Paoltroni denuncia una red de mataderos clandestinos en Formosa y apunta a Insfrán por encubrimiento estructural

• Paoltroni denunció en Comodoro Py una supuesta red de mataderos clandestinos en Formosa.
• Acusó a intendentes, policías y al gobernador Insfrán de encubrir la actividad desde hace décadas.
• Sostuvo que en la provincia no existe justicia independiente y justificó la presentación en Buenos Aires.
• Alertó sobre riesgos sanitarios graves y manipulación de estadísticas de salud.
• Vinculó los mataderos ilegales con el abigeato y un entramado de corrupción local.
• Reclamó la intervención de Senasa y cuestionó la falta de controles y respuestas oficiales.

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, volvió a encender la escena política provincial con una denuncia explosiva presentada ante la Justicia Federal de Comodoro Py. Según afirmó, en su provincia existe una red de mataderos clandestinos que operaría desde hace décadas con la complicidad de intendentes, policías y del propio gobernador Gildo Insfrán. La acusación, que ya generó repercusión nacional, se sustenta en lo que el legislador describe como un entramado de corrupción, encubrimiento y riesgo sanitario sistemático.

Paoltroni justificó la presentación fuera de Formosa, al asegurar que allí no existen condiciones para un accionar judicial independiente. “En Formosa no existe la justicia desde el momento en que Insfrán burló la Constitución Nacional y se alzó con el poder completo”, sentenció. Para reforzar esa acusación, sostuvo que durante cuatro décadas el gobernador ha nombrado jueces y fiscales que, según él, responden de manera directa a la estructura oficial. Ese dominio, advierte, vuelve imposible investigar o desactivar prácticas ilegales vinculadas al poder político local.

La denuncia, además, exhibe un costado sanitario alarmante. Según el senador, los mataderos clandestinos funcionan en condiciones extremas, sin controles, sin protocolos y en entornos que describió como “propicios para la propagación de virus y bacterias mortales”. Allí —relató— se faena junto a perros, gatos, ratas y aves carroñeras, en instalaciones sin habilitación alguna y sin monitoreo de Senasa. Entre los riesgos mencionados figuran salmonella, síndrome urémico hemolítico y otras enfermedades asociadas a la contaminación en la manipulación de alimentos.

Paoltroni también denunció la supuesta manipulación de estadísticas sanitarias provinciales. “Anotan fallecidos por tuberculosis como paro cardiorrespiratorio, así dibujan las estadísticas”, aseguró, al insinuar que las cifras oficiales no reflejan el impacto real de los riesgos a los que estaría expuesta la población. Sin embargo, no presentó hasta el momento documentación pública que respalde estos señalamientos, lo que anticipa que la Justicia buscará precisiones durante la instrucción del caso.

La trama que describe incluye, además, delitos conexos como el abigeato. Según el legislador, Formosa es una de las provincias con mayor incidencia de este crimen y ello estaría directamente ligado a la existencia de mataderos ilegales que proveen un canal para comercializar animales robados. “El delito prolifera cuando el Estado está coordinado para que ocurra lo que ocurre”, afirmó. Con esto apuntó a intendentes y comisarios, a quienes señaló como parte del circuito delictivo que —sostiene— no se desarticula por conveniencias económicas y políticas.

En su reconstrucción, Paoltroni afirma que la clandestinidad “funciona así desde siempre en Formosa”, a diferencia de otras provincias donde —sostiene— estas prácticas fueron erradicadas hace décadas. Según su visión, la continuidad de este sistema revela una decisión deliberada de “seguir el camino de la ilegalidad y del riesgo sanitario”.

El rol de los organismos de control también quedó bajo la lupa. El senador señaló falta de respuestas por parte de Senasa y de áreas provinciales encargadas de la sanidad y la producción. “Aquí hay un delito a la vista de todos. Lo que tiene que ocurrir es la clausura automática y que se busque a todos los responsables”, reclamó. La denuncia ingresada en los tribunales federales abre ahora un nuevo capítulo en un conflicto de larga data entre sectores opositores y el modelo político de Insfrán, que lleva más de un cuarto de siglo al frente de la provincia.

Mientras la Justicia determina si los hechos denunciados pueden comprobarse, el caso ya instaló un debate de alcance nacional sobre controles sanitarios, funcionamiento institucional y la capacidad de los estados provinciales para frenar entramados ilegales con impacto directo en la salud pública.