

Los gremios estatales esperan reunirse con la Provincia para pedir un bono extraordinario de fin de año que compense la caída del poder de compra de los salarios, pero se encontrarán con la negativa del gobierno de Córdoba, donde aseguran que, con la recaudación propia y la coparticipación a la baja, se está haciendo un esfuerzo extraordinario para cubrir lo acordado en paritarias y que, además, no hay motivos que justifiquen modificar la pauta. Tampoco parece haber mucho margen, de parte del Panal, de aplicar la cláusula gatillo establecida en las actas de las paritarias de este año, que se dispararía si el IPC Córdoba superara a los aumentos otorgados. Para uno de los secretarios generales consultados, la diferencia puede ser de dos puntos.
Tanto la UEPC que conduce Roberto Cristalli como el SEP que encabeza Sergio Castro, más todo el conglomerado sindical del sector público esperan la llamada del secretario general de la Gobernación, David Consalvi, para reunirse el jueves o viernes en el Panal. Ya hubo conversaciones telefónicas con el funcionario que tiene a cargo la relación con los gremios del sector público, y previamente hubo actividad entre secretarios generales para ponerse de acuerdo con los reclamos. De las charlas previas participaron, además de los mencionados, los legislativos, Casinos, Vialidad, Luz y Fuerza Regional, Union de Personal Superior, entre otros.
Fuentes provinciales con acceso al tema aseguraron que los cálculos por los aumentos fueron hechos de manera milimétrica y que pese a haber caído todos los ingresos, la Provincia va a honrar lo firmado con los gremios. “No lo vamos a denunciar”, afirman, pero advierten que la paritaria del año que viene (febrero los docentes, marzo el SEP) va a ser compleja porque a la baja de los ingresos se suma la rebaja impositiva en Ingresos Brutos (tamién en los impuestos patrimoniales, pero tienen menos incidencia en los ingresos), lo que implicará, si no hay crecimiento importante de la economía, más caída de la recaudación y menos plata para distribuir en el sector público. A esto hay que sumarle que en el Presupuesto 2026 la pauta salarial para los estatales es de 10 puntos, la inflación que el gobierno de Javier Milei calculó para todo el año.
Es lo se que se votó, deslizan desde el llaryorismo, y acotan: es lo que muchos empleados públicos votaron.
En el gobierno de Martin Llaryora no sólo preparan el rechazo al bono o a la activación de la cláusula gatillo. Uno de los puntos del menú gremial es que se mantenga el no cobro del FOSAET (Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica) que se aplica mensualmente con la cuota del Apross, la obra social obligatoria de los estatales. La decisión es que la suspensión rija hasta fin de noviembre como estaba acordado y que no se extienda hasta febrero o marzo, como esperaban los secretarios generales. Fue un pedido de Apross. Lo que sí, habrá una alícuota menor para los que cobren hasta dos millones de pesos y una mayor para los que superen esa cifra.
El monto del bono que pedirán los gremios estaba a definirse. Algunos hablaban de 200 mil, otros de 250 o 300 mil. En diciembre del año pasado, los trabajadores del SEP recibieron 100 mil pesos que habían sido acordados en las paritarias. La Provincia también pagó este año un bono bimensual a los jubilados, luego de que se firmara el acuerdo con la Nación por el déficit de la Caja de Jubilaciones, por el cual el tesoro provincial recibe de Anses 5000 millones mensuales, un tercio del rojo real. Funcionarios del Panal viajan hoy a CABA para reunirse con los responsables del organismo previsional nacional a retomar las negociaciones y el resultado de estas conversaciones es considerado determinante de lo que se arregle a futuro con los jubilados.
La UEPC Capital conducida por el izquierdista Franco Boczkowski reclama un millón de pesos por cargo en concepto de bono. No tiene lugar en la mesa de negociaciones pero sí el capital político para tensionar el reclamo docente en un sector que viene enojado con el PJ provincial y el oficialismo cordobés en general. Hay que recordar que en 2026 hay elecciones de delegados escolares y la lista Unidad desde las Escuelas va a buscar extender su influencia opositora.
“Difícil”, admitieron los referentes gremiales sobre la posibilidad de que Llaryora largue plata. Llaryora tiene datos para mostrar. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en términos reales, los salarios del sector público nacional perdieron un 32,6% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, mientras que sus homólogos de la provincia de Córdoba perdieron mucho menos en esos meses: 6,3%.
Otros reclamos
Los estatales quieren calentar motores para la negociación paritaria que en febrero tiene la UEPC y en marzo-abril el SEP. Los acuerdos firmados a principios de año abren la posibilidad de, a fines de noviembre, revisar las actas firmadas para comprobar si hay un desfasaje entre los aumentos y el costo de vida Córdoba, el parámetro elegido para que los salarios acompañen la inflación. Si lo hay, se habilita la cláusula gatillo. Hay que esperar el IPC Córdoba de noviembre, pero hasta octubre había acumulado un aumento del 25,9% contra el 24,8% del mismo período a nivel nacional.
Si no hay plata, que haya reducción de recortes o de cargos, dicen los sindicalistas. Un tema que estará en la mesa de negociaciones es el diferimiento salarial que sufren los docentes en situación pasiva que cobran a partir de 1.240.000 pesos. El pedido es que el piso suba a 1,5 o 1,6 millones para liberar a más jubilados del retraso en el cobro de los aumentos. Además, insistirán con la modificación del artículo 58 de la ley previsional por el cual la Caja de Jubilaciones aplica recortes en las pensiones de los beneficiarios que también cobren jubilaciones provinciales. En esa misma línea está el pedido para que se prorrogue más tiempo el cobro del FOSAET (Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica) que aplica el Apross.
CON INFORMACION DE DIARIOALFIL.





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