Acuerdo con EE.UU.: hermetismo, tensiones políticas y la pulseada que se avecina en el Congreso

• La Casa Rosada mantiene hermetismo total sobre el contenido del acuerdo comercial con Estados Unidos.
• Gobernadores y legisladores reclaman acceder a la letra chica antes de fijar postura.
• El pacto incluye reducción de tarifas, alineamiento de estándares y cambios en propiedad intelectual.
• Sectores beneficiados: carne, recursos naturales y farmacéutica; perjudicados: automotrices y Pymes.
• El Gobierno acelera la reforma laboral para amortiguar efectos en empleo.
• Crece la presión para que el acuerdo sea debatido y aprobado en el Congreso.

El hermetismo domina la Casa Rosada. A menos de un mes de que se renueve el Congreso, ni siquiera algunos funcionarios de la mesa chica aseguran conocer la letra fina del flamante acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. O, al menos, eso es lo que dejan trascender. El silencio oficial alimenta un clima de incertidumbre que ya inquieta a gobernadores, legisladores y sectores empresarios, atentos al impacto que pueda tener un entendimiento cuya difusión, por ahora, permanece limitada a un comunicado técnico de la Casa Blanca.

Mientras el Gobierno despliega su campaña para aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con el paquete de reformas estructurales impulsado por Javier Milei, el nuevo acuerdo con Washington se convirtió en una pieza adicional que complejiza el tablero. La inquietud en el Congreso es palpable: nadie sabe si el contenido del pacto obligará a un trámite parlamentario o si, como sugiere parte del oficialismo, podría implementarse por vía administrativa. “Hay que ver cómo se compone el acuerdo. Por ahora creería que no debería pasar por el Congreso, pero sabemos que va a haber presión de ciertos rubros empresarios”, expresó en estricta reserva una fuente libertaria. Otros actores, sin embargo, sostienen que la discusión institucional será inevitable.

El entendimiento —denominado Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión— apunta a reducir tarifas en sectores estratégicos, alinear estándares, reforzar la protección de la propiedad intelectual y fomentar nuevas inversiones. La administración de Donald Trump destacó que el pacto “refleja valores compartidos” y se apoya en reformas ya encaradas por Argentina en materia de comercio e inversiones. Para varios analistas legislativos, esa última dimensión representa el núcleo del problema: “¿Puede Argentina alinearse en propiedad intelectual sin cambiar leyes? No. Y patentes es sólo un ejemplo”, advierte un técnico que asesora a un bloque opositor.

La falta de información concreta también empieza a tensar la relación con las provincias. En las últimas horas, la Casa Rosada convocó a 20 de los 24 gobernadores, aunque en privado reconoce que sólo seis reúnen el peso político suficiente por su representación parlamentaria: Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén. Aun así, mandatarios de distintos signos piden detalles antes de fijar una postura. “Es difícil opinar sobre algo cuando no están los detalles”, deslizaron desde una de las cinco jurisdicciones más grandes del país.

En varias provincias existe una predisposición favorable, especialmente entre aquellas que históricamente apoyan los acuerdos de apertura comercial. “Todo lo que mejore la fluidez del comercio y nos acerque a grandes centros de consumo nos sirve”, señalan desde la Región Cuyo. Sin embargo, esa inclinación no es uniforme. La preocupación se concentra en sectores que podrían verse perjudicados: automotrices y Pymes, con fuerte presencia en los grandes polos urbanos y alto impacto en términos de empleo.

Frente a ese posible escenario, el Gobierno acelera otra de sus prioridades: la reforma laboral. La Casa Rosada confía en que el ordenamiento del mercado de trabajo podrá amortiguar eventuales efectos negativos sobre sectores vulnerables del entramado productivo. Por eso, Milei encomendó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, articular la estrategia política en el Senado, donde el proyecto comenzará a discutirse después de la renovación legislativa.

Pese al optimismo oficial, la indefinición sobre la necesidad —o no— de que el acuerdo pase por el Congreso sigue siendo el punto crítico. Si el pacto implica modificar leyes de comercio, inversión o propiedad intelectual, el Ejecutivo deberá abrir el debate legislativo. Intentar sortear esa instancia mediante decretos, advierten especialistas parlamentarios, debilitaría la seguridad jurídica y pondría en riesgo la implementación del propio acuerdo. En un clima de alta sensibilidad política y económica, la forma será tan determinante como el contenido.

Por ahora, en la Casa Rosada prefieren administrar los tiempos. El círculo íntimo del Presidente, el Ministerio de Economía y la Cancillería retienen la información clave. Para gobernadores y legisladores, conocer la letra chica es una condición indispensable para acompañar o resistir un entendimiento que promete reconfigurar sectores ganadores y perdedores dentro del mapa productivo. En un país donde cada apertura comercial despierta expectativas y temores, el próximo movimiento del Gobierno podría marcar el pulso político de las próximas semanas.