Los "despechados" de Schiaretti ven un Juez rubio, alto y de ojos celestes

No habrá re reelección finalmente en la provincia de Córdoba. Ayer, la Legislatura sesionó por última vez en el año y la discusión por la modificación del artículo 7 de la ley 10460 ni siquiera llegó a traducirse en un proyecto concreto. 

Se cumplió la voluntad del gobernador Juan Schiaretti y no se tocó el Código Electoral de Córdoba; tampoco para adelantar la fecha de las elecciones provinciales como se especulaba. En conclusión, adentro del recinto no pasó nada; afuera, ya pasa de todo. 

El trabajo de unos 250 intendentes de todos los colores políticos, impedidos la mayoría de buscar un tercer periodo consecutivo el año que viene y otros apoyando la movida aun cuando transcurren su primer mandato municipal, cayó en saco roto. Las negociaciones no alcanzaron y los legisladores, oficialistas y opositores, le bajaron el pulgar al planteo de los caciques locales de revisar la retroactividad de la normativa para poder, por única vez, presentarse nuevamente. 

 
En rigor de verdad, aunque los alcaldes autoconvocados, organizados en un bloque transversal que representa al interior del interior, elegían creer y mantuvieron la ilusión hasta horas antes de la reunión de Labor Parlamentaria de ayer, la re re se cayó hace unos días. 

En el mismo momento en que el propio gobernador intervino en persona y ordenó a sus legisladores suspender las negociaciones y no avanzar en otro esquema que no sea con la misma cantidad de votos que se reformó el Código Electoral en el año 2016, prácticamente con el acompañamiento de todos los parlamentarios. 

Fue allí que varios legisladores de Hacemos por Córdoba dispuestos acompañar a los intendentes comenzaron a bajar la guardia y las chances se diluyeron. El ahora presidente Provisorio de la Legislatura, Francisco Fortuna, siguió casi en soledad intentándolo pese a que desde el bloque Juntos UCR ya habían ratificado su negativa. Luego la senadora Alejandra Vigo terminó de rematar el asunto cuando les pidió a sus 13 legisladores de Capital que no acompañen ninguna iniciativa de ese tipo. 

Lo cierto es que ahora 289 intendentes y jefes comunales no podrán volver a ser candidatos en sus distritos; de ellos unos 160 son peronistas con lo cual el desplante del propio oficialismo les duele doble. 

Ayer, mientras digerían el cachetazo político anticipaban una nueva etapa en el vínculo del Panal con el interior. Algunos más enojados que otros, pero todos convencidos de que hubo un “destrato”, los dirigentes hicieron saber a Hacemos por Córdoba que es un error creer que para ganar en el 2023 se puede prescindir de ese “8 por ciento del padrón” que, según el Centro Cívico, representa la cantidad de municipios donde el PJ deberá buscar ahora candidatos nuevos. 

 

Lo cierto es que en el grupo de jefes comunales peronistas hablan ya de un quiebre político con el oficialismo y de sentirse entonces con las manos libres para accionar políticamente como mejor consideren. 

Eso incluye desde despegar las fechas de los comicios municipales de las provinciales y, por ende, no trabajar para el candidato de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, hasta explorar nuevas posibilidades políticas. Entre ellas, abrir un canal de diálogo con Luis Juez, pre candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y principal rival a vencer por Llaryora. “Ahora, todo puede suceder. Estamos dispuestos a hablar con todos”, resumió un dirigente de Punilla. 

Los alcaldes consultados aclaran que lo de Juez es un horizonte posible que están dispuestos a explorar, pero que las conversaciones con cualquier candidato se abrirán desde un frente conformado por intendentes del interior. 

“De acá unos meses, nos van a venir a tocar la puerta porque hay que votar. Entonces será nuestra oportunidad para hacerle ver una realidad a un grupo de legisladores que, a veces, ingresan por lista sábana sin entender lo que pasa en el interior del interior. Lo mismo a un grupo de dirigentes de alto nivel provincial que solo se mueve mirándose el pupo sin ser capaces de advertir y atender las realidades distintas que tenemos en el interior profundo”, agregó un jefe comunal del sur provincial. 

Desde el schiarettismo y el llaryorismo reducen al mínimo el poder de daño que podrían causar los intendentes “rebelados”, descuentan que podrán zanjar diferencias con promesas de lugares en las listas legislativas o en el próximo gabinete. 

Como sea, la re re abrió una grieta en Hacemos por Córdoba. Cuánto se cumplirá de las amenazas de los intendentes, y si logrará Llaryora como el próximo candidato del oficialismo contener todo ese enojo, está todo por verse. Por lo pronto, desde el Panal prefirieron pagar los costos internos de no haber habilitar el juego que pedían los alcaldes, a quebrar “la institucionalidad” que tanto pregona por estos días el gobernador Schiaretti. 

