Cristina condenada: el intento de blindaje internacional y el riesgo de vaciar el sistema de derechos humanos

• La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner, lo que representa un hito institucional y democrático.
• El kirchnerismo busca trasladar el caso a foros internacionales alegando persecución, pero esos organismos no tienen competencia para anular fallos firmes.
• El sistema interamericano de derechos humanos no fue creado para revisar decisiones judiciales legítimas, sino para casos de colapso institucional.
• Presentar a Cristina como víctima omite que la corrupción también vulnera derechos humanos, especialmente de los más vulnerables.
• Usar organismos internacionales como escudo contra condenas judiciales desvirtúa su propósito y amenaza el Estado de derecho.

La confirmación de la condena penal contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema marca un hito jurídico y político. No solo se trata del cierre de una causa emblemática de corrupción, sino también de una señal clara de que el sistema institucional argentino puede juzgar a los poderosos con garantías y dictar sentencia. Es un acto de afirmación democrática. Sin embargo, lo que debería ser un punto final, el kirchnerismo lo pretende convertir en el inicio de una nueva ofensiva política.

Lejos de aceptar el veredicto de la Justicia, el espacio que lidera la ex presidenta vuelve a refugiarse en una narrativa ya conocida: la de la persecución. Y esta vez, el escenario elegido es internacional. La estrategia consiste en trasladar el caso a foros externos —la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, organismos de la ONU e incluso, en un giro insólito, la Corte Penal Internacional— con la pretensión de revertir una sentencia firme dictada por la máxima autoridad judicial del país.

El problema no es solo político: es jurídico. Ninguno de esos foros tiene competencia para anular un fallo firme de la Corte Suprema de un Estado soberano. El sistema interamericano de derechos humanos, por caso, no fue creado para revisar decisiones judiciales que respetaron el debido proceso. Su función es subsidiaria: interviene cuando los Estados fallan estrepitosamente en proteger derechos fundamentales, no como una instancia paralela de apelación.

Este principio fue reafirmado por la propia Corte Suprema argentina en el caso Fontevecchia y D’Amico, y por diversos gobiernos de la región en 2019, cuando advirtieron sobre el riesgo de desnaturalizar el sistema interamericano. Usarlo para defender a líderes condenados en procesos legítimos sería transformarlo en un instrumento de impunidad.

Pero la operación es más profunda. Al posicionar a Cristina Kirchner como víctima de una violación a sus derechos humanos, se omite que la corrupción estructural también vulnera esos derechos. El desvío de fondos públicos, el direccionamiento de licitaciones y el uso del Estado en beneficio personal afectan directamente a los más vulnerables. Como bien lo señaló el jurista Leopoldo Schiffrin, el saqueo institucional golpea con más fuerza a quienes menos tienen.

Por eso, manipular el lenguaje de los derechos humanos para blindar a quienes fueron condenados por corrupción no solo es un atropello jurídico, sino un gesto profundamente regresivo. Si el sistema interamericano termina siendo usado como escudo para el poder, pierde su esencia: deja de ser un refugio para las víctimas y se convierte en una trinchera para los victimarios.

En síntesis: hubo juicio, hubo pruebas, hubo condena. No hay persecución. Hay institucionalidad. Defender el sistema de derechos humanos es, ante todo, impedir que se lo utilice como coartada para eludir la Justicia. Y decirlo con firmeza no es un ataque político: es una defensa del Estado de derecho.