La transformación de las agencias abrirá otro round en la Legislatura

La Provincia publicó ayer el decreto del gobernador que ordena la “disolución y liquidación” de las agencias Córdoba Deportes, Córdoba Cultura, Córdoba Turismo y Córdoba Inversión y Financiamiento y su posterior conversión en entes autárquicos, así como la absorción y unificación de las agencias ProCórdoba, Córdoba Innovar y Emprender, y Competitividad de Córdoba por en un único ente autárquico dado en llamar “ProCórdoba”.

A su vez, el comunicado que acompaño la noticia expuso, “La medida se enmarca en los procesos de modernización institucional que lleva adelante el Gobierno de Córdoba, con el objetivo de optimizar la gestión, fortalecer la transparencia y adecuar la estructura administrativa a los nuevos marcos normativos nacionales y provinciales”.

En cuanto a lo último, la adecuación de la estructura administrativa “a los nuevos marcos normativos” responde a las modificaciones introducidas por el decreto nacional 70/23 en su artículo 48, que dispuso que “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”.

Pero para la oposición, la intención de la Provincia no es cumplir la normativa nacional, sino esquivar los propósitos que orientaron su cambio.

En su interpretación, la modificación de Milei buscaba que las Sociedades del Estado fueran reabsorbidas por la estructura centralizada del Estado, léase, por el Poder Ejecutivo, para evitar así duplicar las estructuras burocráticas y someter a estas entidades a un contralor pleno de los órganos de control.

Con lo cual, siguiendo esta exégesis, la decisión del Estado Provincial de reconvertirlas en Entes Autárquicos busca mantenerlas fuera del Ejecutivo y, con ello, ajenas a los controles ex ante y ex post del Tribunal de Cuentas, y sólo sujetas a un control de auditoría, por el cual el organismo de fiscalización sólo puede analizar el contenido de sus estados contables, sin ejercer el contralor permanente y sistemático sobre la marcha de la ejecución presupuestaria de estos entes.

Asimismo, dirigentes de la oposición también acusan que mantener a las agencias (próximamente bajo la forma de Entes Autárquicos) redunda en que haya una duplicación innecesaria de las estructuras burocráticas y de funciones, sin que existan obstáculos reales para que tales funciones sean llevadas adelante por los ministerios que integran la orgánica del Ejecutivo.

Dos aspectos significativos

Frente al anuncio del Gobierno Provincial, surgieron otras dos incógnitas, a saber: el régimen de contrataciones al que estarán sujetos los nóveles entes autárquicos y el régimen de empleo que alcanzará a sus agentes. Prima facie, no habría cambios significativos en estos aspectos.

Actualmente, los empleados que revistan en las agencias ya se rigen por el Estatuto del Empelado Público, y no por la Ley de Contratos de Trabajo. En menos palabras, ya son empleados públicos, y lo seguirán siendo.

En cuando al régimen de contrataciones, los Entes Autárquicos pueden elegir entre dictar sus propias reglas internas para contratar y aplicar supletoriamente la Ley Provincial de Contrataciones, o regirse directamente por este ordenamiento. En la actualidad, las agencias se encuentran en idénticas condiciones, con lo que tampoco habría cambios significativos en este apartado.

Más allá de los tecnicismos, el régimen de contrataciones a aplicar es un aspecto central, ya que determina cuán amplias o estrechas serán las posibilidades de controlar los procedimientos por los cuales estas entidades seleccionan a sus proveedores.

CON INFORMACION DE DIARIOALFIL.