Sturzenegger defiende la reforma laboral y critica el paro de ATE: “Protestaron sin conocer el proyecto”

• Sturzenegger cuestionó el paro de ATE y aseguró que la reforma laboral aún no fue presentada y no afectará a empleados públicos.
• El ministro afirmó que la iniciativa estará enfocada en modernizar el sector privado para generar más empleo y mejores salarios.
• El Gobierno busca simplificar la “industria del juicio” y la registración laboral para reducir incertidumbre al contratar.
• También plantea flexibilizar convenios colectivos, permitiendo alternativas más adaptadas a sectores, regiones o empresas.
• La reforma incluye la idea de “prelación” de convenios para descentralizar negociaciones y ajustarlas a realidades locales.
• El oficialismo acelera la redacción del proyecto en un clima de tensión sindical, anticipando un fuerte debate político y económico.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a colocarse en el centro del debate tras cuestionar con dureza el paro impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según afirmó, la medida careció de fundamento porque los gremialistas “no conocen” los lineamientos de la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei aún elabora y que, aseguró, “no afectará a los empleados públicos”.

En una entrevista televisiva, el funcionario se mostró sorprendido por la protesta. “Se movilizaron ante la nada. El Gobierno ni siquiera presentó el proyecto”, remarcó, al tiempo que insistió en que el texto estará orientado al sector privado, con el foco puesto en modificar estructuras laborales que, a su entender, llevan décadas sin actualización. Para Sturzenegger, el objetivo de la “modernización” —como prefiere llamar a la reforma— es claro: “generar más empleo y que la gente gane más”. Y para sostener ese diagnóstico recordó que en la última década no se crearon puestos de trabajo formales de manera sostenida.

Aunque el Ejecutivo aún trabaja sobre la letra fina de la iniciativa, ya definió varios de los pilares que estructurarán el proyecto que será presentado a gobernadores y actores económicos para su negociación. Uno de los puntos centrales es la simplificación de lo que Sturzenegger denominó “la industria del juicio y la registración laboral”. La meta, sostuvo, es reducir la incertidumbre con la que conviven los empleadores a la hora de contratar, especialmente por las posibles contingencias legales que se disparan ante cualquier litigio laboral. En esa línea, la idea es avanzar sobre mecanismos más ágiles de registración y mayor previsibilidad en caso de conflictos.

Otro eje relevante son los convenios colectivos de trabajo, muchos de los cuales —según el ministro— reflejan esquemas heredados de los años setenta y se mantienen inalterados pese a los cambios económicos y productivos del país. Sturzenegger indicó que la propuesta no busca imponer modificaciones a la fuerza. “Si todas las partes deciden quedarse como están, van a poder hacerlo”, garantizó. Pero remarcó que la apertura de alternativas permitiría discutir convenios con mayor flexibilidad y adaptados a las realidades sectoriales.

En este marco, introdujo un concepto central que el Gobierno pretende instalar: la “prelación” de convenios. En la actualidad, muchas negociaciones se llevan adelante desde Buenos Aires y se aplican a todo el territorio nacional, sin contemplar la diversidad de condiciones productivas entre provincias o regiones. La reforma apunta a permitir convenios más específicos, ya sea por región, rubro o incluso por empresa, dando margen para ajustar condiciones laborales a particularidades locales. Para el ministro, esta descentralización puede convertirse en un incentivo tanto para la contratación como para la competitividad.

Aun con sus críticas históricas al sindicalismo, Sturzenegger reconoció que los gremios cumplen un rol relevante en la representación de intereses. Sin embargo, apuntó contra la estructura de aportes obligatorios que deben hacer los trabajadores. “Es importante que, al cambiar el orden de prelación, se genere mayor flexibilidad en toda la cadena”, señaló. Y agregó un cuestionamiento que ya había planteado en otras oportunidades: la acumulación de costos en la relación laboral. “Lo llamo el ‘carancheo’ laboral: el Estado cobra impuestos, el sindicato cobra una cuota por negociar convenios y, en algunos casos, las cámaras empresarias también suman su propio costo. Todo esto encarece el trabajo. Si lo reducimos, el salario de bolsillo puede subir”.

La estrategia del Gobierno es clara: instalar que la reforma laboral no implica una pérdida de derechos sino una transformación destinada a dinamizar el empleo privado. En paralelo, busca desactivar resistencias sindicales en una etapa donde las tensiones sociales se encuentran a flor de piel. El paro de ATE, aun sin el proyecto presentado, fue leído en la administración nacional como una señal de alerta anticipada ante cualquier avance que modifique el statu quo laboral.

Mientras tanto, el oficialismo acelera la redacción definitiva del texto y prepara una ronda de conversaciones con gobernadores y sectores productivos. La discusión promete ser uno de los ejes centrales del debate político y económico de los próximos meses, con sindicatos ya en guardia y un Gobierno decidido a avanzar en una de sus reformas estructurales más ambiciosas.