Villaverde, entre la batalla política y el test decisivo en el Senado

• LLA busca asegurar la asunción de Lorena Villaverde el 28 de noviembre pese a la impugnación peronista.
• El resultado depende de una votación por mayoría simple con un escenario muy ajustado.
• El peronismo reúne 28 votos; el oficialismo suma 19 propios, 5 del PRO y negocia con radicales y provinciales.
• La impugnación se basa en presuntos vínculos con “Fred” Machado y antecedentes en EE. UU., que LLA niega.
• La Comisión emitió dictámenes contrapuestos; el debate generó cruces fuertes entre Mayans, Atauche y Juez.
• Patricia Bullrich respaldó a Villaverde y calificó el proceso como una “impugnación política”.

La Libertad Avanza encara una semana clave: el oficialismo busca asegurar que la legisladora rionegrina Lorena Villaverde pueda jurar como senadora el próximo 28 de noviembre, mientras enfrenta una impugnación impulsada por el justicialismo que tensó al máximo la previa de la sesión. La definición dependerá de una votación por mayoría simple, en la que participarán tanto los senadores con mandato vigente como quienes jurarán este viernes. En ese equilibrio fino, cada ausencia, abstención o negociación podría inclinar el resultado.

La semana pasada, el peronismo promovió una impugnación que obtuvo un dictamen “no vinculante” de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El eje de la discusión son las acusaciones contra Villaverde por supuestos vínculos con Federico “Fred” Machado —empresario señalado por narcotráfico— y versiones sobre causas penales en Estados Unidos. Con ese argumento, el justicialismo sostiene que la candidata no debería asumir la banca. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el bloque peronista llega a esta instancia con 28 votos asegurados entre propios y aliados.

Del otro lado, el oficialismo cuenta con 19 votos propios y el apoyo comprometido de 5 senadores del PRO. A partir de allí, comienza una intensa ingeniería legislativa para sumar a radicales y provinciales. El mapa incluye a los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Jury, la santafesina Carolina Losada y la chaqueña Silvana Schneider, quienes podrían acompañar o abstenerse. En paralelo, negocian con los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenci.

La Libertad Avanza busca evitar un voto negativo de estos sectores, y en particular intenta convencer al pampeano Daniel Kroneberg, quien ya expresó su intención de rechazar el pliego. En este contexto, la abstención de algunos radicales aparece como una estrategia posible para impedir que el rechazo se imponga.

La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dos dictámenes de mayoría: uno a favor de validar los diplomas de los senadores electos y otro para rechazar el de Villaverde. Ese doble pronunciamiento anticipó el clima áspero que domina la discusión. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, sostuvo que la legisladora “fue sorprendida en Miami comprando dólares” y que habría sido expulsada por “trabajar en la venta de estupefacientes”, agregando que no podía permitirse que alguien vinculado al narcotráfico asumiera una banca.

Las respuestas no tardaron. Ezequiel Atauche, titular del bloque libertario, acusó a algunos senadores de montar “un show mediático” y enfatizó que “no hay ninguna inhabilidad sobreviniente”, recordando que la Corte Suprema ya se pronunció sobre el alcance de las impugnaciones. Desde el PRO, Luis Juez coincidió en que el Senado no debe asumir acusaciones sin sustento firme: “Podemos votar como queramos, pero no podemos decir cualquier cosa porque mañana me puede tocar a mí, a cualquiera”.

El radical Eduardo Vischi agregó que parte de la información utilizada para fundamentar la impugnación “no consta en la causa”, y subrayó que la decisión final recae en el cuerpo, no en interpretaciones previas. Con esa postura, dejó abierta la puerta a un respaldo, pero también a una posible abstención que podría ser decisiva.

En las últimas horas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a respaldar públicamente a Villaverde, calificando la impugnación como “política”. “Las personas, para ser expulsadas de un cuerpo o para no entrar, tienen que tener una condena, y no es el caso”, afirmó. Según Bullrich, la senadora electa cuenta con certificado de antecedentes limpio y fue validada por la Legislatura rionegrina. “Si hay que juzgar a alguien inocente porque políticamente estamos en partidos distintos, nos estamos equivocando”, sentenció.

El oficialismo confía en que los números puedan acomodarse en las horas previas a la sesión. El peronismo, por su parte, apuesta a sostener el bloque de rechazo y evitar fugas. En un Senado fragmentado y con alianzas en constante movimiento, el caso Villaverde se convirtió en el primer test institucional fuerte sobre los límites y alcances de las impugnaciones políticas, y también en un pulso anticipado del clima que dominará el nuevo período legislativo.