
El ajuste golpea a las provincias: recorte del 56% en transferencias discrecionales
ECONOMÍA Agencia de Noticias del Interior

- Las transferencias no automáticas a provincias cayeron 56% real en septiembre.
- Los envíos discrecionales totalizaron $162.723 millones, el segundo retroceso consecutivo.
- CABA recibió menos fondos que en meses anteriores, pese a la cautelar de la Corte.
- Cinco provincias accedieron a ATN por $14.000 millones, el mayor nivel desde mayo.
- El 25% de las transferencias fue para cumplir con la cautelar de la Corte a favor de CABA.
- El ajuste fiscal agrava la tensión política y financiera entre Nación y gobernadores.
En medio de la campaña electoral y tras la derrota del oficialismo en el Congreso por la reversión de vetos presidenciales en temas sensibles como la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, el Gobierno nacional profundizó el ajuste fiscal con un fuerte impacto en las provincias. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, en septiembre las transferencias no automáticas desde el Poder Ejecutivo a los distritos cayeron 56,1% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado.
En total, los envíos discrecionales alcanzaron los $162.723 millones, lo que marcó el segundo retroceso consecutivo en este tipo de fondos. El recorte se suma a una merma cercana al 10% en los recursos que los gobiernos provinciales reciben vía coparticipación y leyes especiales, lo que agrava el cuadro de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Uno de los datos más llamativos del informe es que la Ciudad de Buenos Aires concentró en septiembre apenas el 30% de las transferencias no automáticas, un porcentaje menor al habitual. A diferencia del resto de las provincias, la CABA recibe como parte de estos fondos el cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema que ordenó devolverle el coeficiente de coparticipación que le había quitado Alberto Fernández. Sin embargo, el distrito gobernado por el PRO percibió ese mes un menor volumen de recursos en comparación con períodos anteriores.
El reparto del dinero discrecional volvió a estar en el centro del debate. Uno de los mecanismos más sensibles son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que el Ejecutivo distribuye con total discrecionalidad y que suelen generar suspicacias políticas. En septiembre, cinco provincias resultaron beneficiadas con $14.000 millones: Misiones ($4.000 millones), Santa Fe y Entre Ríos ($3.000 millones cada una), Chaco ($2.500 millones) y Corrientes ($1.500 millones). Ese monto representó el mayor nivel de ejecución desde mayo.
En paralelo, el fondo ATN totalizó $79.615 millones, con una ejecución del 17,6%, también el registro más alto en cuatro meses. La selectividad de los envíos dejó a otros distritos sin asistencia en un contexto de caída generalizada de ingresos y mayores necesidades financieras.
El informe de Politikon Chaco detalla que las transferencias discrecionales de septiembre se distribuyeron de la siguiente manera: un 25% correspondió al cumplimiento de la medida cautelar de la Corte (exclusivamente para CABA, con $40.000 millones); un 21% a comedores escolares ($34.780 millones, en diez provincias); un 17% al funcionamiento de hospitales ($27.881 millones, en Buenos Aires, CABA y Santa Cruz); un 9% a ATN ($14.000 millones, en las cinco provincias mencionadas); y el 28% restante a otros conceptos, por $46.063 millones.
La reducción de transferencias golpea a los gobernadores en plena campaña, cuando los recursos para obra pública, programas sociales y salud resultan determinantes en el clima electoral. El recorte se da, además, en un contexto de creciente tirantez política entre la Nación y las provincias, luego de que el Congreso impusiera al Ejecutivo dos derrotas resonantes al reinstalar leyes que habían sido vetadas por Milei.
Economistas y especialistas advierten que el ajuste sobre las transferencias discrecionales busca mostrar disciplina fiscal y cumplir metas de equilibrio, pero al mismo tiempo erosiona los márgenes de maniobra de los mandatarios locales. Para algunos, se trata de un mecanismo de presión política que obliga a los gobernadores a negociar apoyos legislativos a cambio de asistencia financiera.
Con las elecciones del 26 de octubre cada vez más cerca, el escenario se complejiza: mientras el oficialismo endurece el ajuste para exhibir resultados en las cuentas públicas, la oposición encuentra en el Congreso un espacio para resistir la avanzada libertaria y los gobernadores redoblan reclamos por los recursos que consideran imprescindibles para sostener la gestión cotidiana en sus territorios.






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