Dalbón denuncia a Bullrich por abuso de autoridad y censura a periodistas en medio del escándalo de los audios filtrados

• Gregorio Dalbón denunció a Patricia Bullrich por “abuso de autoridad” y censura a periodistas tras los allanamientos a medios que difundieron los audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei.
• Dalbón sostiene que la acción del Gobierno atenta contra la libertad de expresión y genera un daño institucional grave e irreparable.
• Bullrich justificó los allanamientos alegando que los periodistas forman parte de “una operación de inteligencia ilegal” con presuntos vínculos con Rusia y Venezuela.
• La ministra enfatizó que el problema no es el contenido de los audios, sino que se grabó a un funcionario dentro de la Casa Rosada.
• El vocero presidencial reforzó la postura oficial, vinculando las grabaciones con riesgo para la seguridad institucional.
• El caso plantea un debate sobre los límites del poder ejecutivo frente a los medios y la protección del derecho a la información en democracia.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por lo que calificó como “abuso de autoridad” y actos de censura contra periodistas y medios de comunicación. La denuncia llega luego de que la titular de la cartera de Seguridad solicitara allanamientos a medios, como el canal de streaming Carnaval, y a periodistas vinculados a la difusión de los audios protagonizados por Diego Spagnuolo y Karina Milei.

Dalbón fundamentó su presentación argumentando que la acción de la ministra configura un atentado contra la libertad de expresión. Según el abogado, “la democracia no puede contar con un Gobierno que, ante un acto de corrupción, denuncie a periodistas; es de una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia”. Además, consideró que la actuación de Bullrich refleja “desesperación de un gobierno que está liquidado” y que la situación genera un daño de difícil o imposible reparación futura.

El centro del conflicto son los audios filtrados en los que se escucha a Diego Spagnuolo y Karina Milei, un material que rápidamente fue difundido por periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial, y replicado por medios de streaming, incluyendo Carnaval. Bullrich justificó los allanamientos argumentando que los denunciados forman parte de “una operación de inteligencia ilegal contra el Gobierno Nacional” y que cuentan con presuntos recursos de Rusia y Venezuela. “Los periodistas son los que están acá, los que confirman la información con tres fuentes, no ellos”, sostuvo la ministra en una entrevista con La Nación+.

Bullrich puso el foco en que el problema no es el contenido de los audios, sino el hecho de que se haya grabado a la secretaria General de la Presidencia dentro de la Casa Rosada. “Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora se grabó a un funcionario dentro de la sede del Poder Ejecutivo. Esto pone en una situación de indefensión a todos los ciudadanos”, agregó. Según la ministra, la difusión sistemática de los fragmentos de los audios por parte de los periodistas es parte de un intento de desestabilización del Gobierno Nacional.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó esta versión al indicar que las grabaciones se realizaron en el ámbito de la Casa de Gobierno, lo que según el oficialismo agrava la situación. La denuncia de Dalbón, en contraste, cuestiona el fundamento de los allanamientos y advierte sobre la utilización de la Justicia como instrumento de presión sobre los medios. “Que me denuncie Bullrich a través de este abogado solo confirma la carencia de fundamentos y la gravedad institucional por la que está pasando nuestro país”, afirmó.

El caso abrió un debate sobre los límites del poder ejecutivo frente a los medios de comunicación y la protección de la libertad de prensa. Dalbón enfatizó que la persecución judicial hacia periodistas y abogados que actúan como denunciantes no puede ser normalizada. Para el abogado, este episodio evidencia un escenario donde la exposición de actos de corrupción podría derivar en represión y coacción a quienes informan, algo que considera incompatible con los principios democráticos.

El conflicto entre el Gobierno y los medios marca un capítulo más en un contexto de tensión política elevada, en el que los audios de Spagnuolo y Karina Milei continúan generando repercusiones mediáticas y judiciales. Mientras Bullrich sostiene que la acción judicial es un mecanismo legítimo para preservar la seguridad institucional, Dalbón advierte sobre la amenaza que estas medidas representan para el derecho a la información y la transparencia, pilares esenciales de cualquier democracia consolidada.

La controversia plantea preguntas clave sobre la relación entre el poder ejecutivo y la prensa, y sobre cómo se balancea la seguridad nacional con el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público. En los próximos días, la causa penal iniciada por Dalbón pondrá a prueba los límites de la acción gubernamental frente a los medios y podría sentar precedentes sobre la protección de la libertad de expresión en el país.