Fuente: Alfil Diario, sobre una nota de 

No habrá re reelección finalmente en la provincia de Córdoba. Ayer, la Legislatura sesionó por última vez en el año y la discusión por la modificación del artículo 7 de la ley 10460 ni siquiera llegó a traducirse en un proyecto concreto. 

Se cumplió la voluntad del gobernador Juan Schiaretti y no se tocó el Código Electoral de Córdoba; tampoco para adelantar la fecha de las elecciones provinciales como se especulaba. En conclusión, adentro del recinto no pasó nada; afuera, ya pasa de todo. 

El trabajo de unos 250 intendentes de todos los colores políticos, impedidos la mayoría de buscar un tercer periodo consecutivo el año que viene y otros apoyando la movida aun cuando transcurren su primer mandato municipal, cayó en saco roto. Las negociaciones no alcanzaron y los legisladores, oficialistas y opositores, le bajaron el pulgar al planteo de los caciques locales de revisar la retroactividad de la normativa para poder, por única vez, presentarse nuevamente. 

 
En rigor de verdad, aunque los alcaldes autoconvocados, organizados en un bloque transversal que representa al interior del interior, elegían creer y mantuvieron la ilusión hasta horas antes de la reunión de Labor Parlamentaria de ayer, la re re se cayó hace unos días. 

En el mismo momento en que el propio gobernador intervino en persona y ordenó a sus legisladores suspender las negociaciones y no avanzar en otro esquema que no sea con la misma cantidad de votos que se reformó el Código Electoral en el año 2016, prácticamente con el acompañamiento de todos los parlamentarios. 

Fue allí que varios legisladores de Hacemos por Córdoba dispuestos acompañar a los intendentes comenzaron a bajar la guardia y las chances se diluyeron. El ahora presidente Provisorio de la Legislatura, Francisco Fortuna, siguió casi en soledad intentándolo pese a que desde el bloque Juntos UCR ya habían ratificado su negativa. Luego la senadora Alejandra Vigo terminó de rematar el asunto cuando les pidió a sus 13 legisladores de Capital que no acompañen ninguna iniciativa de ese tipo. 

Lo cierto es que ahora 289 intendentes y jefes comunales no podrán volver a ser candidatos en sus distritos; de ellos unos 160 son peronistas con lo cual el desplante del propio oficialismo les duele doble. 

Ayer, mientras digerían el cachetazo político anticipaban una nueva etapa en el vínculo del Panal con el interior. Algunos más enojados que otros, pero todos convencidos de que hubo un “destrato”, los dirigentes hicieron saber a Hacemos por Córdoba que es un error creer que para ganar en el 2023 se puede prescindir de ese “8 por ciento del padrón” que, según el Centro Cívico, representa la cantidad de municipios donde el PJ deberá buscar ahora candidatos nuevos. 

 

Lo cierto es que en el grupo de jefes comunales peronistas hablan ya de un quiebre político con el oficialismo y de sentirse entonces con las manos libres para accionar políticamente como mejor consideren. 

Eso incluye desde despegar las fechas de los comicios municipales de las provinciales y, por ende, no trabajar para el candidato de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, hasta explorar nuevas posibilidades políticas. Entre ellas, abrir un canal de diálogo con Luis Juez, pre candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y principal rival a vencer por Llaryora. “Ahora, todo puede suceder. Estamos dispuestos a hablar con todos”, resumió un dirigente de Punilla. 

Los alcaldes consultados aclaran que lo de Juez es un horizonte posible que están dispuestos a explorar, pero que las conversaciones con cualquier candidato se abrirán desde un frente conformado por intendentes del interior. 

“De acá unos meses, nos van a venir a tocar la puerta porque hay que votar. Entonces será nuestra oportunidad para hacerle ver una realidad a un grupo de legisladores que, a veces, ingresan por lista sábana sin entender lo que pasa en el interior del interior. Lo mismo a un grupo de dirigentes de alto nivel provincial que solo se mueve mirándose el pupo sin ser capaces de advertir y atender las realidades distintas que tenemos en el interior profundo”, agregó un jefe comunal del sur provincial. 

Desde el schiarettismo y el llaryorismo reducen al mínimo el poder de daño que podrían causar los intendentes “rebelados”, descuentan que podrán zanjar diferencias con promesas de lugares en las listas legislativas o en el próximo gabinete. 

Como sea, la re re abrió una grieta en Hacemos por Córdoba. Cuánto se cumplirá de las amenazas de los intendentes, y si logrará Llaryora como el próximo candidato del oficialismo contener todo ese enojo, está todo por verse. Por lo pronto, desde el Panal prefirieron pagar los costos internos de no haber habilitar el juego que pedían los alcaldes, a quebrar “la institucionalidad” que tanto pregona por estos días el gobernador Schiaretti. 

