Jorge Rial denunció persecución en Diputados y la oposición repudió el avance del Gobierno contra periodistas

• La oposición se autoconvocó en la comisión de Libertad de Expresión para repudiar el pedido del Gobierno de allanar el canal Carnaval y avanzar contra periodistas.
• Jorge Rial denunció persecución estatal, adelantó nuevas pruebas sobre irregularidades en la ANDIS y dijo que está en juego la libertad de expresión.
• Agradeció el respaldo opositor y defendió el periodismo argentino frente a intentos de censura.
• Mauro Federico negó vínculos con inteligencia o empresarios señalados y reivindicó que “el periodismo no vende silencio”.
• El fiscal Carlos Stornelli abrió una investigación por la denuncia oficial, pero aclaró que no se podrán investigar fuentes periodísticas.
• El caso de los audios de Spagnuolo derivó en un enfrentamiento político, judicial y mediático sobre corrupción y libertad de expresión.

La tensión entre el oficialismo y la prensa sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados. Este martes, la oposición se autoconvocó en la comisión de Libertad de Expresión para repudiar el pedido que el Gobierno elevó a la Justicia con el fin de allanar el canal de streaming Carnaval y avanzar contra los periodistas que difundieron los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se revelaría un presunto esquema de corrupción.

El encuentro fue impulsado por bloques opositores debido a la parálisis de la comisión, que preside la diputada libertaria Emilia Orozco. “Hace un año que no convoca a la comisión de Libertad de Expresión. Es un modus operandi que tiene el oficialismo”, denunció al inicio de la reunión Christian Castillo, vicepresidente del cuerpo. Al no tratarse de una convocatoria formal, la oposición no pudo dictaminar proyectos, pero utilizó el espacio para escuchar a los periodistas involucrados y expresar un respaldo político frente a la denuncia oficial.

El primero en exponer fue Jorge Rial, quien acusó al Gobierno de montar una operación de persecución. “Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones. Lo importante es la documentación que tenemos. Vamos a mostrar cómo se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios para discapacitados, y el que más bajaba, más plata se llevaba”, adelantó. Rial sostuvo que el accionar de la Casa Rosada “viola el derecho constitucional a la libertad de expresión” y lo definió como “un punto de quiebre”: “Si nos llevan puestos a nosotros, se van a llevar puestas todas las libertades”.

El periodista también agradeció el respaldo de la oposición. “Yo no quiero escuchar Radio Colonia como en los 70, quiero enterarme por medios argentinos”, dijo, en una reivindicación del periodismo local frente a las presiones oficiales.

A su turno, Mauro Federico comenzó su intervención despejando sospechas sobre posibles vínculos con servicios de inteligencia. “No tengo contacto con ningún servicio bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing”, ironizó. También negó cualquier relación con el empresario Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, a quien el Gobierno señaló como uno de los posibles responsables de las filtraciones.

Federico agradeció el acompañamiento de Rial en la investigación y reivindicó el rol del periodismo: “Nunca negociamos una información porque no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.

Mientras tanto, en el ámbito judicial, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó abrir una investigación sobre la denuncia presentada por el Ejecutivo respecto de una supuesta operación de inteligencia ilegal que habría grabado conversaciones privadas de funcionarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, Stornelli fue categórico en fijar los límites de esa pesquisa: “La investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente aportar datos”. Con esa aclaración, el fiscal buscó marcar la protección que la Carta Magna garantiza a la actividad periodística y a la confidencialidad de sus fuentes.

La disputa por los audios de Spagnuolo, que en principio revelan un sistema de recortes arbitrarios en los subsidios de la ANDIS a cambio de beneficios personales, escaló rápidamente hacia una pulseada política e institucional. Por un lado, la oposición denuncia un intento de censura y persecución a la prensa; por el otro, el Gobierno sostiene que se trató de una maniobra ilegal de espionaje que debe ser investigada judicialmente.

En el Congreso, la autoconvocatoria de la comisión de Libertad de Expresión mostró la disposición de la oposición a dar cobertura política a los periodistas cuestionados, aunque sin la capacidad formal de impulsar dictámenes. El trasfondo es la parálisis de los órganos de control legislativo, donde la mayoría oficialista busca evitar que se abran expedientes incómodos para la Casa Rosada.

Con este escenario, la investigación periodística sobre la Agencia de Discapacidad y los audios filtrados promete seguir siendo uno de los focos de tensión, no solo en el plano judicial, sino también en la arena política y mediática, donde se cruzan la agenda anticorrupción, la libertad de expresión y el delicado equilibrio entre prensa y poder.