Censura judicial y polémica política: la reacción de los sectores críticos ante la prohibición de audios de Karina Milei

• La Justicia Federal prohibió la difusión de nuevos audios de Karina Milei vinculados a ANDIS y autorizó posibles allanamientos a medios y domicilios de periodistas.
• La diputada Marcela Pagano calificó la medida como “censura inédita en democracia” y denunció amenazas y amedrentamiento a comunicadores.
• El expediente menciona al esposo de Pagano, acusado por el Gobierno de participar en la supuesta operación de inteligencia que obtuvo los audios.
• Pagano comparó la situación con el Watergate y afirmó que no hay precedentes en la historia democrática de este tipo de censura.
• Criticó el peso político del clan Menem en organismos clave como PAMI, ANSES y SIDE.
• La medida generó debate sobre libertad de prensa, seguridad institucional y la intervención del Estado en la información pública.

La reciente decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal de prohibir la difusión de nuevos audios vinculados a Karina Milei, en el marco del escándalo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encendió una fuerte polémica en diversos sectores políticos y mediáticos. La resolución, promovida a instancias del Ministerio de Seguridad, no solo contempla la restricción de la difusión de los registros, sino también la posibilidad de allanamientos a medios de comunicación y domicilios de periodistas, incluyendo a figuras como Jorge Rial y Mauro Federico de C5N.

La medida generó un rechazo inmediato de parte de diputados y referentes del periodismo. Entre las voces más críticas se destacó la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, quien calificó la decisión como una “censura inédita en democracia”. En declaraciones a Argenzuela, Pagano subrayó que los profesionales de los medios afectados enfrentan “amenazas y amedrentamiento” por expresar opiniones distintas a la línea oficial, y advirtió que “no se jode con la libertad de expresión porque es la libertad de todos los que opinan distinto”.

El fallo judicial, según detallaron fuentes oficiales, se apoyó en un pedido del Ministerio de Seguridad que argumenta la existencia de una presunta operación de inteligencia ilegal. En este marco, el expediente también mencionó al esposo de Pagano, acusado por el Gobierno de haber participado en la obtención de registros relacionados con Diego Spagnuolo y Karina Milei, lo que profundizó la controversia política y mediática.

Pagano no dudó en comparar la situación con los escándalos de mayor resonancia internacional. En su análisis, aseguró que “no hay precedentes en la historia de las democracias del mundo donde estén queriendo callar a periodistas con la justicia, allanamientos e inventando actos de censura. No pasó ni con el Watergate en Estados Unidos”. La diputada destacó que la medida excede cualquier práctica de control mediático conocida y que constituye, a su juicio, un ataque directo a la libertad de expresión.

La polémica también se extendió a las críticas sobre la concentración de poder dentro de la estructura gubernamental. Pagano apuntó especialmente al peso político del clan Menem, cuestionando su influencia en organismos como el PAMI, la ANSES y la SIDE: “No entiendo por qué el PAMI y la ANSES están bajo la órbita de Lule Menem, ni por qué la SIDE pasa de Jefatura de Gabinete a la órbita de un asesor”, afirmó, evidenciando su preocupación por la gestión de sectores estratégicos del Estado.

El debate se centra, además, en la tensión entre los derechos de los periodistas y la seguridad institucional. Para las autoridades, la medida se justifica en la supuesta vulneración de normas de seguridad y la existencia de una operación de inteligencia que involucraría a fuentes externas, mientras que los críticos consideran que constituye un intento de amedrentamiento que socava la independencia de los medios.

En los últimos días, la discusión se intensificó en medios y redes sociales, donde analistas y comunicadores cuestionan el alcance de la prohibición y su impacto sobre la labor periodística. La posibilidad de allanamientos y la vinculación directa de funcionarios y familiares de legisladores en la causa aumentan la sensación de confrontación política y judicial.

Con el país observando la controversia, la medida judicial sobre los audios de Karina Milei ya se perfila como un caso emblemático sobre los límites entre la libertad de expresión, la seguridad institucional y la intervención del Estado en la información pública. La tensión generada podría tener efectos duraderos en la relación entre Gobierno, prensa y opinión pública, dejando en evidencia la delicada línea que separa la protección de datos sensibles de la censura directa.

En este contexto, la resolución judicial no solo plantea interrogantes sobre la legalidad de la prohibición y la intervención de la Justicia, sino que también pone bajo la lupa la influencia política de ciertos actores dentro del Gobierno y el manejo de organismos estratégicos. La polémica promete prolongarse en las próximas semanas, con posibles repercusiones legales y mediáticas que seguirán alimentando el debate sobre libertad de prensa y control institucional.