La Corte deja firme la competencia federal y el juicio por los “Cuadernos” avanza con acusaciones directas a Cristina Kirchner

• La Corte Suprema rechazó recursos de tres empresarios y dejó firme la competencia federal en la causa Cuadernos.
• Los planteos buscaban trasladar el expediente al fuero electoral bajo el argumento de aportes de campaña.
• La causa se originó en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que detallaban presuntos pagos ilegales.
• Stornelli acusó a Cristina Kirchner de ser la “destinataria final” de las coimas investigadas.
• La ex mandataria sigue procesada como jefa de asociación ilícita y por cohecho en 22 hechos.
• El juicio oral avanza con 128 episodios analizados y fuerte repercusión política.

La causa conocida como “Cuadernos de las coimas” sumó este jueves un capítulo clave luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por los empresarios Jorge Balán, Hugo Dragonetti y Armando Loson, quienes pretendían trasladar el expediente al fuero electoral. Con la decisión del máximo tribunal, el juicio oral —que cumplió su quinta jornada— se mantiene firme bajo la órbita de la Justicia Federal, que investiga un presunto esquema de sobornos entre funcionarios públicos y empresarios durante los gobiernos kirchneristas.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos por “falta de sentencia definitiva”. Los recursos cuestionaban la decisión previa de no aceptar la incompetencia federal y buscar derivar la causa al ámbito electoral bajo el argumento de que los fondos investigados eran aportes de campaña y no coimas. Con la negativa de la Corte, la postura de los tribunales federales queda consolidada y la hipótesis de un sistema de pago sistemático de sobornos vuelve a cobrar fuerza institucional.

El corazón de la causa se remonta a las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer del entonces ministro de Planificación, Julio de Vido. Sus cuadernos detallaban supuestos recorridos, entregas de bolsos y montos millonarios que, según las acusaciones, formaban parte de una estructura destinada a asegurar beneficios en licitaciones públicas. Esos registros, cuya veracidad fue objeto de múltiples controversias, abrieron una investigación que alcanzó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a De Vido y a una extensa nómina de ex funcionarios y empresarios.

Los empresarios Balán, Dragonetti y Loson, procesados por cohecho reiterado, buscaron en los últimos años cambiar el eje de la investigación alegando que los hechos respondían a maniobras de financiamiento electoral. Este enfoque pretendía que la causa fuera atendida por el fuero electoral, que tiene competencias específicas en materia de financiamiento de campañas. Sin embargo, el rechazo de la Corte no solo frustra esa estrategia sino que sella, al menos por ahora, el rumbo federal de una de las investigaciones más significativas de las últimas décadas.

La continuidad del proceso permitió que este jueves avanzara la quinta audiencia del juicio oral, donde la fiscalía reiteró una acusación de alto voltaje político y jurídico: Cristina Kirchner fue señalada como la “destinataria final” del dinero recaudado mediante sobornos. El fiscal federal Carlos Stornelli sostuvo que la ex mandataria “recibió sumas de dinero en su domicilio”, de acuerdo con la reconstrucción elaborada desde la instrucción. Según el requerimiento de elevación a juicio, Cristina Kirchner era “la principal receptora” del dinero aportado por privados a cambio de favores en la adjudicación de obras y contratos del Estado.

La acusación profundizó además en el rol que habría cumplido el departamento de la calle Uruguay, en Recoleta —donde vivió la ex presidenta durante parte de su mandato—, señalado como uno de los centros de recepción y acopio del dinero proveniente de los empresarios. Parte de ese circuito habría sido canalizado, según la fiscalía, a través de Héctor Daniel Muñoz, ex secretario privado de los Kirchner y figura central en numerosas investigaciones vinculadas al flujo de fondos durante esos años.

Cristina Kirchner escuchó la lectura conectada vía Zoom desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. En el expediente central de Cuadernos está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho en 22 hechos, en el marco de una acusación que agrupa un total de 128 episodios de pagos ilegales.

Durante la audiencia, la fiscalía buscó trazar un hilo conductor entre distintos eslabones del caso, sosteniendo que “todos convergen en un solo punto”. En su lectura, la estructura investigada tenía una jerarquía definida y un destino final claro: la entonces presidenta de la Nación. La articulación de funcionarios, empresarios y operadores habría permitido, según la acusación, consolidar un esquema sistemático de recaudación ilegal.

Con el rechazo de la Corte y el avance del juicio, la causa Cuadernos vuelve a instalarse en el centro de la agenda judicial y política. La resolución del máximo tribunal refuerza la competencia federal en un expediente que combina impacto institucional, testimonios polémicos y un debate que lleva años atravesando la vida pública argentina. Su desarrollo en los próximos meses promete reactivar discusiones que, lejos de apagarse, parecen adquirir nuevas dimensiones ante cada novedad procesal.