Reforma laboral: el debate que divide a empresarios, sindicatos y economistas

• El debate sobre la reforma laboral domina la agenda económica pese a no haberse presentado en el Congreso.
• Empresarios reclaman crédito, capacitación y un enfoque integral, no solo legal.
• La UIA pide ampliar la reforma por la alta informalidad del empleo pyme.
• El convenio por empresa divide a empresarios y sindicatos: autonomía versus riesgo salarial.
• Gana terreno la idea de indemnizaciones en cuotas y el uso del “banco de horas”.
• Especialistas coinciden en que sin crecimiento económico no habrá creación de empleo sostenible.

El proyecto de reforma laboral todavía no llegó al Congreso, pero ya ocupa el centro del debate económico y político. En despachos oficiales, cámaras empresarias y sindicatos, se discute su alcance, sus posibles beneficios y los riesgos que podría acarrear en un mercado de trabajo que combina altos niveles de informalidad con una estructura productiva desequilibrada. Sin embargo, entre los empresarios el reclamo va más allá del texto de la ley: piden políticas que reactiven el crédito, incentivos a la inversión y programas de capacitación laboral.

Desde el Consejo de Mayo —el órgano consultivo creado por el Gobierno— plantean que “no se trata solo de una reforma, sino de un paquete integral” que vincule flexibilización con financiamiento. Según fuentes cercanas al organismo, la baja de tasas, la reactivación del crédito productivo y la formación de capital humano deberían acompañar cualquier cambio normativo. En el sector privado reconocen señales en esa dirección: una menor contracción monetaria, la reducción de tasas al rango del 35%–44% y una promesa del Banco Central de flexibilizar encajes y acumular reservas hacia 2026.

El diagnóstico coincide en un punto: sin políticas activas que incentiven la producción, una reforma laboral por sí sola no logrará revertir la parálisis del empleo. “Después de meses de rigidez, puede empezar una etapa de relajamiento financiero”, analiza el economista Martín Kalos. Esa inyección, creen, podría sostener el consumo y destrabar inversiones postergadas.

En paralelo, la Unión Industrial Argentina impulsa una reforma más amplia que el DNU 70/23. Su argumento principal es la informalidad. “El 80% de las empresas son pymes y la mitad de sus empleados no está registrada total o parcialmente”, señalan desde la entidad. El dato se complementa con otro: desde 2012 el empleo formal creció apenas 3%, mientras que el monotributista lo hizo 42% y el público 34%.

Uno de los ejes más discutidos es la posibilidad de reemplazar los convenios por actividad por convenios por empresa. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defiende esa idea: sostiene que equiparar las condiciones laborales entre compañías muy diferentes distorsiona los costos y desalienta el empleo. “Si un salario pactado en Campana se aplica en Tartagal, esa empresa no puede sobrevivir”, ejemplificó. Los gremios, en cambio, advierten que esa modificación “perforaría el piso salarial” y abriría la puerta a una competencia basada en rebajas de sueldos.

Los laboralistas señalan, además, que esa medida impactaría especialmente en las pymes, donde la representación sindical es más débil. “Toyota puede negociar con un gremio fuerte; una metalúrgica de barrio no”, resume un experto en derecho laboral.

Otro punto sensible es la propuesta de pagar indemnizaciones en cuotas, una suerte de “Ahora 12” laboral. En el sector empresario la ven como una salida posible ante los juicios millonarios por despidos, pero los abogados advierten que el problema de fondo sigue siendo la litigiosidad. En el Foro ABECEB, realizado esta semana, un asesor del PRO apuntó que la Ley Bases eliminó multas sin revisar los supuestos que generan juicios, dejando a los jueces la fijación de montos “a discreción”.

El debate también toca el “banco de horas”, mecanismo que permite acumular horas trabajadas y compensarlas con días de descanso. Para las empresas, ayuda a administrar los picos de demanda. Para los sindicatos, erosiona el pago de horas extras. La letra chica, reconocen ambas partes, quedará sujeta a la negociación entre cámaras y gremios.

Entre los especialistas hay dos miradas enfrentadas. La abogada Silvina Scarimbolo plantea que la formalización debe ser política de Estado: “Con 40% de informalidad, cualquier momento es bueno para una reforma”, afirma. Destaca la capacitación como clave del cambio y subraya que la flexibilidad “puede ser una herramienta de equilibrio, no una amenaza, si se da en un marco justo”.

En la vereda opuesta, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, considera que la reforma oficial tiene un sesgo regresivo: “Ninguna flexibilización mejoró los indicadores económicos ni sociales en ningún país”, sostiene, apoyándose en estudios de la OIT. Para él, el verdadero motor del empleo es la macroeconomía, no la ley laboral: “Si el consumo no se recupera, ningún empresario va a contratar”.

Con el Gobierno decidido a avanzar y los sindicatos en alerta, la discusión promete ser uno de los ejes del verano legislativo. Pero más allá de la letra del proyecto, el debate vuelve a exponer una cuestión de fondo: cómo reconstruir un mercado laboral formal, dinámico y previsible en un país que todavía no logra salir del estancamiento.