El ajuste silencioso: suben las tarifas, bajan los subsidios y cambia la ecuación del gasto público

• La canasta de servicios públicos del AMBA subió 514% desde diciembre de 2023.
• El gas y el transporte fueron los rubros con mayores incrementos.
• Las tarifas cubren en promedio el 50% de los costos reales.
• Los subsidios cayeron 46% en términos reales interanuales.
• El recorte explica el 42% del superávit fiscal del Gobierno.
• El transporte representa el 45% del gasto total en servicios públicos de los hogares del AMBA.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó un 514%, muy por encima del 171% del nivel general de precios en el mismo período, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). Detrás de las cifras hay algo más que una cuestión técnica: se trata del núcleo del ajuste estructural que impulsa el gobierno de Javier Milei, donde la recomposición de tarifas y la reducción de subsidios se transformaron en el eje de su política económica.

Los aumentos muestran diferencias notables según el tipo de servicio. El agua subió 376%, la energía eléctrica 228%, el gas natural 913% y el transporte 852%. En conjunto, la canasta de servicios públicos aumentó 21% en lo que va de 2025, frente a una inflación acumulada estimada del 24%. Es decir, los precios de los servicios públicos comenzaron a moverse por debajo del índice general, tras un 2024 dominado por los incrementos más abruptos del nuevo esquema tarifario.

En términos interanuales, el transporte volvió a liderar los aumentos, con un 36% respecto a octubre de 2024, superando al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El gas natural subió 24%, mientras que el agua y la energía eléctrica aumentaron 18% y 16%, respectivamente.

El impacto sobre los hogares del AMBA sigue siendo considerable. Hoy, las tarifas cubren en promedio el 50% de los costos reales de los servicios, mientras que el otro 50% continúa siendo financiado por el Estado. Esa cobertura, sin embargo, no es homogénea: los sectores de mayores ingresos pagan una proporción mayor de los costos, y las diferencias entre servicios también son marcadas.

En el bolsillo, la foto es elocuente. La canasta de servicios públicos de octubre representa el 10,7% del salario promedio registrado, estimado en $1.600.815. En términos prácticos, con un salario medio hoy se pueden comprar 9,4 canastas de servicios, frente a 8,5 en octubre de 2024, lo que refleja una recuperación parcial del poder adquisitivo en relación con el costo de los servicios. Pero dentro de esa canasta, el transporte absorbe el 45% del gasto total, más del doble que cualquiera de los otros componentes, consolidándose como el rubro de mayor peso relativo.

El otro lado del ajuste aparece en las cuentas del Estado. Los subsidios económicos a los sectores de agua, energía y transporte registraron una reducción nominal del 22% anual acumulado a octubre, que en términos reales equivale a una caída del 46%. En total, los subsidios sumaron $5,56 billones nominales en lo que va de 2025, pero medidos en moneda constante alcanzan $6 billones, lo que los ubica muy por debajo del nivel del año pasado.

El recorte se explica principalmente por menores transferencias a CAMMESA (energía eléctrica) y ENARSA (gas), que cayeron 18% y 21%, respectivamente. Si se toma una perspectiva más amplia, los subsidios en los últimos doce meses son 64% menores que en enero de 2024 y 75% inferiores al pico alcanzado en junio de 2022.

En el total de las cuentas públicas, los subsidios a energía y transporte representan hoy el 6,1% del gasto primario nacional, apenas algo más de la mitad del peso que tenían un año atrás. Ese ajuste, que implica una fuerte reconfiguración del gasto estatal, se da además en un contexto de superávit fiscal primario, donde la baja en subsidios explica buena parte del resultado positivo. Según datos oficiales, entre enero y agosto la reducción de subsidios fue de $1,22 billones, mientras que el superávit primario aumentó $2,9 billones. En términos simples, el 42% del superávit se explica por el recorte en subsidios, especialmente los vinculados a la energía.

El Gobierno defiende la estrategia como una forma de “ordenar las cuentas públicas sin tocar el gasto social directo”, pero los analistas advierten que la suba de tarifas implica una transferencia del ajuste al consumidor, en un escenario donde la economía todavía no muestra signos firmes de recuperación.

En definitiva, el ciclo de aumentos tarifarios y reducción de subsidios define una nueva etapa de la política económica: menos gasto público, más costo para los hogares y una estructura estatal que se achica en nombre del equilibrio fiscal. La discusión que viene será si este equilibrio se traduce en sostenibilidad política o en un nuevo foco de conflicto social.