Emplazamientos parlamentarios: cuando la herramienta se convierte en atajo

• Las mociones de emplazamiento están siendo usadas con fines políticos, desnaturalizando su función original.
• Se busca forzar el tratamiento de proyectos sin respetar los tiempos y mecanismos internos de las comisiones.
• Algunos bloques reinterpretan el reglamento para imponer temas sin consensos y alterar el orden parlamentario.
• Estas mociones no son “de orden” ni tienen prioridad reglamentaria, por lo que no deberían desplazar otros asuntos.
• La práctica erosiona la institucionalidad y refleja un uso oportunista del reglamento por sectores que antes lo ignoraban.
• El llamado es a respetar las formas y construir consensos, sin forzar procedimientos por conveniencia política.

En tiempos de polarización y urgencias políticas, el reglamento parlamentario ha comenzado a ser usado como un campo de batalla más. Así lo demuestra el creciente uso de las mociones de emplazamiento en la Cámara de Diputados, una figura contemplada en el artículo 106 del reglamento, pero que está siendo manipulada con fines políticos que desnaturalizan su propósito original.

Pensadas como una vía excepcional para poner en marcha comisiones que incurran en demoras injustificadas, estas mociones están siendo utilizadas como un atajo para forzar tratamientos sin respetar los canales ordinarios de trabajo legislativo. Lo preocupante no es sólo el uso, sino el abuso: se pretende emplazar proyectos recién ingresados, sin siquiera haber transcurrido el tiempo necesario para considerar su estudio en comisión.

Este accionar no solo distorsiona la práctica parlamentaria, sino que también erosiona la institucionalidad. Las comisiones tienen dinámicas propias, y su funcionamiento —como bien establece el reglamento— está guiado por la presidencia de cada una, con mecanismos internos previstos para incorporar temarios si hay voluntad mayoritaria entre sus miembros.

El verdadero problema radica en que, al reinterpretar forzadamente el reglamento, algunos bloques buscan introducir temas en la agenda legislativa sin consensos previos, alterar el orden del día y condicionar a una Cámara que ya enfrenta un escenario de fragmentación política compleja. Y peor aún: intentan hacer pasar estas mociones como “de orden”, una categoría distinta, cuyo tratamiento es inmediato y prioritario en una sesión. Pero el emplazamiento no es eso. No está en el artículo 127. No puede desplazar otros temas ni ser tratado como si su urgencia fuera institucionalmente reconocida.

Paradójicamente, quienes hoy esgrimen estas herramientas con tono justiciero, fueron en el pasado parte de un oficialismo que vació de contenido al Congreso, transformándolo en escribanía del Poder Ejecutivo. Hoy, su defensa de la “actividad legislativa” parece más un disfraz de obstruccionismo que una genuina vocación republicana.

Este Gobierno, con mayoría social pero minoría legislativa, enfrenta el desafío de transformar sin controlar. Y sí, encontrar consensos es difícil. Pero hay bloques que, sin renunciar a su identidad, eligen construir en vez de bloquear. A ellos se los tilda con desdén de “dialoguistas” o “oficialismo blue”, como si aportar fuera un pecado y no una virtud democrática.

Las instituciones no deben funcionar por atajos ni por presiones. Si hay herramientas reglamentarias que no alcanzan, modifíquense. Pero no forcemos el reglamento para acomodarlo a las urgencias políticas del momento. En una República, las formas importan. Y defenderlas no es un acto de rigidez, sino un ejercicio de responsabilidad democrática.

Porque la transformación que el país necesita no puede venir de la mano de quienes buscan colarse por la ventana del reglamento. Debe entrar, como corresponde, por la puerta de los consensos y el respeto institucional.