Una telaraña fiscal que asfixia a la industria: el peso oculto de Ingresos Brutos

• Las provincias y CABA adeudan $98.579 millones a empresas por retenciones en exceso de Ingresos Brutos.
• Más de la mitad de los saldos retenidos provienen de jurisdicciones donde las firmas no operan.
• La alícuota efectiva de Ingresos Brutos termina siendo 80% superior a la nominal para la industria.
• La recuperación de saldos es lenta, sin actualización y con elevada carga administrativa.
• Ingresos Brutos es clave para la recaudación provincial, lo que dificulta cualquier intento de reforma.
• La UIA propone cambios para reducir distorsiones y mejorar la competitividad del sector.

El último relevamiento elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a desnudar un problema crónico y cada vez más gravoso para el aparato productivo nacional: la acumulación de saldos retenidos por el Impuesto a los Ingresos Brutos que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplican de manera extendida y, en muchos casos, sin correlato territorial con la actividad real de las empresas. Según los datos registrados hasta el 31 de marzo, el monto adeudado por las jurisdicciones asciende a $98.579 millones, producto de retenciones bancarias que superan largamente las obligaciones fiscales formales.

El informe, que surge de una encuesta a 137 compañías de distintos rubros, muestra que el fenómeno no solo se mantiene, sino que escala a un ritmo inquietante: el saldo promedio retenido por firma trepó a $719 millones, con un incremento nominal del 86% interanual, incluso superior a la inflación del período. Para la industria, se trata de la evidencia de un sistema que, lejos de ordenar la recaudación, termina distorsionando la carga tributaria y afectando directamente la competitividad.

Uno de los puntos más sensibles del relevamiento es que el 54% de los saldos se originan en provincias donde las empresas ni siquiera cuentan con una oficina comercial. Esto se explica por un mecanismo extendido: varias jurisdicciones aplican retenciones a compañías no radicadas en su territorio, lo que en la práctica convierte a Ingresos Brutos en una suerte de arancel interno. El ejemplo típico es el de una empresa que produce en una provincia, vende a clientes en otras tres y, finalmente, es alcanzada también por retenciones en la provincia donde opera el banco que administra la tarjeta de crédito del consumidor final. La cadena, así, se multiplica en cada eslabón sin criterio territorial unificado.

El sistema se articula a través de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), que administra regímenes como SIRCREB para acreditaciones bancarias y SIRTAC para operaciones con tarjeta. Si bien su objetivo formal es ordenar la compensación entre provincias, en la práctica los saldos a favor quedan atrapados en procedimientos lentos, engorrosos y, en muchas oportunidades, sin actualización por inflación. La recuperación puede tardar meses o años, cuando no se diluye por completo.

A esta burocracia se suma otro problema: las empresas están obligadas a inscribirse como contribuyentes en cada provincia donde tienen un cliente. La carga administrativa se multiplica y agrava un cuadro ya complejo, especialmente para firmas medianas que no cuentan con estructuras contables extensas. El resultado es una alícuota efectiva que, según la UIA, termina siendo en promedio un 80% superior a las tasas nominales que formalmente gravan la actividad industrial.

El trasfondo político y económico es claro: Ingresos Brutos representa entre el 70% y el 80% de los recursos propios de las provincias. Su eliminación —o incluso su reducción— resulta prácticamente inviable sin un rediseño profundo del esquema fiscal federal. El Gobierno nacional, sin embargo, planea impulsar una reforma integral que apunte a desactivar tributos que encarecen la producción. Cualquier negociación, no obstante, deberá incluir mecanismos alternativos de financiamiento, como un IVA provincial o un impuesto a la última venta que evite la acumulación en cascada.

En este contexto, los industriales plantean una serie de modificaciones para aliviar el impacto distorsivo. Entre ellas, la eliminación de regímenes de retención entre agentes, la adecuación de alícuotas, la automatización de certificados de exclusión y devoluciones, el criterio territorial como eje para las retenciones y la posibilidad de compensar saldos a favor con obligaciones fiscales propias. Son propuestas que buscan ordenar un sistema que, en su formato actual, opera como un laberinto recaudatorio en el que las empresas pierden tiempo, recursos y previsibilidad.

El cuadro general muestra que la presión tributaria no se limita a las tasas legales. En los hechos, las provincias han construido un mecanismo de recaudación paralelo que opera antes de que la obligación fiscal exista y que se financia, de manera implícita, con el capital de trabajo de las empresas. Un sistema diseñado para controlar la evasión terminó convirtiéndose en un entramado que castiga la producción y encarece los costos. La discusión sobre una reforma tributaria vuelve, así, al centro del debate económico y político.