Un Senado más chico: el plan de Villarruel para achicar la estructura y reordenar el gasto

• El Senado redujo su planta en casi 20% en dos años, con 974 empleados menos.
• La meta para 2026 es bajar la dotación a cerca de 3.200 trabajadores.
• El control biométrico y los retiros anticipados explicaron la mayor parte de las bajas.
• Se recategorizaron 1.143 empleados con aumentos promedio del 23%.
• El ahorro proyectado proviene de recortes en adicionales, jubilaciones y cargas sociales.
• Villarruel impulsará retiros voluntarios, auditorías médicas y un premio por presentismo en 2026.

El Senado de la Nación hizo público un balance interno que muestra una reducción significativa en su plantilla de empleados y anticipa nuevas medidas de ajuste para los próximos meses. Según el informe de Recursos Humanos elevado a la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Cámara alta recortó en dos años casi un 20% de su personal, al pasar de 4.902 a 3.928 empleados. El número sigue siendo alto: implica un promedio de 54 trabajadores por cada uno de los 72 senadores. Pero para la actual conducción, el descenso de 974 puestos marca un quiebre respecto de lo que describen como “un exceso de personal heredado”.

El reporte se conoce en la previa del recambio parlamentario de mañana y en un contexto de fuerte presión fiscal: el Presupuesto proyectado para el Senado en 2026 prevé partidas por 172 mil millones de pesos, unos 11 mil millones menos que lo previsto para 2025. En ese escenario, la reducción de la estructura administrativa fue presentada como un eje de gestión. De los empleados que dejaron sus cargos, solo 82 fueron reemplazados, una señal de que el recorte se concentró en la planta administrativa y no en las áreas parlamentarias.

El documento detalla que el 87% de los contratos parlamentarios —cuatrocientos en total— se mantuvo estable durante el período analizado. El grueso de la depuración se explica por dos factores: la implementación del control biométrico, que derivó en 372 renuncias, y el plan de retiro anticipado para quienes estaban cerca de la jubilación, con 305 adhesiones. A ello se sumó un control más estricto de certificados médicos, licencias, adscripciones y jubilaciones, que produjo 250 bajas adicionales, más otras 47 por incumplimientos detectados.

Actualmente, de los 3.928 empleados, 1.146 son asesores parlamentarios, un universo que se mantuvo prácticamente estable y sobre el que Villarruel no tiene injerencia directa. El informe también recuerda que el máximo histórico de personal se registró en 2014, durante la gestión de Amado Boudou, cuando la nómina llegó a 7.152 empleados. Ese número se redujo a 5.300 en tiempos de Gabriela Michetti y siguió en descenso hasta acercarse hoy a los niveles de 2011, cuando la Cámara era presidida por Julio Cobos.

La meta para 2026 es reducir la dotación total a unos 3.200 empleados. En paralelo, la conducción del Senado impulsa la política de “menos gente, mejor paga”: busca recomponer el salario de los trabajadores legislativos, que perdió 32% de poder adquisitivo en los últimos dos años y casi 65% en los últimos cinco. Ese objetivo deberá financiarse con un presupuesto de 183 mil millones de pesos —incluidos acuerdos paritarios—, una cifra similar a la vigente en 2024.

Uno de los capítulos centrales del informe es el de las recategorizaciones. De los 2.782 empleados administrativos, 1.143 fueron recategorizados durante 2025, el 41% del total. Se eliminó la categoría 14 por estar por debajo del umbral de pobreza y se realizó un proceso basado “en el mérito y no en la discrecionalidad”, según el reporte. Los trabajadores alcanzados por la medida recibieron un incremento promedio del 23% en sus ingresos, financiado íntegramente con recursos internos y sin partidas extraordinarias, salvo las correspondientes a paritarias.

Los ahorros generados provinieron de múltiples decisiones: el retiro anticipado redujo un 19% las cargas sociales (unos 665 millones de pesos anuales); el cierre del jardín maternal con reemplazo por un adicional por hijo generó un ahorro de 470 millones; y la redistribución de adicionales —en especial el de comida— permitió pasar de un gasto mensual de 56 millones a 7 millones, con un ahorro cercano a los 400 millones anuales. En cuanto a jubilaciones, se intimó a 198 empleados a acogerse al beneficio, lo que permitiría un ahorro de más de 324 millones en 2025.

De cara al año próximo, la Cámara alta prevé implementar un plan de retiros voluntarios que permitiría la salida de al menos 200 trabajadores durante el primer semestre, además de intensificar los controles sobre licencias prolongadas y crear un premio por presentismo. También se plantea revisar la escala salarial: un director del Senado cobra hoy un 60% menos que un gerente de segunda línea en el sector privado, una brecha que la conducción considera necesario corregir en un esquema más ordenado y con una estructura más compacta.