Equilibrio fiscal, promesas incumplidas y contradicciones cambiarias

• El Presidente reiteró la importancia del equilibrio fiscal y vinculó el tipo de cambio con la inflación.
• Anunció dos medidas:

1. Ordenar al ministro de Economía no financiar el déficit con emisión monetaria (de valor simbólico, ya incumplida en el pasado reciente).
2. Enviar al Congreso un proyecto de ley para prohibir el déficit fiscal con sanciones penales a legisladores (de dudosa viabilidad jurídica y con antecedentes fallidos como la Ley de Déficit Cero de 2001).

• El texto cuestiona la falta de coherencia entre discurso y acción: la base monetaria y el circulante crecieron fuertemente pese a promesas de “emisión cero”.
• Se advierte que el equilibrio fiscal debe analizarse junto al tamaño del gasto público; un déficit moderado puede ser menos dañino que un equilibrio con gasto muy alto.
• Sobre devaluación e inflación, el Presidente defendió que sin emisión no hay traslado pleno a precios, pero sus intervenciones en el mercado cambiario contradicen ese argumento.
• La credibilidad se erosiona por anuncios incumplidos, medidas inviables y políticas que no coinciden con el diagnóstico oficial.

El último discurso presidencial, acompañado luego por extensas reflexiones en redes sociales, volvió a poner en el centro del debate la cuestión fiscal y el vínculo entre tipo de cambio e inflación. Más allá de la retórica sobre la necesidad del equilibrio fiscal, dos anuncios concretos ameritan análisis.

En primer lugar, la instrucción al ministro de Economía de no recurrir al financiamiento monetario para cubrir el déficit fiscal. Una indicación que, en la práctica, tiene más valor simbólico que real: basta una comunicación directa para tal fin. El anuncio se diluye, además, frente a la experiencia reciente. El 13 de julio de 2024, el Presidente proclamó la “emisión cero”, medida que consistía en vender en el mercado de contado con liquidación (CCL) los dólares adquiridos por el Banco Central a los exportadores, evitando así inyectar pesos adicionales en la economía. La promesa, sin embargo, no se cumplió. Entre el 15 de julio y la fecha actual, la base monetaria se expandió un 102%, mientras el circulante en poder del público creció 77,4%. Lejos de una emisión nula, se observó un ritmo mensual de crecimiento del 6% en la base y del 4,7% en el circulante.

La segunda propuesta presidencial fue la de enviar al Congreso un proyecto de ley que prohíba el déficit fiscal, con sanciones penales para los legisladores que aprueben presupuestos que lo contemplen. El antecedente inmediato, la Ley de Déficit Cero aprobada en 2001, demuestra la dificultad de implementar tal norma. Aquella disposición, que obligaba a recortar gastos proporcionalmente —incluidos salarios y jubilaciones— cuando la recaudación era insuficiente, no evitó que el déficit financiero llegara al 7,03% del PBI ese mismo año. La medida, además, profundizó la crisis social, aceleró el colapso económico y terminó siendo declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2002.

Más allá de la inviabilidad práctica, hay una cuestión jurídica elemental: una ley ordinaria que prohíba el déficit fiscal puede ser derogada por una posterior Ley de Presupuesto que contemple uno. El marco legal no ofrece blindaje frente a la voluntad política de gastar más de lo que se recauda.

La discusión de fondo no debería centrarse en la mera existencia del equilibrio fiscal, sino en la relación entre este y el tamaño del gasto público. Un déficit moderado con un gasto equivalente al 15% del PBI puede ser menos dañino que un equilibrio fiscal con un gasto del 50%, que exigiría una presión impositiva asfixiante para el sector privado.

En cuanto al vínculo entre devaluación e inflación, el Presidente defendió la idea de que un aumento del tipo de cambio no necesariamente deriva en un alza generalizada de precios si no se incrementa la cantidad de dinero. El argumento es teóricamente correcto: sin emisión adicional, una devaluación solo modifica precios relativos y no puede trasladarse de manera homogénea a toda la economía. Sin embargo, esta posición abre una pregunta inevitable: si se sostiene que el pass through no es automático, ¿por qué mantener el cepo cambiario, intervenir en el mercado de futuros y regular encajes bancarios?

La intervención cambiaria contradice el postulado presidencial. Si el dólar libre no genera inflación sin emisión, el paso lógico sería liberar el mercado y permitir que el tipo de cambio lo fije la oferta y la demanda, sin manipulación oficial. La insistencia en controlar la cotización y condicionar la operatoria financiera refleja una falta de coherencia entre el diagnóstico y la acción.

El equilibrio fiscal es una condición indispensable para la estabilidad económica. Pero su defensa pierde fuerza cuando se recurre a anuncios grandilocuentes que no se cumplen, a propuestas inviables jurídicamente y a políticas cambiarias que contradicen los propios argumentos. En economía, como en política, la credibilidad no se construye con discursos, sino con la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace.