El Gobierno fijará por decreto el nuevo salario mínimo tras el fracaso de la negociación tripartita

• La negociación entre sindicatos y empresarios fracasó y el Gobierno fijará el salario mínimo por decreto.
• El SMVM permanece congelado desde agosto en $322.200 mensuales.
• Gremios pidieron subas fuertes, mientras empresarios propusieron incrementos moderados alineados al Gobierno.
• El salario mínimo impacta en prestaciones de ANSES como desempleo, AUH y jubilaciones mínimas.
• Informes de Celag y la UBA muestran un fuerte deterioro del salario real y el valor más bajo de la región.
• El Gobierno volverá a aplicar el criterio empresarial para definir el incremento.

El Gobierno nacional avanzará en la determinación por decreto de un nuevo aumento para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo fracasara en su intento de alcanzar un acuerdo entre sindicatos y cámaras empresariales. El encuentro, que reunió a funcionarios, representantes gremiales y del sector privado, cerró sin modificaciones en las posturas de las partes, pese a la urgencia por actualizar un haber que permanece congelado desde agosto.

La última actualización oficial del SMVM se produjo en ese mes, cuando quedó fijado en $322.200 mensuales para trabajadores con una jornada de 48 horas semanales, y en $1.610 por hora para empleados jornalizados. Desde entonces, septiembre, octubre y noviembre transcurrieron sin nuevos incrementos, en un contexto marcado por la aceleración inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo. La falta de actualización implicó que el salario mínimo se mantuviera sin cambios durante cuatro meses consecutivos.

El recorrido del salario mínimo durante 2025 evidencia incrementos mensuales moderados entre enero y agosto —desde $286.711 hasta $322.200— que quedaron rápidamente desfasados frente a la evolución de los precios. La reunión del 26 de noviembre buscaba definir una recomposición, pero terminó profundizando las diferencias entre gremios y empresarios. Mientras la CGT y la CTA de los Trabajadores reclamaron elevarlo a $553.000 desde abril de 2026, la CTA Autónoma fue más allá y pidió $736.000, aludiendo a la necesidad de superar “la línea de indigencia”. En contraste, el sector empresario propuso una suba más acotada: $326.000 inmediatos y $349.000 en abril, en línea con las proyecciones oficiales de inflación.

Tras un cuarto intermedio, y sin avances en ninguna dirección, el oficialismo resolvió activar el mecanismo que ya utilizó varias veces durante los dos años de gestión de Javier Milei: definir el salario mínimo mediante decreto siguiendo la pauta patronal. Así lo confirmaron desde la CTA Autónoma, al señalar que el Ejecutivo volvió a priorizar el criterio de ajuste impulsado por las cámaras empresariales ante la imposibilidad de lograr consenso.

La actualización del salario mínimo no solo impacta en los trabajadores registrados que perciben ese ingreso base, sino también en una amplia red de prestaciones sociales administradas por la ANSES. Entre ellas, la Prestación por Desempleo, que actualmente se ubica entre $161.000 y $322.000, equivalentes al 50% y 100% del SMVM. Además, incide en asignaciones familiares, jubilaciones mínimas y beneficios complementarios. En octubre, por ejemplo, la jubilación mínima ascendió a $396.304,88, monto que incluyó un bono extraordinario de $70.000; mientras que la AUH se ubica en $117.252 brutos, con un pago directo de $93.801,60 tras la retención del 20%.

El salario mínimo también funciona como referencia en contrataciones, planes sociales, cuotas alimentarias y acuerdos salariales del sector público y privado. Su rol como “piso” del mercado laboral formal lo convierte en una variable clave para medir el nivel de protección social y el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos.

El deterioro de su valor real se volvió particularmente notable en el último tramo. Según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el SMVM actualizado a noviembre de 2025 equivale a 225 dólares, constituyendo el más bajo de América Latina, incluso por debajo de Bolivia y Paraguay. Costa Rica encabeza la región con 729 dólares. El retroceso argentino se refleja también en un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que calcula una pérdida del 34% del poder adquisitivo del salario mínimo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, con caídas abruptas del 15% en diciembre de 2023 y del 17% en enero de 2024.

El análisis regional y académico coincide en un diagnóstico: el salario mínimo argentino se ubica hoy por debajo de los niveles de 2001, previo a la crisis de la convertibilidad. A ello se suma otro dato alarmante del Celag: dos tercios de la población vive con ingresos inferiores a la media, y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita. La definición por decreto que tomará el Gobierno se inscribe en este escenario de fragilidad social y tensiones entre gremios, empresarios y un Estado decidido a sostener un criterio de ajuste que, por ahora, no encuentra consenso.