Extraordinarias bajo presión: la nueva geometría del poder y el desafío de Milei

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El Gobierno se dispone a ingresar en un territorio que conoce bien, pero que nunca termina de controlar del todo: el de las sesiones extraordinarias, escenario donde se desnuda la verdadera musculatura política de una administración. En la Casa Rosada aseguran que el decreto que formalizará la convocatoria está prácticamente terminado y que verá la luz en las próximas horas. Es un anticipo que expone la ansiedad del oficialismo por ordenar un calendario legislativo que, lejos de ser un trámite, se convertirá en la prueba más concreta de cuánto poder real conserva Javier Milei después de un año turbulento y antes de otro, acaso más difícil.

La fijación del período extraordinario no será un mero detalle administrativo, sino una señal política. Entre los colaboradores más estrechos del Presidente circula un consenso tácito: la primera etapa se desarrollará desde la segunda semana de diciembre hasta fin de mes. Un esquema calcado del que se aplicó un año atrás, cuando se dejó fuera del juego parlamentario los días de fiesta y las primeras semanas de enero, reservadas para un receso que muchos legisladores consideran indispensable antes de la inevitable batalla que se librará en ambas cámaras. “Hasta yo me opondría a trabajar a comienzos de enero”, deslizó con humor un funcionario con despacho cercano al Presidente, en una frase que retrata mejor que cualquier análisis el clima interno del oficialismo.

No se descarta, de hecho, un segundo llamado a extraordinarias para enero de 2026, siguiendo la fórmula utilizada este año, cuando el Ejecutivo reactivó el Congreso entre el 20 de enero y el 21 de febrero. Nada es casual: es allí, en ese interregno que vive entre el calor del verano y el frío de la negociación, donde Milei intentará avanzar con la agenda que considera estructural para su proyecto político.

La mesa chica del Gobierno afinó en estos días la lista de iniciativas que buscará instalar en la primera tanda de debates. Allí se destacan dos proyectos prioritarios: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, bautizada popularmente como la “ley de los dólares bajo el colchón”. Ambos textos iniciarán su recorrido en Diputados y el oficialismo aspira a darles media sanción antes de que finalice diciembre, un objetivo ambicioso incluso para un Ejecutivo habituado a tensar los tiempos institucionales.

No todos los proyectos tienen la misma urgencia. Algunos serán habilitados para iniciar su discusión en comisiones, aunque nadie espera que se aprueben este mes. Entre ellos aparece la reforma laboral, ya terminada en los equipos técnicos del Gobierno y que tendrá su inicio en el Senado bajo la coordinación política de Patricia Bullrich, que estrenará su doble rol de senadora y jefa del bloque oficialista. También aguardan definiciones la reforma del Código Penal y la tributaria, ambas en sus etapas finales de revisión jurídica.

Una novedad significativa será la discusión por un cambio en la Ley de Glaciares. Es un viejo reclamo de varios gobernadores de provincias cordilleranas, que buscan habilitar ciertos tipos de explotación sobre áreas que hoy están vedadas. “Nos sirve para canjear algunos votos”, reconoció sin rodeos una voz relevante del oficialismo. Milei parece dispuesto a conceder ese gesto, convencido de que las negociaciones territoriales serán inevitables si pretende avanzar con lo que denomina “la segunda fase” de su proyecto.

Ese tablero federal está en movimiento. La Libertad Avanza logró, por primera vez desde su creación, convertirse en la primera minoría de la Cámara de Diputados, posición históricamente reservada al peronismo. El salto llegó gracias a la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, aliado del gobernador Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales con mejor sintonía con el Presidente. Con sus 95 bancas, el oficialismo supera por un escaño a Unión por la Patria y reconfigura el mapa legislativo en un punto clave del año.

Ese número —95— no apareció por arte de magia. En los pasillos del Congreso ya se insinuaba que ese era el “objetivo mínimo” que perseguía el Gobierno, seguro de que el catamarqueño Raúl Jalil promovería la escisión de los cuatro diputados que le responden del bloque peronista. Jalil, dicen, condicionó ese movimiento a la aceleración de un decreto que cede control sobre Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, un pedido de larga data en su provincia. En la Rosada aseguran que la norma está casi lista.

Con esa base, Milei se prepara para una negociación de alta tensión. Santiago Caputo, el estratega del oficialismo en la arena legislativa, sabe que no habrá margen para el error. El Gobierno está dispuesto a conceder partidas de Aportes del Tesoro Nacional, aunque solo a aquellos gobernadores que muestren voluntad de reducir el gasto. “No podemos premiar a todos”, confió un alto funcionario. La frase resume la hoja de ruta: premios selectivos, castigos invisibles y un equilibrio frágil que podría derrumbarse con un solo movimiento en falso.

Este miércoles, la jura de los nuevos diputados será el primer gesto simbólico de esa nueva correlación de fuerzas. La presidencia de la Cámara invitó a los 24 gobernadores, aunque sin insistencias; irán, probablemente, los que quieran marcar presencia y mostrar cercanía. La política argentina, incluso en sus gestos más protocolares, nunca abandona su vocación por leer entre líneas.

Las extraordinarias que se aproximan serán mucho más que una instancia administrativa: serán el termómetro de un Gobierno que combina audacia con vulnerabilidad, que apuesta a un shock legislativo mientras lidia con tensiones internas y externas que aún no ha logrado domar. Milei sabe que el segundo año de gestión es, históricamente, el más decisivo para cualquier presidente argentino. En ese espejo se mira y busca dejar su propia marca. El Congreso, una vez más, tendrá la última palabra.