haberes superiores, un segmento que representa el 32% de los beneficiarios y que cumplió con los requisitos de aportes y edad reglamentaria. El reajuste diferenciado de abril de 2024 marcó el quiebre: 27,4% para ese grupo, frente al 18% para quienes cobraban la mínima más el bono.

El balance final de los primeros 24 meses muestra un panorama mixto: quienes perciben la mínima más el suplemento tuvieron una pérdida del 6,9% en su poder de compra —con aumentos nominales del 224,4% frente a una inflación acumulada de 248,6%—, mientras que quienes cobran por encima de la mínima lograron recuperar 9,5% gracias a ajustes totales del 281,7%. En promedio, el universo previsional apenas registró una mejora real del 1,3% en el bienio. Estos resultados contrastan con el deterioro sufrido durante la gestión anterior, cuando las jubilaciones mínimas cayeron 6,6% en términos reales y el resto de las escalas se desplomó 34,4%.

Para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería incrementarse 15,4% en términos reales, y los tramos superiores, 39%. El Gobierno sostiene que cerrar esa brecha es imposible sin avanzar en reformas previsionales y laborales que incentiven la creación de empleo registrado y reviertan la relación actual entre aportantes y beneficiarios: hoy hay poco más de 1,7 trabajadores activos por cada jubilado en un sistema que requiere al menos tres para ser sustentable.

En paralelo, la ejecución presupuestaria muestra un repunte: en octubre de 2025 el gasto previsional superó en 9,5% el nivel de noviembre de 2023, impulsado en buena medida por un mayor pago de sentencias judiciales. Aun así, la recomposición general sigue siendo insuficiente para revertir años de pérdida acumulada.

La brecha vigente en el poder de compra y la ausencia de consensos para una reforma de fondo mantienen al sistema previsional en el centro de la tensión social y política. La necesidad de una actualización integral se impone como una demanda persistente, aunque su resolución continúa postergada.