Economía habilita la dolarización opcional de deudas aduaneras y reabre el debate por el impacto fiscal

• Economía habilitó que ARCA dolarice deudas con empresas del comercio exterior, de forma optativa.
• El sector automotor es el principal beneficiado, con créditos pendientes desde 2023.
• La medida funciona como un “seguro de cambio” ante la imposibilidad fiscal de pagar ahora.
• Las empresas podrán adherirse hasta marzo de 2026 y usar los créditos a partir de 2027.
• Guillermo Michel criticó la decisión y la calificó como un “roleo” de deuda.
• El monto total involucrado sería cercano a los USD 1.500 millones.

El Ministerio de Economía oficializó una medida que promete reordenar una compleja trama de reclamos acumulados por empresas del comercio exterior, en especial del sector automotor. A través de la resolución 1834, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedó facultada para dolarizar —de manera optativa— las deudas que mantiene con firmas exportadoras e importadoras por devoluciones de impuestos, beneficios fiscales y retenciones. Según estimaciones privadas, el monto involucrado rondaría los USD 1.500 millones y se convertiría, en la práctica, en una suerte de “seguro de cambio” para balances empresariales que arrastraban saldos a favor desde hace más de un año.

El principal sector beneficiado es el automotriz, que desde 2023 reclama la regularización de devoluciones pendientes de Impuesto PAIS, retenciones de IVA y Ganancias, además de reintegros a las exportaciones. Parte de ese atraso se originó cuando, durante la gestión de Sergio Massa en Economía, se suspendió el uso de certificados que permitían excluir del anticipo de IVA adicional a importaciones destinadas a procesos de exportación. Sin esos certificados, las terminales debieron abonar un recargo del 20% sobre el IVA del 21%, lo que tensó aún más la carga impositiva en un contexto electoral marcado por el incremento del gasto público y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para asalariados.

Con el cambio de administración, la suspensión de los certificados continuó hasta marzo de este año, debido a la política de ajuste fiscal y a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. La acumulación de montos a favor se transformó en un problema estructural que afectó la planificación del sector privado. Fuentes empresariales señalaron que la decisión de autorizar la dolarización opcional llega como un alivio, ya que permite ordenar contablemente deudas cuyo pago inmediato el Estado no puede afrontar sin desbordar las metas fiscales vigentes.

La norma detalla que las empresas podrán adherirse hasta el 1° de marzo de 2026 y que los créditos dolarizados podrán ser utilizados para cancelar obligaciones tributarias recién a partir del 1° de enero de 2027. En el sector calculan que el monto correspondiente solo a automotrices oscilaría entre USD 900 millones y USD 1.200 millones, aunque las cifras totales —incluyendo a exportadores de otros rubros— alcanzarían los USD 1.500 millones que menciona el propio Gobierno.

Sin embargo, la decisión despertó críticas de exfuncionarios vinculados al área. Guillermo Michel, quien encabezó la Aduana durante la gestión de Massa, cuestionó abiertamente la resolución desde la red social X. “Para los exportadores e importadores, es un ‘roleo’ de deuda. La dolarizan en su totalidad y la patean a 2027”, afirmó. Para Michel, este mecanismo constituye una maniobra de “contabilidad creativa” destinada a diferir el impacto del déficit de caja, que estimó en cerca de 0,2% del PBI.

En paralelo, el exfuncionario detalló que solo en Impuesto PAIS —sumado a reintegros y saldos de libre disponibilidad— la deuda actual asciende a los USD 1.500 millones, lo que muestra la dimensión del atraso que pretende abordarse. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la medida ofrece previsibilidad a las empresas sin comprometer la hoja de ruta fiscal, y remarcan su carácter voluntario como un elemento clave para evitar tensiones presupuestarias en el corto plazo.

Mientras tanto, el sector automotor evalúa alternativas ante un horizonte que combina señales de alivio con desafíos persistentes. Algunos actores celebran la posibilidad de dolarizar créditos que se venían licuando por la nominalidad de la economía; otros advierten que la demora hasta 2027 constituye un costo financiero difícil de absorber en un mercado aún lejos de la recuperación plena.

La resolución abre, así, un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y los grandes actores del comercio exterior. Un equilibrio complejo entre el ajuste fiscal, la necesidad de ordenar cuentas pendientes y la búsqueda de sostener la actividad en un sector estratégico de la industria nacional.