Tras el entendimiento con EE.UU., Milei prepara una compleja adaptación legal para habilitar el nuevo marco comercial

POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
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  • Milei avanzó en un marco comercial con EE.UU., pero la implementación dependerá de cambios legales locales.
  • El texto final podría firmarse entre diciembre y el primer trimestre de 2026.
  • Economía y Desregulación anticipan modificaciones normativas y posibles debates parlamentarios.
  • El acuerdo incluye compromisos sobre normas técnicas, propiedad intelectual y eliminación de barreras.
  • Algunos puntos —como la prohibición de bienes producidos con trabajo forzoso— requerirán aprobación del Congreso.
  • Habrá medidas administrativas para agilizar importaciones y modernizar estándares de control y datos digitales.

Tras meses de conversaciones, viajes y negociaciones, el presidente Javier Milei logró avanzar en un marco de entendimiento comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, el esfuerzo diplomático abre ahora una segunda etapa decisiva: la adaptación de la normativa local para poder cumplir con los compromisos asumidos ante la administración norteamericana. Aunque el Gobierno difundió un primer anuncio con los lineamientos generales del convenio, el texto final continúa en elaboración y podría firmarse recién en diciembre o incluso durante el primer trimestre de 2026, según reconocen equipos técnicos de ambos países.

El canciller Pablo Quirno encabezó la última misión oficial a Washington, acompañado por funcionarios de las áreas de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, señal de que la implementación del acuerdo exigirá una tarea coordinada entre varios ministerios. Tanto en Hacienda como en la oficina que conduce Federico Sturzenegger coinciden en que habrá que modificar normas vigentes e incluso someter cambios al Congreso para destrabar puntos incompatibles con los estándares comprometidos.

“Ahora resta que se hagan la revisión legal y las traducciones correspondientes, que se firme y, por supuesto, que se implemente. Para eso, vamos a tener que cambiar algunas normativas”, explicó uno de los especialistas involucrados en el proceso. La Casa Rosada prevé convocar a sesiones extraordinarias en diciembre, aunque allí se tratarán principalmente la reforma laboral y tributaria, el nuevo Código Penal y la ley de glaciares. En La Libertad Avanza aseguran que no recibieron instrucciones para incluir en ese temario iniciativas ligadas al vínculo comercial con los Estados Unidos, por lo que cualquier discusión parlamentaria sobre esas cuestiones quedaría para 2026.

En la cartera de Desregulación confían en avanzar mediante decretos para derogar barreras burocráticas, aunque admiten que habrá aspectos que necesariamente requerirán aval legislativo. Entre los compromisos asumidos figura la eliminación de formalidades consulares para importaciones estadounidenses y la gradual supresión del impuesto estadístico para esos bienes. También se acordó que Argentina adoptará normas internacionales para agilizar el comercio: medicamentos ya aprobados por la FDA o vehículos fabricados bajo estándares federales de seguridad podrán ingresar al país sin controles adicionales de organismos locales.

Un punto central del entendimiento remite a las observaciones del informe “Special 301” de 2025, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, que señala serias deficiencias nacionales en materia de propiedad intelectual. El documento menciona como caso emblemático el mercado de La Salada y advierte sobre el avance de productos falsificados en ferias barriales, ventas ambulantes y comercios del Barrio Once. También cuestiona la falta de sanciones disuasorias para infractores y la demora de los procesos judiciales por trabas formales.

Frente a ese diagnóstico, el Gobierno argentino se comprometió a reforzar los controles sobre mercadería apócrifa, tanto en el mercado físico como en el digital, y a modernizar el régimen de propiedad intelectual conforme estándares internacionales. En paralelo, se habilitará el ingreso de carne aviar estadounidense en un plazo de un año y se simplificarán los requisitos para importaciones de carne vacuna, porcinos, menudencias y lácteos, sin registros de plantas locales. Otro aspecto a implementar será la no restricción del uso de determinadas denominaciones para quesos y carnes provenientes de Estados Unidos.

Pero no todo podrá resolverse por vía administrativa. El acuerdo incluye conceptos vinculados con la protección de derechos laborales reconocidos internacionalmente, incluido el compromiso de prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Ese punto, según especialistas parlamentarios, requerirá tratamiento legislativo, dado que la Constitución establece que es atribución del Congreso regular el comercio exterior y legislar en materia aduanera.

Finalmente, el entendimiento incorpora compromisos tecnológicos: Argentina reconocerá a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencias transfronterizas de datos, incluidos los personales, y aceptará firmas electrónicas válidas bajo normativas estadounidenses, con el objetivo de facilitar el intercambio digital.

La agenda que se abre tras el acuerdo revela la complejidad del proceso: la diplomacia allanó el camino, pero la respuesta institucional y normativa será determinante para su puesta en marcha. Para el Gobierno, el desafío será equilibrar la urgencia de atraer inversiones y dinamizar el comercio exterior con la necesidad de construir consensos políticos en un Congreso donde aún no se vislumbra un trámite sencillo para las reformas.

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