Larroque defiende a De Vido y reaviva el debate sobre derechos en el sistema penitenciario

• Larroque reclamó atención médica adecuada y condiciones de detención dignas para Julio De Vido.
• La denuncia de Alessandra Minnicelli sobre presuntos malos tratos en Ezeiza generó la intervención del ministro.
• Larroque calificó la condena de De Vido como “injusta” y cuestionó al Poder Judicial por posibles prácticas de persecución política.
• El debate pone en evidencia problemas estructurales del sistema penitenciario y la necesidad de garantizar derechos humanos.
• Sectores políticos se dividieron entre respaldar la preocupación por la salud y acusar de reinstalar discursos de persecución.
• Organizaciones de derechos humanos pidieron investigaciones independientes y recordaron la responsabilidad indelegable del Estado.

Un nuevo capítulo en la tensión entre política, justicia y derechos humanos se abrió en la Provincia de Buenos Aires, tras las declaraciones de Andrés «Cuervo» Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad. El funcionario expresó su “solidaridad” con el exministro kirchnerista Julio De Vido y reclamó una “correcta atención médica” y condiciones de detención acordes a su estado de salud. El pronunciamiento llegó horas después de que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, denunciara presuntos malos tratos en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, generando un debate inmediato sobre el funcionamiento del sistema penitenciario federal y el rol del Poder Judicial.

Larroque calificó de “injusta” la condena contra De Vido y manifestó su preocupación por las supuestas irregularidades en el complejo penitenciario. Señaló que no se estarían garantizando derechos básicos del detenido, particularmente en relación con su enfermedad crónica y su edad, e insistió en que la atención médica debería ser inmediata y adecuada, sin dilaciones administrativas. En su publicación, el ministro vinculó directamente salud, política y justicia, generando un pronunciamiento con fuerte carga política y repercusión nacional.

El mensaje del funcionario incluyó un marcado reproche al Poder Judicial. Según Larroque, la justicia “no debe ser un instrumento de persecución política ni propiciar tormentos”, frase que agitó el debate público y amplió la discusión más allá del caso particular de De Vido. En su opinión, es necesario adoptar medidas urgentes que resguarden la salud y los derechos del exfuncionario, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal.

La denuncia de Minnicelli funcionó como detonante de las palabras del ministro. Según ella, De Vido estaba recibiendo un trato inapropiado en el hospital penitenciario y requería un seguimiento médico más riguroso, junto con mejores condiciones de detención. Esta versión aportó contexto al reclamo y amplió el alcance político de la intervención de Larroque, que centró su mensaje en dos ejes fundamentales: el respeto a las garantías constitucionales y la necesidad de evitar prácticas que puedan considerarse deshumanizantes. Para el ministro, el debate no solo afecta al exministro sino que pone de relieve problemas estructurales del sistema judicial y penitenciario. “El respeto por los derechos humanos es un piso que nunca se debe quebrar”, afirmó en sus declaraciones.

El pronunciamiento tuvo rápida repercusión en distintos ámbitos políticos. Sectores afines al kirchnerismo interpretaron el mensaje como una preocupación legítima por la salud de un detenido con patologías previas. En contraste, otros actores lo percibieron como un intento de reinstalar la narrativa de persecución política, considerada infundada por esos espacios. De este modo, el caso volvió a dividir opiniones dentro del tablero político nacional, mostrando la tensión permanente entre la defensa de derechos y la interpretación política de la justicia.

Asimismo, organizaciones de derechos humanos subrayaron la necesidad de atender con seriedad las denuncias sobre condiciones de detención, aunque insistieron en que los presuntos maltratos deben ser objeto de investigaciones independientes. Recalcaron que la responsabilidad del Estado es indelegable y abarca tanto la seguridad interna como el bienestar físico de las personas privadas de libertad.

El debate sobre De Vido se suma a un contexto más amplio de discusión sobre garantías procesales y condiciones carcelarias en Argentina. La combinación de factores políticos, judiciales y humanitarios vuelve a colocar al sistema penitenciario y a la actuación judicial bajo la lupa pública, mientras la sociedad observa cómo se equilibran los derechos individuales con la justicia y la política.