La CGT advierte por la reforma laboral y exige que el Gobierno priorice una reforma tributaria

• La CGT advierte que no fue consultada por el Gobierno respecto de la reforma laboral.
• Jorge Sola reclama priorizar una reforma tributaria para aliviar la presión sobre las pymes.
• El sindicalista sostiene que cada sector requiere soluciones específicas y rechaza cambios generalizados.
• Asegura que los convenios colectivos ya incorporaron modernizaciones significativas.
• Advierte sobre intentos de debilitar a los sindicatos y afirma que sería inconstitucional.
• La central obrera se declara fortalecida y en alerta ante el inminente debate parlamentario.

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei promete convertirse en uno de los debates más urgentes y conflictivos del próximo tramo de la agenda política. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) ya comenzaron a marcar territorio: Jorge Sola, uno de los nuevos cotitulares de la central obrera, advirtió que el oficialismo aún no convocó a los sindicatos a una mesa de diálogo y que el proyecto sigue envuelto en trascendidos. Según afirmó, antes de avanzar sobre derechos laborales, el Gobierno debería concentrarse en lo que considera el verdadero cuello de botella de la economía: el sistema tributario.

En declaraciones radiales, Sola sostuvo que la prioridad para fomentar la inversión productiva y el empleo debería ser “una reforma tributaria que alivie la presión fiscal sobre las pymes”. A modo de ejemplo, señaló que una pequeña empresa puede enfrentar una carga impositiva combinada —nacional, provincial y municipal— que se ubica entre el 30% y el 40% de sus ventas, un escenario que desalienta la formalización y limita la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo.

“El costo de los trabajadores es el costo salarial, básicamente es eso. En este caso, el Gobierno está invirtiendo el orden de prioridades. La resolución no es la reforma laboral: es primero la reforma tributaria”, expresó. Su planteo resume la desconfianza de la central obrera frente a un proyecto que se percibe como anunciado, pero todavía sin contornos definidos. Sola remarcó que no existe un borrador oficial y que empleadores y trabajadores —“los que tendrían las consecuencias, negativas o positivas”— no fueron consultados de manera efectiva.

En este marco, la CGT se declaró en estado de alerta. El dirigente afirmó que una reforma generalizada resultaría inadecuada porque cada sector requiere soluciones propias. Las condiciones laborales —dijo— difieren radicalmente entre servicios, bancos, seguros, minería o energía. Incluso ejemplificó: mientras en los servicios la jornada laboral habitual es de siete horas, en la actividad minera los turnos pueden llegar a extenderse por quince días consecutivos. “Si queremos atravesar la actividad de servicios con la misma mirada que la minería, nos estamos equivocando”, advirtió.

Para Sola, la modernización del mundo del trabajo ya viene dándose de forma sectorial a través de los convenios colectivos. Recordó que muchos de ellos incorporaron cambios profundos, como el trabajo remoto o la aplicación de inteligencia artificial en seguros, y que actividades como transporte y puertos han ido adaptándose a nuevas tecnologías. A su juicio, no existe una legislación laboral “congelada en el pasado”, sino un proceso continuo de actualización que, de todos modos, requiere del Estado un rol “inteligente y eficaz, pero sin caer en la burocracia”.

Respecto a los plazos parlamentarios, el sindicalista mencionó que el Gobierno podría presentar su proyecto en febrero, durante las sesiones extraordinarias, una vez aprobado el presupuesto. Sin embargo, insistió en que la discusión no debería limitarse al Congreso, ya que la participación de sectores afectados en comisiones suele ser “meramente formal” y sin impacto real en el texto final.

Sola también se refirió al deterioro del empleo privado, que lleva más de una década y media sin crecimiento y que en los últimos dos años sufrió la destrucción de 250 mil puestos, equivalente al cierre de unas 18 mil pymes. Ese contexto, afirmó, obliga a una mirada integral que vaya más allá de una reforma laboral.

En relación con los juicios laborales, si bien admitió que los procesos pueden extenderse cinco o seis años, consideró que el empleador que cumple no debería enfrentar problemas judiciales. Subrayó que el trabajo no registrado es un delito y destacó que la conflictividad suele aparecer donde las obligaciones no se cumplen.

Otro punto sensible de la discusión es la posibilidad de modificar el financiamiento de los sindicatos. Ante versiones que sugieren eliminar aportes obligatorios, Sola aseguró que cualquier intento de debilitar a las organizaciones gremiales sería inconstitucional y violaría garantías protegidas en el Pacto de San José de Costa Rica. Recalcó, además, que la afiliación sindical es un derecho y que la cuota solo rige para quienes eligen afiliarse.

De cara al debate que se abre, Sola afirmó que la CGT llega “fortalecida en la unidad” y dispuesta a defender su lugar en la discusión. El mensaje es claro: si el Gobierno quiere avanzar en cambios estructurales, deberá sentarse a negociar con quienes representan a los trabajadores.