Francos confirmó la promulgación de la ley de discapacidad, pero el Gobierno demora su aplicación por falta de fondos

• El Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, pero no la reglamentará hasta acordar su financiamiento.
• El Congreso rechazó el veto de Milei con amplio apoyo, incluyendo fuerzas cercanas al oficialismo, superando los dos tercios en ambas cámaras.
• Guillermo Francos responsabilizó al Congreso por definir de dónde saldrán los fondos y advirtió sobre el impacto fiscal.
• La Oficina de Presupuesto estimó que el gasto adicional podría alcanzar entre 0,22% y 0,42% del PBI.
• La ley amplía pensiones, actualiza aranceles por inflación y refuerza a la Agencia Nacional de Discapacidad.
• La promulgación llega en medio de un escándalo por presuntas coimas en ANDIS y fuerte presión social.

El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de emergencia en discapacidad, ratificada por el Congreso tras el rechazo del veto presidencial, aunque advirtió que no la reglamentará hasta definir su financiamiento. La norma, impulsada por la oposición y aprobada con amplio respaldo legislativo —incluyendo fuerzas que fueron aliadas del oficialismo—, había logrado superar los dos tercios necesarios tanto en Diputados como en el Senado, configurando una derrota política para el presidente Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que la promulgación “corresponde”, pero condicionó su aplicación a un acuerdo político sobre los recursos. “Esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, señaló en diálogo con Clarín. Y apuntó al Congreso: “No me pueden endilgar a mí que vea de dónde saco las partidas. Que me digan sino a quién le sacamos: ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la ley podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, lo que implicaría un gasto adicional equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI, además de $278.323 millones para compensaciones a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción. El Poder Ejecutivo había barajado la posibilidad de acudir a la Justicia para frenar la aplicación, pero la contundencia del rechazo legislativo dejó a la Casa Rosada sin margen para insistir en esa vía.

La norma fue sancionada en un clima de fuerte presión social: la crisis en la atención de personas con discapacidad se agravó por el congelamiento de fondos y la drástica reducción de beneficiarios tras una auditoría de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS). El escándalo político estalló cuando trascendieron audios grabados de manera clandestina en los que Diego Spagnuolo, entonces titular de ANDIS, describía un presunto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías. Spagnuolo fue desplazado del cargo, y el impacto del caso fortaleció el respaldo parlamentario a la ley.

El texto establece nuevas reglas para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad: podrán acceder quienes tengan Certificado Único de Discapacidad, ingresos menores a dos salarios mínimos, no perciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica. El beneficio será del 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con empleo registrado mientras no se supere el tope de ingresos. Además, todas las pensiones otorgadas previamente se transformarán automáticamente para evitar trámites adicionales.

Otro punto clave es el fortalecimiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, regulado por la Ley 24.901. Los aranceles para servicios y prestaciones se actualizarán automáticamente cada mes según el índice de inflación del INDEC. Asimismo, se creó un régimen de regularización fiscal para empresas y trabajadores del sector, con condonación de intereses y multas y facilidades para refinanciar deudas.

La Agencia Nacional de Discapacidad, epicentro del escándalo político reciente, recibirá mayor financiamiento y atribuciones para garantizar la implementación de políticas públicas en el área. Sin embargo, el Gobierno insiste en que el Congreso debe definir el origen de los fondos antes de poner en marcha el esquema.

La tensión política generada por el veto fallido y las declaraciones de Francos revela las dificultades del oficialismo para gestionar demandas sociales sensibles en un contexto de ajuste fiscal. Mientras organizaciones de la sociedad civil exigen una rápida reglamentación para aliviar una crisis que afecta a miles de familias, el Ejecutivo apuesta a ganar tiempo y negociar una salida que no desarme su programa económico. El futuro de la ley dependerá de un delicado equilibrio entre urgencias sociales, restricciones presupuestarias y tensiones políticas que hoy marcan el pulso en Buenos Aires.