El Gobierno postergó la privatización de cuatro represas hidroeléctricas clave para después de las elecciones

El Gobierno iba a dar este jueves un nuevo paso en su plan de privatizaciones. Inicialmente, estaba previsto que se presenten las ofertas para saber quién iba a quedarse con las cuatro represas hidroeléctricas de la cuenca del Comahue desde principios de 2026, pero finalmente se postergó.

De acuerdo con una resolución publicada en el suplemento especial del Boletín Oficial este miércoles, la instancia se aplazó hasta el 7 de noviembre. Fue “con el propósito de promover una mayor participación de oferentes en el presente procedimiento licitatorio y, de ese modo, garantizar la obtención de las propuestas más convenientes que permitan maximizar los ingresos del Estado nacional”, indicó la resolución del Ministerio de Economía.

Esta es la segunda licitación internacional de la gestión de Javier Milei en su plan privatizador: la primera fue por la llamada ruta del Mercosur, cuyo contrato venció en abril y que tras dos prórrogadas en la apertura de ofertas está en proceso hacia la preadjudicación.

Por las represas del Comahue, que representan el 15% del total de generación eléctrica del país, el Gobierno aspira a recaudar US$500 millones, según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. En el mercado, estiman que esa cifra será superada.

Hasta que finalice el proceso de privatización, las cuatro represas siguen operadas por AES Argentina (Alicurá); Enel (El Chocón y Arroyito; Central Puerto (Piedra del Águila); y Orazul (Cerros Colorados).

Esas firmas tenían la concesión cuando finalizaron los contratos respectivos, tras 30 años, en agosto de 2023. Desde ese momento, se fue prorrogando el plazo y la última extensión determinó que los operadores deben garantizar el funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que pasen a nuevas manos privadas.

Según pudo saber TN, hasta que llegó la prórroga, los grupos interesados trabajaron contrarreloj en los últimos detalles para presentar las ofertas, que superarían el piso de recaudación previsto por Caputo.

Entre las condiciones para poder participar de la licitación, se había fijado que los grupos interesados deben ser titulares de activos no inferiores a US$300 millones y un patrimonio neto de al menos US$150 millones.

De acuerdo con fuentes del mercado, los cuatro actuales operadores iban a presentar ofertas para quedarse con la represa que operan y tal vez con otra. También se mencionó interés por parte de Pampa Energía; Genneia; Edison Energía y el gigante del aluminio Aluar.

“Las represas son activos superavitarios que generan mucho interés. Se recibieron más de 300 consultas por el pliego y estimamos que se van a presentar unas 10 ofertas”, explicaban en los despachos oficiales.

Los detalles de la licitación para reprivatizar cuatro represas patagónicas clave
El objeto del proceso licitatorio, que se extendió hasta el 7 de noviembre, es vender el 100% de las acciones de las sociedades concesionarias:

• Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.

• Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.

• Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.

• Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

Para eso, el Estado pone a la venta el 51% de las acciones Clase A; el 47% de las Clase B y el 2% de las Clase C.

Entre las condiciones que se habían establecido para participar del concurso nacional e internacional para operar alguna de las represas del Comahue, el Gobierno había definido:

Pueden participar personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en conjunto económico.
Ningún participante podrá superar el 20% de la generación eléctrica del país (base: 43.555 MW).
Un mismo oferente podrá adjudicarse hasta dos concesionarias.
No se permiten UTE ni entes públicos, provinciales o municipales.
Además, estipuló una serie de requisitos, que pueden resumirse a continuación:

Presentación de antecedentes técnicos y económicos (Sobre N°1).
Oferta económica (Sobre N°2).
Garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento.
Designación de un operador técnico con experiencia mínima exigida.
Posibilidad de conformar una “sociedad de inversión” en Argentina como vehículo de compra.
Hacia la adjudicación, que el Gobierno espera para antes de fin de año, se estableció como condiciones clave que:

Los adjudicatarios asumen los bienes propios y cedidos, contratos en curso, personal y obligaciones sociales.
El Estado se reserva la discrecionalidad de adjudicar o no.
Se establecen obras y trabajos obligatorios en seguridad de presas, medioambiente y operación.
Jurisdicción: Tribunales Contencioso-Administrativos Federales de CABA.

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