La CGT abre un nuevo frente con el Gobierno por el proyecto de “Libertad Educativa”

• La CGT y los gremios docentes rechazan el proyecto de “Libertad Educativa”.
• El borrador propone derogar la Ley de Educación Nacional y habilitar homeschooling y educación híbrida.
• Los sindicatos denuncian privatización, confesionalidad y pérdida de derechos laborales.
• La iniciativa declara la educación como servicio esencial, lo que limita medidas de fuerza.
• CTERA advierte que el proyecto desmonta el rol estatal y afecta la educación pública.
• La tensión se suma a otros conflictos entre la CGT y el Gobierno.

El anticipo del borrador de la Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno generó una inmediata reacción de la CGT y, en particular, de los gremios docentes que integran la central obrera. El texto, presentado por el oficialismo en el Consejo de Mayo, propone una profunda reconfiguración del sistema educativo nacional y abre la puerta a modalidades alternativas que van desde la educación en el hogar hasta la incorporación optativa de enseñanza religiosa en escuelas públicas. Para los sindicatos, estas iniciativas implican un retroceso estructural que amenaza la estabilidad laboral docente, la educación pública y el rol del Estado en la conducción del sistema.

Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), fue el primero en expresar un rechazo categórico. Tras declarar el estado de alerta del gremio, sostuvo que el proyecto “serrucha el sistema educativo” y anticipó que la central obrera presentará su disidencia formal en el Consejo de Mayo. “No se trata de una reforma menor, sino de un borrador que derriba la estructura vigente para reemplazarla por otra cargada de privatización, confesionalidad y pérdida de derechos laborales”, afirmó.

El documento que circula entre autoridades y sindicatos propone derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006, así como parte de la normativa técnico-profesional. Uno de sus puntos más polémicos es la habilitación del “home schooling” como modalidad educativa alternativa, sin establecer edad mínima y con acreditación basada en exámenes periódicos. También contempla la educación híbrida y a distancia como opciones regulares dentro del sistema.

Otro eje conflictivo es la propuesta de permitir la enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar. Para los gremios docentes, esta iniciativa implica un retroceso respecto de los principios de la Ley 1420, que estableció la educación laica en el país hace más de un siglo. El proyecto también introduce la posibilidad de que cada institución diseñe planes de estudio “propios”, en paralelo al diseño curricular establecido por los ministerios.

La declaración de “esencialidad” de la educación básica constituye otro punto de fricción. Este concepto obliga a garantizar la continuidad del servicio educativo incluso en contextos de protesta o conflicto gremial, lo que para los sindicatos supone una restricción directa al derecho a la huelga. Romero advirtió que, de avanzar el proyecto, la CGT evalúa medidas de fuerza: “Estamos en alerta. Si el diálogo no es fructífero, tomaremos decisiones en consecuencia”.

El sindicalista también cuestionó la eliminación de la obligación estatal de invertir el 6% del PBI en educación, un piso fijado para garantizar la financiación del sistema. Según su análisis, el enfoque del proyecto desplaza al Estado de su rol de garante político, administrativo y pedagógico, trasladando a las familias responsabilidades que le son propias al sector público. En su diagnóstico, “la norma financia la educación privada en detrimento de la pública, afectando principalmente a los sectores más vulnerables”.

CTERA, la organización docente más numerosa del país, se sumó al rechazo con un comunicado de tono aún más severo. Consideró el proyecto un “ataque al sistema democrático” y una avanzada que busca eliminar el rol del Estado como garante del derecho a la educación. Su conducción advirtió que la promoción del homeschooling, la incorporación de religiones y la delegación de responsabilidades educativas a las familias “pretende llevarnos al siglo XIX” y desmonta principios de igualdad, justicia social y socialización escolar.

Las críticas sindicales se inscriben en un contexto en el que el Gobierno también necesita apoyo para avanzar con la reforma laboral y otras iniciativas legislativas. La confrontación con los gremios docentes, sumada a la tensión ya existente con la CGT, configura un nuevo foco de conflicto para una administración que busca transformar la estructura educativa pero que enfrenta una resistencia gremial que promete escalar si no hay cambios en el borrador presentado.