Bullrich denuncia penalmente a Aguiar y escala la tensión por el alcance de la protesta sindical

• El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a Rodolfo Aguiar por presuntas amenazas al orden constitucional.
• La acusación se basa en declaraciones sobre “provocar la crisis” del Gobierno en el marco de la reforma laboral.
• Bullrich calificó a Aguiar de “desestabilizador y golpista”, y Milei replicó el mensaje.
• El Ministerio remarca la amplia difusión de los dichos y su potencial “idoneidad” como amenaza.
• La denuncia se inscribe en un clima de fuerte tensión política y sindical.
• La justicia federal deberá determinar si hubo delito o si las expresiones se enmarcan en la protesta sindical.

El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática. La presentación, firmada por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto, se realizó por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich y quedó radicada ante la justicia federal. El eje de la acusación se centra en declaraciones realizadas por Aguiar en el marco del inminente envío al Congreso del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional.

El documento judicial cita como núcleo de la denuncia una frase de Aguiar durante un reportaje sobre la reforma laboral: “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Para el Ministerio de Seguridad, esas palabras constituyen una amenaza pública e idónea dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente Javier Milei. El escrito sostiene que, al instar a “poner en crisis” al Gobierno, el dirigente sindical estaría promoviendo una acción que podría encuadrarse dentro de los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que contemplan penas para quienes atenten o amenacen con atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.

La ministra Bullrich reforzó el planteo en sus redes sociales al calificar a Aguiar como “desestabilizador y golpista”, afirmando que ya había sido denunciado penalmente por amenazas contra el orden constitucional. El presidente Milei replicó el mensaje, convalidando la postura oficial. La difusión de ese intercambio terminó por elevar la tensión política alrededor de la denuncia, que se produce en un momento de fuerte confrontación entre la Casa Rosada y los gremios estatales.

La presentación judicial subraya además la gravedad que, a criterio del Ministerio de Seguridad, reviste el hecho de que tales expresiones provengan del máximo representante de los trabajadores estatales. El escrito enfatiza la amplia difusión y replicación de los dichos de Aguiar en redes sociales y medios de comunicación. Según detalla, los fragmentos citados pueden consultarse en plataformas como Instagram, X y TikTok, un elemento que —siempre según el Ministerio— refuerza el carácter público y la potencial idoneidad de la amenaza.

En sus argumentos, Soto afirma que las manifestaciones del dirigente sindical resultan “altamente reprochables” y que, al instar a provocar una crisis institucional, se estaría afectando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. El funcionario sostiene: “Deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”. Para el Ministerio, las expresiones exceden el marco de la protesta y se ubican en un terreno que podría tener consecuencias penales.

El Gobierno solicitó a la Justicia Federal que dé inicio a un sumario penal para investigar la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea de impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Ejecutivo. El pedido formal comprende la apertura de una causa en los términos de los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, dejando en manos del Poder Judicial la evaluación final sobre la conducta atribuida al dirigente sindical.

La denuncia se inscribe en un clima político marcado por el debate sobre la reforma laboral y por un creciente choque entre el Gobierno y las organizaciones gremiales, especialmente las que agrupan a los trabajadores estatales. El trasfondo del conflicto remite a la discusión sobre los límites entre la protesta sindical —un componente habitual de la dinámica argentina— y la protección del orden democrático, un espacio en el que suelen surgir tensiones interpretativas. La presentación del Ministerio de Seguridad vuelve a exponer esa zona gris y coloca bajo la lupa la responsabilidad institucional de los líderes sindicales en sus declaraciones públicas.

En este contexto, la decisión de Bullrich de llevar el caso al terreno penal no solo amplifica la confrontación con ATE, sino que también abre un debate más profundo sobre el alcance de las figuras penales vinculadas a la estabilidad institucional. Ahora será la justicia federal la que deberá determinar si las palabras de Aguiar constituyen una amenaza en los términos previstos por la legislación argentina o si se encuadran dentro de la libertad de expresión y la retórica combativa habitual del sindicalismo.