El Gobierno acelera su agenda de reformas y prepara un verano legislativo cargado

• El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias con un temario amplio de reformas estructurales.
• El Consejo de Mayo presentará proyectos laborales, educativos y tributarios el 15 de diciembre.
• La reforma laboral busca modernizar registración, jornada, licencias e indemnizaciones.
• El nuevo Código Penal endurece penas por corrupción, piquetes y barrabravas y protege a la Policía.
• El Presupuesto 2026 prioriza aumentos reales pero mantiene la exigencia del equilibrio fiscal.
• Podrían incorporarse al debate aspectos del acuerdo comercial con Estados Unidos.

El Gobierno se encamina hacia uno de los veranos legislativos más intensos de los últimos años. Tras meses de anticipos, la Casa Rosada ratificó su decisión de convocar a sesiones extraordinarias para que el Congreso trabaje durante enero y febrero en un paquete amplio de reformas que, según el presidente Javier Milei, resultan centrales para encarar la segunda etapa de su mandato. Las iniciativas van desde cambios estructurales en el sistema laboral y educativo hasta un nuevo Código Penal y la discusión del Presupuesto 2026.

El clima político hacia diciembre se encuentra marcado por la expectativa del recambio legislativo del día 10, que fortalecerá numéricamente a La Libertad Avanza, aunque la actividad parlamentaria comenzará recién el 15. Para esa fecha, se prevé que el Consejo de Mayo entregue los proyectos sobre los cuales trabajó desde su creación: reformas laboral, educativa y tributaria. El grupo tendrá su última reunión esta semana en la Casa Rosada, donde revisará los borradores finales junto a los sectores involucrados. La intención del Poder Ejecutivo es sellar un entendimiento con la CGT en los puntos más sensibles de la reforma laboral para evitar conflictos sindicales, en un momento en que la central obrera transita un proceso de continuidad en su conducción y mantiene un diálogo relativamente fluido con el Gobierno.

En la Casa Rosada, sin embargo, persiste el malestar por las filtraciones que circularon en los últimos días sobre los contenidos preliminares de las reformas. Desde el Ejecutivo remarcan que nada de lo trascendido constituye aún un proyecto definitivo. Entre los ejes que sí están en estudio para la reforma laboral figuran la modernización de los métodos de registración, la reorganización de la jornada, la actualización del esquema de vacaciones y licencias, cambios en los beneficios sociales, una revisión del sistema de indemnizaciones y una regulación más estricta para las actividades consideradas esenciales.

La reforma educativa aparece como otro de los pilares del Consejo de Mayo. Las versiones que se conocieron indican que las instituciones educativas podrán establecer sus propios planes de estudio, ampliando su autonomía. Al mismo tiempo, se abriría la puerta a un esquema más flexible para las familias, que podrían optar por la escolarización tradicional, el aprendizaje en el hogar o modalidades híbridas. Además, el Gobierno insistirá en declarar la educación básica como actividad esencial, con el objetivo de limitar el impacto de los paros docentes y garantizar la continuidad del servicio.

En contraste con estos debates aún abiertos, el nuevo Código Penal es uno de los proyectos ya finalizados. Elaborado por un equipo de especialistas, propone elevar las penas por corrupción, endurecer el marco contra los piqueteros y barrabravas, fortalecer la protección legal hacia las fuerzas de seguridad y sumar nuevos tipos penales vinculados incluso al orden internacional. De aprobarse sin cambios, la normativa vigente de 1921 pasaría de 316 a 540 artículos e incorporaría cerca de mil leyes especiales.

El Presupuesto 2026 también forma parte del temario. Presentado por Milei en septiembre, el texto se encuentra bajo revisión del Ministerio de Economía, que evalúa modificaciones a partir de los pedidos de los gobernadores. La versión original contempla incrementos por encima de la inflación proyectada en partidas clave: jubilaciones (+5%), salud (+17%), educación (+8%) y pensiones por discapacidad (+5%). Además, prevé un aumento significativo para las universidades nacionales. El Ejecutivo está dispuesto a negociar, pero mantiene una condición inamovible: preservar el equilibrio fiscal. Incluso incluyó un artículo que prohíbe al Tesoro financiarse mediante el Banco Central. “Si no terminamos el proceso de cambio, tiraremos por la borda el esfuerzo realizado”, advirtió el Presidente al defender el proyecto.

Otro punto que promete debate es la llamada “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, orientada a incentivar el uso de dólares no declarados adquiridos durante el cepo. La iniciativa reduce de manera drástica los plazos de prescripción por evasión simple, limita el margen de acción penal de la autoridad tributaria y aumenta las multas. Según el titular de ARCA, Juan Pazo, los nuevos umbrales buscan evitar que “ninguna administración futura pueda perseguir” a los contribuyentes bajo criterios que consideran excesivos.

Finalmente, el Gobierno analiza si incorporará a las extraordinarias algún proyecto vinculado al acuerdo comercial con Estados Unidos, un entendimiento que incluiría medidas para combatir la falsificación de productos, elevar estándares de propiedad intelectual y prohibir importaciones producidas mediante trabajo forzoso. También prevé reconocer a ese país como jurisdicción adecuada para transferencias de datos, un punto que requeriría aval legislativo.

Con un temario tan amplio como ambicioso, el oficialismo apuesta a que el verano sea la plataforma para consolidar su programa de reformas y avanzar en los cimientos normativos de la segunda fase de su gobierno.