Cooperación aduanera con EE. UU.: un acuerdo que reconfigura el tablero comercial y político

• El Gobierno firmó en Washington un acuerdo de cooperación aduanera entre ARCA y la CBP, clave para su estrategia exterior y comercial.
• El convenio busca modernizar y digitalizar la Aduana argentina, agilizando procesos y reduciendo costos logísticos.
• El intercambio de información sobre el mercado de soja introduce un componente político sensible en plena discusión por retenciones.
• Estados Unidos presiona para evitar incentivos fiscales argentinos que perjudiquen a la soja norteamericana en China.
• El acuerdo podría incluir obligaciones más estrictas, como avisos anticipados ante cambios en retenciones.
• El trasfondo incluye financiamiento del BID y el Banco Mundial y una creciente influencia geopolítica sobre las decisiones comerciales argentinas.

A una semana de haberse confirmado el nuevo acuerdo comercial bilateral, el Gobierno sumó otro movimiento estratégico en su política exterior y económica: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) firmó en Washington un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). El acuerdo, presentado como un paso central hacia la modernización del sistema aduanero argentino, abre una nueva etapa en el intercambio de información sensible entre ambos países y podría tener repercusiones en uno de los debates más delicados del momento: las retenciones a las exportaciones.

El titular de ARCA, Juan Pazo, y el director general de Aduanas, Andrés Veliz, rubricaron el convenio junto a Donald R. Stakes, subcomisionado Ejecutivo Adjunto de la CBP. Desde el organismo tributario destacaron que el objetivo es “profundizar la modernización, la digitalización y la automatización” de los procesos aduaneros, en línea con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas. Entre los beneficios esperados figuran la reducción de tiempos logísticos, la mejora de la competitividad del sector privado y el avance hacia una Aduana completamente digital, sin trámites presenciales ni documentación en papel.

Sin embargo, detrás de los tecnicismos aparece un componente político y económico de alto voltaje. Según trascendió, uno de los focos de cooperación será el intercambio de información sobre el mercado de soja, un punto que el Gobierno ya les había anticipado a los sectores agroexportadores. Aunque las fuentes oficiales remarcan que el comercio sigue siendo una dinámica entre empresas y determinada por la oferta y la demanda, la coincidencia de este acuerdo con las negociaciones sobre las retenciones despierta inquietudes.

La Casa Blanca ya había mencionado que ambas naciones se comprometieron a estabilizar el comercio mundial de soja y a facilitar inversiones en minerales críticos. Esa cláusula reavivó el capítulo del llamado tax holiday, la fallida iniciativa del Gobierno argentino de establecer retenciones cero por un cupo de USD 7.000 millones, decisión que duró menos de 72 horas y generó fuerte malestar entre productores estadounidenses, en plena puja por el swap de USD 20.000 millones.

Una fuente vinculada a las conversaciones lo explicó sin rodeos: Estados Unidos no quiere que la Argentina utilice incentivos fiscales que desplacen la soja norteamericana del mercado chino. Esa presión externa, admiten en privado funcionarios de primera línea, podría dificultar cualquier intento de reducción de retenciones, una promesa repetida por el Gobierno desde el inicio de su gestión. Aunque el canciller Pablo Quirno insiste en desmentir que Washington haya pedido mantener los tributos a las exportaciones, el recelo dentro del sector agrícola argentino es palpable.

La cooperación aduanera con Estados Unidos no es nueva. Desde los años 90, Washington opera una Unidad de Transparencia Comercial que rastrea movimientos sospechosos y patrones de lavado de capitales a partir del análisis de datos internacionales. El intercambio periódico de información forma parte de ese sistema. Sin embargo, especialistas señalan que el nuevo acuerdo podría incluir cláusulas más rígidas: por ejemplo, la obligación de notificar de manera anticipada cualquier modificación significativa en materia de retenciones, como ocurrió durante el efímero anuncio de septiembre.

El trasfondo financiero no es menor. Con un equipo económico urgido de dólares y en plena campaña de modernización institucional, ARCA accedió en los últimos meses a líneas de crédito millonarias. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por USD 1.200 millones, de los cuales USD 800 millones están destinados a reformas tributarias orientadas a mejorar eficiencia y equidad. En paralelo, el Banco Mundial dio luz verde a un proyecto de USD 300 millones para promover mayor transparencia y automatización en la administración tributaria. En ambos casos, los detalles sobre el uso específico de los fondos todavía no fueron precisados por la propia ARCA.

El acuerdo con la CBP se inscribe en ese contexto más amplio: una política de modernización acelerada, combinada con la necesidad urgente de financiamiento externo y un frente comercial cada vez más condicionado por la geopolítica. Mientras el Gobierno busca exhibir avances concretos en eficiencia y cooperación internacional, el sector agroexportador observa con cautela un escenario donde las decisiones internas quedan atravesadas por intereses y tensiones globales.

El desafío para la Argentina será encontrar un equilibrio entre la apertura a estándares internacionales, la búsqueda de competitividad y la defensa de su soberanía fiscal. Una ecuación que, a la luz del nuevo acuerdo, se vuelve más compleja y más determinante para los meses que vienen.