Virtudes políticas para tiempos extraviados

• Buen Gobierno y Justicia Social son principios fundamentales para una comunidad política sana, no simples slogans.
• El Buen Gobierno surge de gobernantes virtuosos y prudentes, no de técnicas ni marketing.
• La Justicia Social implica aplicar la justicia en todas sus formas (conmutativa, distributiva y general), y requiere compromiso del Estado y de la sociedad.
• El mercado es una red de contratos humanos; el gobierno debe ordenar y corregirlo en función del Bien Común.
• Ni el estatismo extremo ni el anarquismo garantizan justicia ni libertad; se necesita una autoridad legítima.
• La Constitución pone al Gobierno (no al Estado) como garante del desarrollo ciudadano.
• La política debe recuperar su dimensión ética, basada en la virtud, el compromiso cívico y el Bien Común.

En medio del ruido permanente de la política contemporánea —crispación ideológica, polarización, eslóganes vacíos y promesas fugaces— hablar de Buen Gobierno y Justicia Social suena, a oídos actuales, casi como una rareza filosófica. Sin embargo, estos conceptos no son arcaísmos ni adornos discursivos: son, en verdad, las columnas sobre las que se debería edificar cualquier comunidad política sana y orientada al Bien Común.

Pero ¿qué es el Buen Gobierno? ¿Qué entendemos por Justicia Social? Difícil dar una definición cerrada, pero más fácil es describirlos por sus efectos, por las condiciones que generan en la vida colectiva. Ambos conceptos están profundamente emparentados con el Bien Común, que es —ni más ni menos— el fin último de toda organización política legítima.

La virtud en el centro de la política

El Buen Gobierno no es un producto técnico, ni se logra con marketing. Es la consecuencia natural de gobernantes virtuosos, prudentes, compasivos, conscientes de su responsabilidad y de su límite. Ya lo decía Don Quijote a Sancho Panza al hablarle de cómo debía ejercer el poder: con humildad, justicia, respeto a las leyes y cercanía al pueblo. Hoy, en democracia, el “gobernante” es un cuerpo orgánico, electo y representativo, pero los principios éticos siguen siendo los mismos.

La Justicia Social, por su parte, no es un eslogan partidario ni una categoría ideológica. Es la realización práctica de la justicia como virtud en todas sus formas: la conmutativa (la que regula los intercambios entre personas), la distributiva (la que otorga a cada uno su parte en función del conjunto) y la general o legal (la que orienta todas las acciones hacia el Bien Común). La Justicia Social no cae del cielo ni brota espontáneamente: es fruto del compromiso activo, tanto del Gobierno como de cada miembro de la sociedad.

El contrato, el mercado y el Bien Común

A veces olvidamos que el mercado —tan denostado o idealizado, según quién hable— es en esencia una red de relaciones humanas voluntarias, de contratos. El contrato, en tanto acuerdo entre partes libres, es una forma concreta de justicia conmutativa. Pero sus efectos no son solo privados: cada transacción genera externalidades positivas que, bien encauzadas, contribuyen al Bien Común. Aquí es donde entra la función del Estado (o mejor dicho, del Gobierno): ordenar, coordinar, fomentar lo bueno, corregir los excesos, no por afán de control sino por deber de justicia.

Contra el estatismo y el anarquismo

Ni el estatismo omnipresente ni el anarquismo romántico son caminos para alcanzar la Justicia Social. Ambos extremos han fracasado históricamente. El primero sofoca la libertad y burocratiza la virtud. El segundo, simplemente, niega la realidad básica de la vida en sociedad: la necesidad de autoridad. Sin gobierno, no hay justicia posible. Sin justicia, no hay paz ni libertad duradera.

La Constitución Nacional no habla de un “Estado” como ente supremo, sino de un Gobierno con facultades delimitadas, orientado a proveer lo necesario para el desarrollo integral de los ciudadanos. El Estado, en nuestra tradición jurídica, es apenas una figura técnica; es el Gobierno el que tiene la obligación ética y política de construir condiciones para el florecimiento humano.

El desafío político de nuestra época

En tiempos donde la política parece haberse reducido a un juego de encuestas, redes sociales y disputas personales, recuperar la noción de Buen Gobierno y Justicia Social es un acto casi subversivo. Implica volver a poner el foco en la virtud, en la responsabilidad moral de quienes gobiernan y en la participación activa de quienes son gobernados. Implica también recordar que ninguna sociedad será justa si el poder no se ejerce con justicia, y que ningún contrato será plenamente libre si no forma parte de una estructura social ordenada al bien de todos.

Es momento de volver a pensar la política no solo como administración, sino como arte de lo justo y lo posible. No habrá justicia social sin gobierno providente. No habrá buen gobierno sin ciudadanos que lo exijan, lo vigilen y también lo practiquen en su vida diaria.

Porque la Justicia Social no es solo tarea del poder: es una construcción común, lenta, imperfecta y urgente. Como la democracia misma.