El desembarco de Presti en Defensa reaviva el debate sobre el control civil y el rol de las Fuerzas Armadas

• La designación de Carlos Presti, militar en actividad, como ministro de Defensa es inédita desde 1983.
• Julio Martínez sostiene que Presti debe pasar a retiro por normativa vigente.
• El exministro afirma que no existen riesgos institucionales, pero sí requisitos administrativos.
• Señala problemas salariales y de obra social en las Fuerzas Armadas.
• Destaca que las amenazas actuales requieren repensar la capacidad de defensa.
• La decisión presidencial reabre debates sobre control civil y modernización militar.

La designación del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa abrió un capítulo singular en la historia reciente: por primera vez desde el retorno democrático, un militar en actividad asumirá la conducción política de la cartera. El nombramiento, decidido por el presidente Javier Milei, generó un intenso debate puertas adentro de las Fuerzas Armadas y en el ámbito político, donde las opiniones se dividen entre el impacto simbólico y las implicancias institucionales del movimiento.

Uno de los dirigentes que tomó postura con mayor claridad fue Julio Martínez, ex ministro de Defensa durante la gestión de Mauricio Macri. En una entrevista reciente, sostuvo que el oficial designado debe pasar a retiro antes de asumir el cargo. “Presti debería pasar a retiro para asumir, no puede ocupar los dos roles”, afirmó. Para Martínez, la objeción no se vincula con la figura del general ni con su trayectoria, sino con el marco legal que delimita las funciones entre autoridad civil y militar, construido a lo largo de cuatro décadas de democracia.

La llegada de Presti se produce en un contexto de transformaciones globales en materia de seguridad y en un país que todavía procesa tensiones históricas alrededor de la cuestión militar. Pese a ello, el exministro relativizó los temores de un retroceso institucional. “Con la consolidación de las instituciones, con fuerzas armadas formadas en democracia y respetuosas de la Constitución, no tengo problemas en que un militar asuma como ministro”, señaló. El cuestionamiento, insistió, pasa por la necesidad de cumplir con la normativa que regula la situación de revista. Para reforzar su punto, recordó un caso durante su gestión: “Cuando fui ministro encontré irregularidades, Berni estaba activo en el Ejército cuando asumió un cargo y lo pasamos a retiro. Esa situación no se puede dar”.

Martínez hizo un repaso histórico para contextualizar la discusión. Citó las leyes de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia sancionadas en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, que establecieron límites precisos para garantizar el control civil y evitar superposiciones de mando. Desde su perspectiva, esos pilares siguen vigentes, pero deben interpretarse a la luz de una sociedad que cambió sensiblemente en 40 años. “Si esto ocurría hace 30 o 40 años yo hubiera estado en desacuerdo, pero hoy ya no debería hacer ruido”, dijo, y comparó con países donde los militares participan de gobiernos sin fricciones institucionales, como Estados Unidos o varios europeos.

Durante la entrevista también puso el foco en la situación salarial y social de las fuerzas. Señaló que los ingresos actuales, entre 900 mil y 2 millones de pesos, se encuentran por debajo de lo necesario para sostener la estructura militar. A ello se suma, según indicó, el deterioro de la obra social IOSFA, que enfrenta dificultades para cubrir prestaciones ante un desfasaje creciente entre aportes y salarios.

En paralelo, Martínez analizó los nuevos desafíos en materia de defensa. Aseguró que el escenario internacional muestra amenazas que ya no provienen exclusivamente de ejércitos regulares, sino de actores no estatales con capacidades tecnológicas avanzadas. “Hoy los conflictos muchas veces son ataques terroristas. A esas amenazas no las podés pelear con la policía de la esquina”, argumentó, mencionando como ejemplo incursiones violentas registradas en Brasil. En ese sentido, subrayó que la definición sobre el ministro de Defensa es prerrogativa presidencial, y minimizó la posibilidad de internas silenciosas dentro de la fuerza. Incluso destacó el respaldo electoral que el Gobierno obtuvo en mesas donde vota personal militar.

Sobre el final, el exministro apuntó contra lo que calificó como interpretaciones restrictivas de la normativa durante el kirchnerismo. Según su lectura, ese enfoque limitó la capacidad de las Fuerzas Armadas para adaptarse a amenazas contemporáneas. Frente a ese antecedente, consideró esencial que el rol militar quede definido con claridad en la ley y sin condicionamientos políticos coyunturales.

La llegada de Carlos Presti, en este marco, abre un debate que combina historia, regulación y futuro. Un movimiento inédito que obliga a revisar la relación entre poder civil y militar, al tiempo que plantea interrogantes sobre cómo se prepara la Argentina para enfrentar los desafíos de defensa de un mundo volátil y cada vez más imprevisible.