Bullrich celebró el fallo por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y apuntó contra el poder territorial de los Sena

• Patricia Bullrich celebró la condena a César Sena y el fallo que responsabilizó a Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
• La ministra apuntó contra el “control feudal” que, según dijo, ejercía la familia Sena en su barrio.
• Sostuvo que los acusados creyeron contar con protección política, pero que “no los salvó nada”.
• El Gobierno destacó la importancia del veredicto para reforzar la independencia judicial.
• El caso reavivó debates sobre estructuras de poder territorial y vulnerabilidad social en Chaco.
• El femicidio de Cecilia Strzyzowski sigue siendo un símbolo del reclamo contra la violencia de género.

El reciente veredicto del tribunal chaqueño que condenó a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski volvió a ubicar a Patricia Bullrich en el centro del escenario político y judicial. La ministra de Seguridad no solo celebró la decisión, sino que respaldó la declaración de responsabilidad de Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios del crimen, según confirmaron fuentes oficiales. Su intervención, de tono firme y cargada de significados, reabrió el debate sobre el alcance de las estructuras de poder territorial y la persistencia de lógicas feudales en ciertas comunidades del país.

Bullrich recordó que, durante su visita al barrio donde residía la familia Sena, pudo observar un esquema de control que, según afirmó, mantenía condicionada a buena parte de la población local. Ese entramado territorial, sostuvo, funcionaba como una suerte de feudo moderno, capaz de influir tanto en la vida cotidiana como en la conducta política de sus habitantes. En ese contexto, la ministra destacó que el crimen de Cecilia fue “brutal” y que los acusados habrían confiado en una supuesta protección política que nunca terminó de concretarse. Sus palabras buscaron subrayar que, pese a las redes de poder informal, la Justicia avanzó con independencia.

El fallo, considerado clave para el avance del proceso, cierra una etapa que mantuvo en vilo a la sociedad desde junio de 2023 y abre ahora la instancia de definición de penas y posibles apelaciones. Para el Gobierno nacional, la resolución constituye un paso necesario no solo para la familia de la víctima, sino también para reafirmar la vigencia del Estado de derecho en provincias donde la influencia de líderes territoriales marca dinámicas que trascienden la política tradicional.

En un mensaje público difundido minutos después de conocerse el veredicto, Bullrich celebró que “se hizo justicia” y advirtió que el crimen fue ejecutado con extrema violencia. “La justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, sostuvo. Con ese gesto, la ministra no solo buscó respaldar la actuación del tribunal, sino también reforzar su postura sobre la necesidad de combatir cualquier estructura de poder que pretenda garantizar impunidad. Su declaración apuntó a dejar en evidencia que, aun cuando ciertos actores políticos puedan intentar operar en la sombra, el sistema judicial tiene la capacidad de actuar con firmeza.

En su análisis del territorio controlado por los Sena, Bullrich relató que encontró un barrio “marcado por el dominio absoluto” de la familia imputada. “Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, afirmó, generando repercusiones tanto en el ámbito local como nacional. Sus dichos reactivaron discusiones sobre la fragilidad institucional en zonas vulnerables y la necesidad de revisar cómo operan ciertas organizaciones sociales o políticas que, bajo la fachada de trabajo comunitario, ejercen poder coercitivo.

La ministra también señaló que, durante meses, los responsables del crimen confiaron en una protección política que finalmente no llegó. Aseguró que existieron sectores que guardaron silencio y que algunos militantes intentaron relativizar las acusaciones. Sin embargo, destacó que “no los salvó nada”: el proceso judicial avanzó, recopiló pruebas, sostuvo testimonios claves y determinó responsabilidades concretas. “Fueron acusados. Van presos”, sintetizó Bullrich, buscando sentar posición frente a cualquier intento de minimizar la gravedad del caso.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski, que comenzó como una desaparición denunciada el 2 de junio de 2023, derivó en una investigación que conmovió al país. Tras intensas semanas de búsqueda y movilización social, se determinó que la joven había sido asesinada e incinerada en un campo ligado a la familia Sena. La recolección de pericias forenses, el análisis de cámaras, los testimonios cercanos y la reconstrucción de los hechos permitieron sostener las acusaciones y avanzar hacia un juicio que fue seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, movimientos feministas y autoridades provinciales.

Si bien la condena representa un hito judicial, el caso deja abiertas preguntas sobre las condiciones sociales y políticas que rodearon el crimen. En paralelo, desde el Gobierno nacional se remarcó la importancia de garantizar independencia judicial y extremar los mecanismos de protección frente a situaciones de violencia de género. En ese sentido, la postura de Bullrich refuerza un discurso centrado en la defensa de las víctimas y en la necesidad de confrontar estructuras territoriales que, según su visión, actuaron con niveles preocupantes de influencia.