Corrupción sin perdón: por una democracia que no se negocia

• Actualidad del artículo 36: La Constitución ya advertía sobre el daño de la corrupción estructural como forma de ataque al orden democrático.
• Corrupción como amenaza: No es un error aislado, sino una práctica sistemática que vacía al Estado y perjudica a la sociedad.
• Propuesta legislativa: Se impulsa una reforma para impedir el indulto o amnistía a delitos de corrupción contra la administración pública.
• Impunidad cero: Como con los crímenes de lesa humanidad, se busca que estos delitos sean imprescriptibles e imperdonables.
• Democracia y justicia: Sin castigo firme a la corrupción, no puede haber república ni democracia genuina.

Treinta años después de la reforma constitucional de 1994, el artículo 36 vuelve a cobrar una actualidad inquietante. Lo que en su momento pareció una cláusula preventiva, hoy se revela como una advertencia profética: que el sistema democrático podía ser carcomido desde adentro, no ya por golpes militares, sino por estructuras de corrupción enquistadas en el poder.

La experiencia argentina ha demostrado con crudeza que la corrupción no es un accidente, ni una desviación menor del funcionamiento estatal. Es, en muchos casos, una práctica sistemática de despojo, una maquinaria organizada que vacía al Estado de recursos, de legitimidad y, lo más grave, de futuro. Las causas judiciales que se acumulan —de Vialidad a Cuadernos, de Once a Ciccone— revelan un entramado complejo de funcionarios y empresarios que, con impunidad, desmantelaron lo público para enriquecer lo privado.

En ese marco, resulta imprescindible no solo mantener vivo el espíritu del artículo 36, sino traducirlo en una legislación clara y contundente. La propuesta de modificar la Ley 27.156 para excluir del indulto y la amnistía a los delitos de corrupción contra la administración pública es un paso en ese camino. No se trata de una vendetta política ni de una revancha judicial: es una señal institucional. Un mensaje claro para el presente y el futuro: la corrupción estructural no será tolerada, ni olvidada, ni perdonada.

Quienes cometieron delitos dolosos desde el Estado deben estar definitivamente fuera del juego democrático. No puede haber vuelta atrás ni atajos procesales. Como ya ocurrió con los crímenes de lesa humanidad, tampoco puede haber impunidad para quienes, desde cargos públicos, actuaron contra la república.

En medio de un clima político tenso, con discursos que coquetean con la desestabilización y consignas del pasado que reaparecen en las calles, reafirmar los límites legales y éticos es más urgente que nunca. Este proyecto de ley no es solo una herramienta jurídica, sino también un gesto de madurez democrática. Porque sin justicia, no hay república; y sin república, no hay democracia posible.

La corrupción no puede tener refugio en la amnesia ni en el oportunismo político. Debe tener consecuencias firmes y definitivas. Porque si la democracia es, como creemos, el único camino, no puede seguir siendo una víctima de quienes juraron defenderla mientras la saqueaban.