Fuente: Alfil Diario, sobre una nota de 

No habrá re reelección finalmente en la provincia de Córdoba. Ayer, la Legislatura sesionó por última vez en el año y la discusión por la modificación del artículo 7 de la ley 10460 ni siquiera llegó a traducirse en un proyecto concreto. 

Se cumplió la voluntad del gobernador Juan Schiaretti y no se tocó el Código Electoral de Córdoba; tampoco para adelantar la fecha de las elecciones provinciales como se especulaba. En conclusión, adentro del recinto no pasó nada; afuera, ya pasa de todo. 

El trabajo de unos 250 intendentes de todos los colores políticos, impedidos la mayoría de buscar un tercer periodo consecutivo el año que viene y otros apoyando la movida aun cuando transcurren su primer mandato municipal, cayó en saco roto. Las negociaciones no alcanzaron y los legisladores, oficialistas y opositores, le bajaron el pulgar al planteo de los caciques locales de revisar la retroactividad de la normativa para poder, por única vez, presentarse nuevamente. 

 
En rigor de verdad, aunque los alcaldes autoconvocados, organizados en un bloque transversal que representa al interior del interior, elegían creer y mantuvieron la ilusión hasta horas antes de la reunión de Labor Parlamentaria de ayer, la re re se cayó hace unos días. 

En el mismo momento en que el propio gobernador intervino en persona y ordenó a sus legisladores suspender las negociaciones y no avanzar en otro esquema que no sea con la misma cantidad de votos que se reformó el Código Electoral en el año 2016, prácticamente con el acompañamiento de todos los parlamentarios. 

Fue allí que varios legisladores de Hacemos por Córdoba dispuestos acompañar a los intendentes comenzaron a bajar la guardia y las chances se diluyeron. El ahora presidente Provisorio de la Legislatura, Francisco Fortuna, siguió casi en soledad intentándolo pese a que desde el bloque Juntos UCR ya habían ratificado su negativa. Luego la senadora Alejandra Vigo terminó de rematar el asunto cuando les pidió a sus 13 legisladores de Capital que no acompañen ninguna iniciativa de ese tipo. 

Lo cierto es que ahora 289 intendentes y jefes comunales no podrán volver a ser candidatos en sus distritos; de ellos unos 160 son peronistas con lo cual el desplante del propio oficialismo les duele doble. 

Ayer, mientras digerían el cachetazo político anticipaban una nueva etapa en el vínculo del Panal con el interior. Algunos más enojados que otros, pero todos convencidos de que hubo un “destrato”, los dirigentes hicieron saber a Hacemos por Córdoba que es un error creer que para ganar en el 2023 se puede prescindir de ese “8 por ciento del padrón” que, según el Centro Cívico, representa la cantidad de municipios donde el PJ deberá buscar ahora candidatos nuevos. 

 

Lo cierto es que en el grupo de jefes comunales peronistas hablan ya de un quiebre político con el oficialismo y de sentirse entonces con las manos libres para accionar políticamente como mejor consideren. 

Eso incluye desde despegar las fechas de los comicios municipales de las provinciales y, por ende, no trabajar para el candidato de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, hasta explorar nuevas posibilidades políticas. Entre ellas, abrir un canal de diálogo con Luis Juez, pre candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y principal rival a vencer por Llaryora. “Ahora, todo puede suceder. Estamos dispuestos a hablar con todos”, resumió un dirigente de Punilla. 

Los alcaldes consultados aclaran que lo de Juez es un horizonte posible que están dispuestos a explorar, pero que las conversaciones con cualquier candidato se abrirán desde un frente conformado por intendentes del interior. 

“De acá unos meses, nos van a venir a tocar la puerta porque hay que votar. Entonces será nuestra oportunidad para hacerle ver una realidad a un grupo de legisladores que, a veces, ingresan por lista sábana sin entender lo que pasa en el interior del interior. Lo mismo a un grupo de dirigentes de alto nivel provincial que solo se mueve mirándose el pupo sin ser capaces de advertir y atender las realidades distintas que tenemos en el interior profundo”, agregó un jefe comunal del sur provincial. 

Desde el schiarettismo y el llaryorismo reducen al mínimo el poder de daño que podrían causar los intendentes “rebelados”, descuentan que podrán zanjar diferencias con promesas de lugares en las listas legislativas o en el próximo gabinete. 

Como sea, la re re abrió una grieta en Hacemos por Córdoba. Cuánto se cumplirá de las amenazas de los intendentes, y si logrará Llaryora como el próximo candidato del oficialismo contener todo ese enojo, está todo por verse. Por lo pronto, desde el Panal prefirieron pagar los costos internos de no haber habilitar el juego que pedían los alcaldes, a quebrar “la institucionalidad” que tanto pregona por estos días el gobernador Schiaretti. 

Fuente: Alfil Diario, sobre una nota de Yanina SORIA