Un giro forzado hacia el repo: el Gobierno redefine su estrategia para conseguir dólares

• El Gobierno abandona el préstamo de u$s20.000 millones y avanza hacia un repo de u$s5.000 millones.
• Los bancos de Wall Street exigieron garantías soberanas que el Tesoro estadounidense rechazó.
• La Reserva Federal se retiró definitivamente de cualquier esquema de garantías vinculadas al SOMA.
• Estudios jurídicos internacionales diseñan nuevas estructuras de colaterales.
• El uso de BoPreales existentes es una de las alternativas para evitar nuevas emisiones.
• El Gobierno necesita cerrar el repo antes de fin de mes para cubrir vencimientos críticos de 2026.

En medio de una coyuntura marcada por urgencias financieras y expectativas frustradas, el Gobierno avanza contrarreloj para cerrar un crédito privado de hasta u$s5.000 millones mediante una operación de repo. La alternativa, presentada ahora como la opción más realista, surge tras el derrumbe definitivo del esquema original: un préstamo de u$s20.000 millones con bancos de Wall Street que se esfumó la semana pasada entre desacuerdos por garantías, tensiones regulatorias en Washington y resistencias políticas internas en Estados Unidos.

El giro no es menor. Lo que hasta hace unos días aparecía como un acuerdo en etapa final con gigantes financieros como J.P. Morgan, Citi, Bank of America y Goldman Sachs terminó en un impasse irreversible cuando esas entidades exigieron un “backstop” explícito del Tesoro norteamericano. Sin ese aval soberano, y con un Congreso estadounidense intransigente en pleno año electoral, el Tesoro descartó asumir compromisos que pudieran interpretarse como un salvataje encubierto. Voces como la de la senadora Elizabeth Warren sumaron presión al cuestionar la falta de transparencia del esquema.

La confirmación de que la Reserva Federal se retiró definitivamente de cualquier participación ligada a su cartera SOMA clausuró la posibilidad de utilizar activos de la Fed como colateral. Fue el golpe final para el crédito de mayor magnitud. Los negociadores argentinos, entonces, se vieron obligados a reconfigurar el tablero: menos dinero, más urgencia y una ingeniería de garantías mucho más compleja.

El repo como herramienta necesaria

En este nuevo escenario, la operación de repo aparece como un puente: dólares inmediatos a cambio de activos en garantía, con la expectativa de cancelar el préstamo mediante emisiones futuras. La urgencia es clara: las reservas netas rondan los u$s16.000 millones negativos, según la contabilidad del FMI, y el Gobierno necesita estabilizar el frente cambiario en un contexto en el que se acercan vencimientos significativos.

El diseño actual se aleja totalmente de la idea inicial de involucrar activos del SOMA. Según fuentes del sistema financiero, la decisión del Board de la Fed de no participar dejó expuestas diferencias internas entre sectores más duros y más flexibles de la institución sobre el riesgo de prestar apoyo indirecto a una economía de crédito especulativo como la argentina.

A partir de ese portazo, el Gobierno enfocó su estrategia en estructurar garantías alternativas que puedan ser aceptadas por el sector privado sin comprometer recursos estadounidenses. Para ello, convocó a los estudios jurídicos más influyentes del mundo. La flamante Allen & Overy Shearman encabeza el diseño técnico, acompañada por firmas del calibre de Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb.

La ingeniería legal detrás del acuerdo

El desafío es enorme: construir un marco de garantías híbridas capaz de cubrir hasta el 50% del monto solicitado en caso de default, sin violar regulaciones de la Fed ni condicionar la relación con el FMI. La falta de consenso entre los bancos sobre qué activos aceptar como colateral refleja el riesgo país todavía en niveles críticos y la fragilidad macroeconómica local.

En paralelo, el Exchange Stabilization Fund del Tesoro norteamericano intervino indirectamente al vender Derechos Especiales de Giro (DEGs) para que el Gobierno cumpliera el último pago con el FMI. Ese gesto, si bien limitado, fue interpretado como una señal de confianza hacia la conducción económica, aunque sin compromisos crediticios estructurales.

El Ministerio de Economía presentará esta ingeniería financiera en su próxima ronda de diálogo con inversores a comienzos de diciembre. Allí buscará reforzar la idea de que el repo es un instrumento transitorio y que la estrategia de acumulación de reservas es consistente con el esquema de desinflación y el sendero fiscal elegido.

Las garantías en debate y el reloj en contra

El corazón del acuerdo sigue atado a dos variables: qué garantías ofrecer y bajo qué tasa. Los repos implementados anteriormente por el Banco Central utilizaron como respaldo los Bonos del Tesoro en dólares (BoPreales), instrumentos que ayudaron a contener riesgos pero generaron discusiones sobre su impacto en la curva de rendimientos.

Ahora, con un monto mayor, la disponibilidad de estos bonos se vuelve un limitante. Una alternativa en estudio consiste en utilizar BoPreales ya existentes en manos del Banco Central, lo que evitaría nuevas emisiones. Para eso se necesitarían ajustes regulatorios específicos, un proceso que aún genera dudas dentro del propio organismo.

Todo ocurre bajo la lupa del FMI. Kristalina Georgieva reiteró que cualquier flujo privado no debe alterar las prioridades de pago de los u$s60.000 millones ya adeudados. La advertencia subraya que el margen de maniobra es escaso.

El reloj también presiona: el Gobierno necesita asegurar al menos u$s4.300 millones para enfrentar los vencimientos de enero de 2026. Si ese objetivo falla, la consecuencia inmediata sería una suba del riesgo país, mayor tensión cambiaria y un desgaste acelerado del programa económico.