La reforma laboral de Milei: el Gobierno apuesta a “formalizar” 7 millones de empleos y desregular el mercado

• El Gobierno busca formalizar 7 millones de empleos antes que crear nuevos.
• Se eliminarían 20 impuestos para aliviar la carga sobre pymes y emprendedores.
• Habrá un blanqueo laboral a costo cero, sin multas ni aportes retroactivos.
• Se propone federalizar los convenios colectivos y permitir contratos en cualquier moneda.
• La reforma apunta a reducir la “industria del juicio” y la discrecionalidad judicial.
• La CGT advirtió que no hay consenso y que podría recurrir al conflicto si se avanza sin diálogo.

En el corazón de la agenda económica del Gobierno, la reforma laboral se presenta como una de las piezas centrales del nuevo esquema de “desregulación total” que impulsa Javier Milei. Pero lejos de prometer la creación inmediata de nuevos puestos, el Ejecutivo prefiere hablar de “formalizar” antes que “crear”. El objetivo es ambicioso: blanquear unos siete millones de empleos informales y modernizar un sistema que, según el diagnóstico oficial, “se estancó hace quince años”.

La estrategia se apoya en dos pilares: la flexibilización normativa y una profunda simplificación tributaria. El Gobierno planea eliminar una veintena de impuestos considerados de baja recaudación, con la intención de reducir la presión sobre las pymes, que hoy generan el 70% del empleo privado formal. En la Casa Rosada creen que liberar al sector productivo de “trabas burocráticas y judiciales” será el primer paso hacia una economía más dinámica.

“Hace quince años que la Argentina no genera un solo empleo privado formal en términos netos. Necesitamos que las empresas puedan y quieran contratar gente, y eso requiere un nuevo marco laboral”, señalan fuentes del Ministerio de Capital Humano. En esa línea, el oficialismo impulsa una transformación estructural: modernizar los convenios colectivos de trabajo, adecuándolos a la realidad productiva actual, y permitir que las negociaciones sean libres entre cámaras empresarias y sindicatos.

Uno de los cambios más relevantes será la digitalización completa de los procesos registrales, con la promesa de que montar una empresa o registrar un nuevo empleo formal ya no requerirá la intervención de abogados o contadores. Además, la reforma buscará “recomponer el vínculo entre trabajador y empleador”, al eliminar lo que el presidente Milei denomina “la industria del juicio laboral”.

Desde el Gobierno aseguran que la litigiosidad y los fallos arbitrarios de la Justicia laboral han llevado a la quiebra a numerosas pymes. “Cuando una pequeña empresa no sabe cuánto le costará realmente un empleado por los juicios laborales injustos, directamente no lo toma”, es el argumento que repiten en Balcarce 50. Por eso, el proyecto incluiría límites a las tasas de interés aplicadas en las sentencias y mecanismos que restrinjan la discrecionalidad judicial.

En el plano de los incentivos, se prevé un blanqueo laboral a costo cero, una medida inédita que eximirá a los empleadores de pagar aportes, contribuciones y multas por trabajadores no registrados. La idea, explican en el Ejecutivo, es que las empresas puedan legalizar empleados sin penalidades, bajo el supuesto de que “sin beneficios claros, nadie se sumará”.

También se evalúa autorizar contratos laborales pactados en cualquier moneda, eliminando los topes actuales. “Si un trabajador y una empresa acuerdan cobrar el salario en dólares, podrán hacerlo”, adelantaron desde el entorno de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Justamente Sturzenegger fue el encargado de defender públicamente la filosofía del proyecto durante su participación en un encuentro empresarial en Madrid. Allí, ante unos 200 empresarios y emprendedores, planteó la necesidad de “federalizar” las negociaciones colectivas. “En Italia, las condiciones salariales de Milán no se pueden imponer en Sicilia. En la Argentina pasa lo mismo: el nordeste sufre el desempleo porque se le imponen condiciones de Buenos Aires. Debemos cambiar eso”, sostuvo el ministro, en alusión a la rigidez del actual esquema sindical.

Sin embargo, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) salieron a marcar distancia. Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y representante de la central en el Consejo de Mayo, negó que la reforma haya sido discutida con los gremios. “Muchas de las cosas que se anunciaron no forman parte de la mesa. No hay consenso. Si se nos cierran todas las puertas, vamos a utilizar las herramientas que tengamos para defender nuestros derechos”, advirtió.

El paquete de medidas, que incluirá cambios en la jornada laboral, la implementación del salario dinámico y beneficios para nuevas contrataciones, será enviado al Congreso durante las sesiones extraordinarias de fin de año. En el Gobierno confían en que la combinación de desregulación, incentivos y simplificación impositiva permita sentar las bases de un nuevo mercado laboral. “La prioridad no es generar empleo de cualquier manera, sino que el empleo que ya existe deje de ser informal”, resumen cerca del Presidente.